Esta vez fue con antorchas. Organismos sociales, políticos, estudiantiles y de derechos humanos, nucleados en la Multisectorial La Plata, marcharon ayer por la “aparición con vida de Jorge Julio López, castigo a los genocidas y nulidad de los indultos” desde la plaza Moreno de esa ciudad hacia la plaza San Martín, frente a la Gobernación. Unas tres mil personas se manifestaron para exigir que “no haya un solo desaparecido más en democracia”. Mientras los militantes marchaban, un miembro de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos recibió una nueva amenaza telefónica. Pero más inquietante aún fue la incursión de desconocidos en la casa de Nilda Eloy, otra de las testigos del juicio al represor Miguel Etchecolatz. La mujer tiene custodia permanente de la Policía Bonaerense y de la Federal.

El hecho fue descubierto anoche, alrededor de las 20, cuando Eloy regresó a su casa junto a su hija y se percató de que faltaba la comida que habían dejado sobre la mesa. La puerta trasera de la vivienda permanece abierta, porque sus dos perros ofician de alarma. Y en la parte delantera están los custodios de ambas fuerzas. “La caja de empanadas estaba vacía, lo cual suena raro o absurdo, pero no cabe duda de que alguien entró como para decirnos ‘estamos acá’”, expresó Eloy a sus conocidos. “Esto no es una amenaza, es peor, y confirma que era cierto que tener a la policía cerca nos da mayor inseguridad, es inaceptable que el único testigo al que le entraron en su casa tiene custodia en la puerta”, se indignó ante Página/12 la abogada de López, Myriam Bregman. Según relató la letrada, los policías se pusieron muy nerviosos, querían hacer peritajes y alborotaron a todo el barrio.

Por otra parte, el fiscal federal Sergio Franco consideró que si las dos causas que investigan el destino del testigo del juicio a Miguel Etchecolatz se unificaran, esto debería ocurrir en ese fuero. El martes, la jueza de Garantías Marcela Garmendia le pidió a su colega del fuero federal Arnaldo Corazza que se inhiba de seguir interviniendo en los hechos posteriores a la desaparición de López, entre ellos las intimidaciones y amenazas a militantes, abogados y funcionarios judiciales. Franco fundamentó su decisión en la “gravedad institucional” del caso y en que se trata de un secuestro porque los datos existentes “permiten suponer razonablemente que nos encontramos ante un caso de privación ilegal de la libertad”. Las abogadas de López pretenden que la causa sea caratulada como “desaparición forzada de persona”, pero por ahora ese pedido no encontró acogida, porque los funcionarios judiciales consideran que no hay elementos para calificar el hecho de esa manera.

Mientras tanto quedó planteado un conflicto de competencia que podría terminar en la Corte Suprema, pero que no paraliza sendas pesquisas.