La merecida derrota del proyecto en Misiones para autorizar sucesivos mandatos sin fin del gobernador dejó la impresión exagerada de que toda reelección puede ser inadecuada, pero no es así. Ese mismo domingo en Brasil era reelecto el presidente Lula en segunda vuelta por el 61 por ciento de los votos (60 millones en números redondos), con incuestionables títulos legales y legítimos más una merecida fiesta democrática. A veces, la indignación popular se levanta por otro tipo de maniobras continuistas. En México, después de dos períodos consecutivos, el presidente Fox cedió la postulación a un conmilitón del propio partido (PAN), Felipe Calderón, cuya victoria por medio punto porcentual es legal pero sigue cuestionada en su legitimidad por las denuncias de fraude del frente opositor encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En ese país, en el estado sureño de Oaxaca, con un territorio del tamaño de Neuquén y ocho veces más población, una pueblada que está siendo reprimida con tropas federales, cuyo origen fue una huelga de maestros en mayo pasado con cuatro muertos por la primera represión (ahora ya se multiplican varias veces, sin contar heridos y “desaparecidos”), se concentró en un solo objetivo: exigir la destitución del gobernador Ulises Ruiz (PRI), que alguna vez debió ser electo por las urnas. Entre la movilización nacional contra el fraude y los actuales combates de las tropas y civiles, que han despertado alarma y solidaridad en el país y en el exterior, más la muralla que construirá Estados Unidos en la frontera que comparten, México está pasando por un gravísimo momento de violencia, que puede desembocar hacia cualquier rumbo, sin que medie ninguna reelección.

Podrían invocarse muchos otros ejemplos, pero el propósito de la referencia está cumplido. No es la reelección en sí misma la que hiere la dignidad de los ciudadanos, para usar conceptos del obispo Piña, sino la prepotencia al servicio de la vocación de perpetuidad. Un ejemplo a mano es el caso de Carlos Menem: mediante el Pacto de Olivos con Raúl Alfonsín, y el posterior consenso de los constituyentes en 1994, logró introducir el permiso para la reelección en 1995, en la que obtuvo más de la mitad de los votos, pero en lugar de calmar la voracidad con este segundo bocado cuatrienal, quiso más y fue entonces que se derrumbó hasta los bajos que hoy transita. La Alianza que lo sucedió apenas llegó a la mitad del primer mandato, con una caída todavía peor. O sea que no es sólo la intención de perpetuarse la que incendia la conciencia cívica, sino también la insatisfacción de la sociedad con el poder de turno. A estas dos condiciones, que pueden darse juntas o separadas, habría que agregarle una tercera: la necesaria existencia de una opción de alternativa, que es diferente de lo que existe pero sobre todo que despierta la confianza pública en la hipótesis de un porvenir mejor que el actual. Después de las euforias por lo que sucedió en Misiones, sería útil que las reflexiones acerca del futuro inmediato incluyan al árbol y al bosque, para tener el paisaje completo.

Trasladar la experiencia misionera a otros lugares, sin más propósito que atacar las candidaturas progubernamentales, como lo propone Roberto Lavagna, revela un oportunismo poco imaginativo, que ya fue rechazado por otros aspirantes a la Casa Rosada como Mauricio Macri y Elisa Carrió. Lavagna no es Piña, pero además el obispo nunca se propuso para gobernar en lugar de Carlos Rovira. Si bien Misiones reunió una serie de ingredientes locales, únicos e irrepetibles, es lógico que los analistas políticos menos adictos a la oportunidad fácil le dediquen un tiempo a distinguir los aspectos que tienen cierta validez, sin cotillón ni tampoco dramatizaciones, para la marcha de la política nacional. Quedó en claro que para dar un sí o un no es posible agrupar a la Biblia y al calefón si en la vanguardia hay una figura incuestionable como el obispo emérito de Iguazú.

Para elecciones de gobierno, es improbable pensar en un acuerdo del banquero cooperativo Carlos Heller con el empresario Mauricio Macri o del sindicalista Víctor De Gennaro con el economista Lavagna, porque en éstos u otros casos similares uno o ambos perderían la credibilidad de sus fieles. La concertación plural también tiene límites, lo mismo que la reelección a la que aspiran los gobernadores en turno, y hasta el Poder Ejecutivo nacional, que parecía marchar hacia un horizonte infinito de alianzas, ahora sabe con más precisión que no cuenta con la adhesión popular incondicional, en cualquier circunstancia, condición o compañía. Después de absorber el impacto misionero, Kirchner dejó saber a los gobernadores del palo que estaban pensando como Rovira –Fellner de Jujuy, entre otros–, que estas ambiciones, así sean legítimas, “no deben servir para que sectores interesados puedan crear falsos dilemas”, tras lo cual el jujeño se bajó del proyecto de plebiscitar un nuevo mandato. Más de una mirada, en especial las mediáticas, se enfocaron sobre las gestiones reeleccionistas de Felipe Solá en la provincia bonaerense, pero una vez más hay que recordar la influencia que tienen en la voluntad de los votantes ciertos episodios que son emblemáticos. En el territorio del primer distrito electoral, permanece la ominosa sombra de J.J. López, cuya suerte sigue en el misterio, sin que ninguna fuerza de seguridad o de inteligencia, ni la voluntad política oficial, acierten a despejar esa tremenda incertidumbre.

