El tren Piña llegó a la provincia de Buenos Aires. A la impugnación presentada el pasado viernes por PRO contra la pretensión reeleccionista de Felipe Solá, se sumó ayer la del ARI, cuyo titular bonaerense, Carlos Raimundi, sentenció: “Solá no tiene ninguna posibilidad”. Por el momento, las aspiraciones del gobernador bonaerense dependen de la decisión de la Justicia Electoral provincial, que determinaría en un mes si está habilitado como candidato a un nuevo mandato. Fuentes cercanas a Solá descartaron la posibilidad de que haya un plebiscito y se diferenciaron del fallido intento del gobernador misionero, Carlos Rovira: “No es lo mismo, nuestro planteo apunta a interpretar lo que dice la Constitución”.

Ayer, en La Plata, dos reuniones muy distintas entretuvieron al gobernador: primero recibió a representantes de partidos de la oposición, quienes, además de plantearle su desacuerdo con la postura reeleccionista, le entregaron un petitorio de reforma política. En este último punto hubo varias coincidencias. Acompañado por dirigentes de Recrear, Unión por Todos, Provincias Unidas y Confederación Vecinal, el diputado del PRO Jorge Macri reclamó la implementación del voto electrónico y cambios en el coeficiente electoral que permitan mayor representación a los partidos más chicos. Ambos temas ya habían sido presentados como proyectos por el gobernador. Después vinieron visitas más gratas. Algunos integrantes del Frente Grande, Proyecto Popular y el partido Acción Nueva se acercaron a darle apoyo y motivación a Solá, quien los recibió con ánimo deliberativo. De la reunión también participaron los ministros de Gobierno, Florencio Randazzo; de Justicia, Eduardo Di Rocco, y el jefe de Gabinete, Mario Oporto.

Con un perfil y un discurso menos dialoguista, el jefe del ARI bonaerense dio una conferencia de prensa en la que afirmó que “Solá no tiene ninguna posibilidad”, debido a “que la Junta Electoral no es el órgano competente para resolver lo que pretende el gobernador. La letra de la Constitución provincial es clara (no está habilitado)”. Para Raimundi la reelección es inviable porque, de ser aprobado el pedido, la Junta “estaría demostrando un acuerdo político previo que terminaría con la independencia del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires”. En la misma línea, el líder de Recrear, Ricardo López Murphy, consideró que el triunfo de la oposición en Misiones “debería ayudar a detener” las aspiraciones del gobernador bonaerense, y hasta le recomendó al Presidente que reconozca la derrota y trate de evitar que “Solá haga una locura”.

Raúl Oviedo, del partido Polo Social (agrupación que junto con el Partido de la Victoria bonaerense elevó el pedido a la Junta Electoral), aclaró que Solá no pretende “modificar la Constitución, sino que acata su letra y pide una declaración de certeza para que no haya ningún malentendido”. La Junta deberá decidir si es válida la interpretación de Solá sobre el artículo 123 de la Carta Magna de la provincia. El punto central de la presentación del gobernador es que su caso no está incluido en los supuestos de inhabilidad mencionados en la Constitución bonaerense. El documento que presentó Oviedo recalca que “no hay norma constitucional que indique que el interinato de Solá (cuando era vicegobernador de Ruckauf y asumió cuando éste fue nombrado canciller) se compute a los fines de la reelección”. Según estimó Oviedo, la resolución se daría a conocer a fines de noviembre. Hasta entonces no se sabrá si el tren Piña se cargará a un gobernador bonaerense o seguirá su camino por el Altiplano jujeño.

Informe: Emilio Ruchansky.