Sorpresivamente, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de la jueza en lo contencioso administrativo Emilia Martha García, quien el lunes debía enfrentar la primera sesión del jury de enjuiciamiento. El decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial, pero la aceptación, según consignó, data del mes de mayo. Tal como había revelado Página/12, García formó parte de una de las escribanías utilizadas por el ex almirante Emilio Massera para desapoderar de sus bienes a los empresarios mendocinos Victorio Cerrutti, Horacio Palma y Conrado Gómez, quienes junto a Omar Masera Pincolini fueron secuestrados y asesinados en la ESMA. García justificó su pasado en el hecho de que su hermana se encontraba en poder de la Marina y ella fue obligada a participar de la maniobra para salvar su vida. Pero destituida o renunciada, el futuro que aguarda a García es problemático: sin los fueros, el juez federal Sergio Torres podrá citarla a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga aquellos sangrientos sucesos.

Integrante de la escribanía de Ariel Sosa Moliné –un nombre ligado asimismo a la desaparición del empresario Fernando Branca–, García se desempeñó como síndico de Will-Ri, una de las sociedades constituidas por los oficiales de la Escuela de Mecánica para formalizar el robo de valiosos terrenos de Chacras de Coria, propiedad de Cerrutti, Palma y Gómez. Antes de ingresar al Poder Judicial, García había declarado ante el juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby. En esa oportunidad, García fingió ignorar que los “clientes” de la escribanía y supuestos compradores de las tierras eran, en realidad, oficiales navales y los definió como “personas muy educadas”. Cuando, muchos años después, este diario descubrió la historia de Emilia Martha García, el entonces diputado frepasista por La Pampa Pablo Fernández trasladó la cuestión al Consejo de la Magistratura. García volvió a asegurar que nada había tenido que ver con el despojo y sólo había cumplido una “pasantía” en la notaría de Sosa Moliné.

En una segunda citación, y abrumada por las evidencias, contó la verdad. O al menos, algo parecido a la verdad. El capitán Jorge “Tigre” Acosta, dijo, se había presentado con su hermana, secuestrada en la ESMA, para comunicarle que debía cooperar para preservar la integridad física de la detenida y del resto de sus familiares. García omitió que su hermana mantenía una relación sentimental con Acosta. Al preguntársele por qué había mentido acerca de su participación en el negocio naval, Emilia Martha García respondió que lo hizo porque se sentía amenazada. No explicó, no obstante, quién, en democracia, la amenazaba. De cualquier modo, era una situación sin retorno: su involucramiento con los robos y los crímenes del masserismo resultaba incompatible con el cargo. En abril de este año presentó la renuncia. Ayer, con cierto retraso, el Boletín Oficial informó que la dimisión le fue aceptada en mayo. Quedaba sin efecto así la audiencia con la que, el lunes, el jury de enjuiciamiento hubiera abierto el proceso de destitución. La usurpación de los terrenos de Chacras de Coria sacó a luz la trama civil que rodeó a los ejecutores del genocidio. En la causa se encuentra procesado Eduardo Massera hijo, socio de la ex legisladora de la Ciudad Fernanda Ferrero en Xanexva, la financiera familiar que sirvió para blanquear, entre otras cosas, los beneficios producidos por ese despojo.