No es el único motivo de reflexión para los estrategas del oficialismo, ya que en los últimos tiempos se han acumulado elementos de tensión que comienzan a presionar sobre el inminente año de la reelección presidencial. Los nuevos cortes en Gualeguaychú de la ruta del Mercosur representan, para las miradas de afuera, un desafío a la autoridad de Kirchner, que condenó el método después de que ubicó el litigio en el Tribunal de La Haya, reforzado esta semana con una protesta formal por lo que consideran otra violación del tratado binacional. Para colmo, los preocupados vecinos del río Uruguay tienen una estrategia de propósitos contradictorios puesto que recurren a una medida de fuerza extrema porque, según dicen, quieren que dialoguen los presidentes de Argentina y Uruguay, pese a que cualquiera sabe que ese encuentro puede producirse por la gestión diplomática de terceros mandatarios, pero es improbable que suceda bajo la presión de una pueblada que ambos mandatarios rechazan. La ausencia justificada de Lula a la Cumbre Iberoamericana de Montevideo restó un interlocutor privilegiado de las partes, rol casi irreemplazable por otras posibles gestiones de buena voluntad, como la que está dispuesta a realizar la diplomacia española. La Cumbre, que sesiona desde ayer bajo el lema “Migraciones y desarrollo”, quizá permita unificar voluntades, como en Misiones, para repudiar la decisión norteamericana de erigir el llamado “Muro de la Vergüenza” en su frontera sur, un pronunciamiento de especial repercusión tres días antes de la renovación del congreso norteamericano, en la que el presidente George W. Bush podría perder la mayoría legislativa que lo acompañó hasta aquí.

En otro frente, la preocupación gubernamental no es indiferente al cisma oportunista en la cúpula de la corporación sindical, no sólo por la suerte del aliado Hugo Moyano sino porque el Estado que dio origen a estos sindicatos, a mediados del siglo pasado, hoy en día no encuentra la manera de democratizar su funcionamiento sin arriesgar la posibilidad de un choque frontal con el potencial de violencia que manejan los aparatos gremiales, en un país donde el crecimiento económico de los últimos cuatro años mejoró la situación de vida y trabajo de muchos, pero la distribución del ingreso todavía mantiene excluida a buena parte de la población, lo que ofrece, en teoría, una materia prima de insatisfacción dispuesta para las protestas y los desórdenes sociales. A la vez, el Gobierno no ignora que si no pone límites a los avances de las burocracias gremiales, no tardarán en reclamar su cuota de poder en las decisiones electorales del año que viene. Aunque la autoridad de Moyano está resentida, tampoco tuvo éxito el zarpazo de Luis Barrionuevo, que busca reubicar su capacidad de influencia en los altos niveles de las decisiones políticas y de los negocios conexos. Por ahora, no hay vencedores ni vencidos puertas afuera de la CGT, pero cabe preguntarse hasta cuándo la gobernabilidad democrática puede tolerar el nivel de impunidad en el que se mueven los caciques de esta corporación.

Por fin, hay una línea de decepción que ningún gobierno, menos en año electoral, puede descuidar. Está referida a la clase media y media baja que se había ilusionado con los anuncios de facilidades para la compra de viviendas, pero a la hora de tramitar los créditos bancarios los aspirantes encontraron que es una carrera insalvable de vallas de todo tipo, por lo que, según fuentes bancarias, en promedio sólo tres de cada mil gestiones alcanzan la meta. Las quejas abarcan a todo el sistema bancario, privado, nacional e internacional, y público, porque si bien hay algunas diferencias en las facilidades de crédito, están lejos de alcanzar los objetivos que se dedujeron de los anuncios originales de la ministra Felisa Miceli. Hay que recordar que los potenciales interesados se ubican en los centros urbanos principales, justo en los distritos donde el Frente de la Victoria tiene mucho para hacer si pretende imponer candidatos propios, aparte de reelegir al presidente Kirchner.