La Cámara Federal le ordenó al juez federal Claudio Bonadío que acelere la investigación sobre la participación de Carlos Menem en la entrega de créditos de bancos públicos al Grupo Yoma durante su mandato. El tribunal rechazó un planteo de prescripción de la causa, presentado por el senador riojano, y advirtió que nunca había sido indagado. En su resolución, los camaristas sugirieron una lista de posibles cargos contra el ex mandatario para que el magistrado analice, que incluye los delitos de malversación de fondo, cohecho, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Las penas previstas para estos crímenes llegan hasta diez años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Según consta en la resolución de los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler, Menem debe ser investigado, ya que todavía no se descarta “una vinculación entre las conductas presuntamente criminales endilgadas a los responsables del Grupo Yoma y las decisiones adoptadas por entonces por el Poder Ejecutivo Nacional”. La causa tiene a la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante y al Banco Nación como principal acreedor de una deuda que ronda los 200 millones de pesos y que todavía no ha sido saldada.

Por su parte, Menem argumentó que el eventual delito que pudo haber cometido estaba prescripto, pero los jueces sostuvieron que el tiempo que estuvo en cargos públicos y luego su asunción como senador por La Rioja determinaron la suspensión de los plazos de prescripción. Con este fallo de la Cámara, Bonadío tendrá que resolver si lo convoca a prestar declaración indagatoria como sospechoso. Los jueces le señalaron, incluso, cuáles son los delitos que debe analizar.

Entre 1995 y 1998, varios bancos, entre otros el Nación, el Ciudad y el de la Provincia de Buenos Aires, concedieron créditos sin garantías suficientes a la curtiembre que manejaba Emir Yoma. Según consta en la presentación hecha en el 2001 por la OA, el dinero proveniente del Banco Nación fue recibido “en condiciones de plazos y tasas de interés privilegiadas, vedadas para cualquier empresa de la República Argentina, violando todo tipo de normas internas de ese organismos financiero”.

La curtiembre de la familia política de Menem tenía un pasivo insignificante en 1989, cuando el riojano asumió la presidencia. Pero con el correr de los años su deuda fue creciendo al ritmo de sus ventas y de los beneficios fiscales que obtuvo luego de incorporarse a un régimen de promoción industrial. Cuando la situación financiera se tornó insostenible, los bancos oficiales siguieron asistiendo a la empresa con más créditos y el Ministerio de Economía la incorporó en el régimen de capitalización de la deuda, a la espera de que apareciera un comprador para la curtiembre.

En marzo de este año, la Sala I del Tribunal revocó los sobreseimientos dispuestos por Bonadío en 2004, que habían beneficiado a los más de 60 imputados por esta causa. Entre ellos, nueve ex directivos de la curtiembre, con Emir Yoma a la cabeza, además de Menem y varios de sus ministros: Carlos Corach, Elías Jassan, Oscar Camilión, Armando Caro Figueroa y Jorge Rodríguez. Esos ex funcionarios firmaron el decreto que, según la fiscalía que los acusa de fraude al Estado, amplió los plazos de promoción industrial para las empresas regionales. Gracias a este beneficio, la curtiembre de los Yoma pudo seguir consiguiendo dinero de la banca oficial, aunque no estuviera en condiciones de devolverlo.