El proyecto de ley para brindar protección judicial a los querellantes en denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, la ley nacional de protección de testigos –que todavía no está reglamentada– sólo abarca a testigos e imputados, mientras que la propuesta –que deberán aprobar los senadores– la amplía a los querellantes, que en muchos casos son familiares de las víctimas que continúan desaparecidas. Precisamente, la desaparición desde hace más de un mes de Jorge López –testigo clave en la causa que condenó al represor Miguel Etchecolatz– aceleró los tiempos de su tratamiento. Aunque el proyecto data de un año atrás, cuando querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad contra el Segundo Cuerpo de Ejército, que durante la dictadura tenía base en Rosario, sufrieron amenazas e intimidaciones. La iniciativa fue consensuada en la Comisión de Derecho Penal, donde algunos diputados querían ampliarla a otros delitos en tanto que otros querían limitarlo sólo a las causas que juzgan los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.