La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura responsabilizó al juez federal Claudio Bonadío de “mal desempeño” y reclamó su suspensión para iniciarle juicio político. Los consejeros consideran que actuó con “parcialidad” al citar a indagatoria al ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, quien lo había denunciado por omitir investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA. También advierten que pudo haber cometido algún delito. Ahora el plenario del organismo judicial deberá decidir si impulsa la remoción o archiva el expediente.

La acusación fue aprobada por una ajustada mayoría de la comisión. La apoyaron los abogados Beinusz Szmukler (autor del dictamen) y Luis Pereira Duarte junto con la diputada Marcela Rodríguez (ARI). El radical Federico Storani votó en contra y el kirchnerista Carlos Kunkel se abstuvo. El caso figura en el orden del día del próximo plenario, previsto para el jueves 9 de noviembre pero, como suele suceder, puede naufragar por falta de quórum. Si el tema queda para después del 17, los consejeros que votaron ayer ya no estarán. Para entonces, el Consejo se habrá achicado de 20 a 13 miembros y algunos de sus integrantes serán nuevos.

Bonadío atraviesa una situación paradójica: la investigación que parece avanzar en el Consejo es una derivación indirecta del caso de las irregularidades en la causa AMIA. El Consejo archivó dos semanas atrás los planteos que señalaban que el juez había omitido investigar a los responsables del encubrimiento del ataque terrorista y que entre el staff del menemismo que debía analizar figuraba el ex ministro Carlos Corach, de quien había sido subsecretario legal y técnico. Aquella denuncia había sido presentada por el Ministerio de Justicia de Rosatti, a través de Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA.

Tiempo después de aquella denuncia, Bonadío citó a Rosatti a indagatoria en una causa sobre deficiencias en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y lo intimó a tomar medidas, en un plazo de treinta días, para regularizar las instalaciones de gas y electricidad de los penales bajo apercibimiento de disponer la clausura. Rosatti lo recusó y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, donde ayer un sector le dio la razón. En el ínterin, además, la Cámara Federal le sacó a Bonadío el manejo del expediente de los penales y el juez que lo sucedió, Daniel Rafecas, anuló todo lo actuado.

El dictamen de Szmukler, que acerca a Su Señoría a la posibilidad de ser suspendido, señala que:

- Si la investigación implicaba a Rosatti, Bonadío debía excusarse porque la gestión del ex ministro lo había denunciado. Es decir, su imparcialidad estaba afectada. La ley, remarcaron los consejeros, dice que todo juez debe inhibirse si fue “acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos”.

- Advierte el posible delito de violación de los deberes de funcionario público. Apenas terminó de tomarle indagatoria a Amalia Rosa Toro de Marcelo, ex subdirectora del SPF, la mujer informó que había recibido presiones para recusar al juez. Según el dictamen, Bonadío debió ordenar que se investigue si había existido coacción, pero no lo hizo.

- En su descargo el juez se refirió a Rosatti con ironía y sugirió que se determine para qué usaba su tiempo mientras fue funcionario, “ya que en cumplir los deberes no lo empleaba y tenía un costado más lúdico que académico”. Según los consejeros, esas opiniones revelan que el magistrado no tenía una posición neutral.

Bonadío, nombrado juez por Carlos Menem, tiene otras dos causas en la Magistratura a la espera de dictamen: una promovida por la Cámara Federal, por la detención “arbitraria” de Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía en la causa sobre la contraofensiva de Montoneros, y otra por la violación del derecho a la preservación de las fuentes de información periodística.