Los maestros de la provincia de Buenos Aires están de paro. La protesta de 48 horas convocada por Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) recogió en su primera jornada una adhesión del 95 por ciento en escuelas públicas y privadas, según los gremios. El reclamo por recomposición salarial, por un básico de mil pesos y por mejores condiciones de enseñanza se extenderá en el día de hoy y podría repetirse en las próximas semanas. El gobierno de Felipe Solá, en tanto, salió a criticarlo. La medida provocó un cimbronazo político en la cartera de Educación, que negociaba acuerdos en paritarias.

El paro de 48 horas fue convocado por los gremios más representativos. Suteba y la FEB nuclean –según datos del gobierno bonaerense– a 93 mil docentes de los 219 mil de escuelas públicas de la provincia. El nivel de adhesión del paro fue completo, incluso para el gobierno de Solá que tuvo que salir a aceptar un nivel de adhesión de entre 55 y 60 por ciento.

“Todos los números nos están diciendo lo mismo”, dijo Roberto Baradel, titular de Suteba con la fruición de quien tiene entre manos el boca de urna de un conteo electoral. “El nivel de acatamiento fue casi completo y esto está dejando en claro en primer lugar –continuó– que el paro no es un problema de un dirigente sindical como pretendió mostrarlo Solá sino una expresión de la necesidad y del reclamo sostenido de la docencia.”

El reclamo sostenido de la docencia, como explicó Baradel, no es otro que el pedido por un aumento del sueldo, una discusión pendiente desde el último mes de febrero. Según el gremio, en esa ocasión se pactó con el gobierno de la provincia un acuerdo marco para comenzar las clases. Pautaron un piso básico de 840 pesos de salario inicial, un acuerdo para sancionar la ley de paritarias y la suspensión de los reclamos docentes hasta el mes de octubre. Desde entonces, podía volver a abrirse una nueva instancia de diálogo. Pero –según los gremios– el gobierno no lo reconoció.

“¿Qué sentimos? Bronca y mucha indignación”, sigue Baradel. “Nosotros aceptamos la propuesta de marzo aunque era insuficiente con el compromiso de continuar la discusión pero en agosto, (la directora general de Educación de la provincia, Adriana) Puiggrós nos respondió que la provincia no está en condiciones financieras de llevar adelante los compromisos.”

Uno de los compromisos era un nuevo aumento de sueldo, la bandera que se convirtió en el centro de los reclamos de este último paro. Un docente que recién empieza a trabajar cobra un sueldo de 840 pesos mensuales. Ese total está integrado por 110 pesos de incentivo docente, 455 pesos del básico, 50 de un redondeo y una suma de 225 pesos no remunerativos, acordados en marzo con el gobierno y que ahora concentra la discusión principal: porque los docentes quieren que el gobierno la sume al básico.

El gobierno ni siquiera la puso en discusión. Durante el día de ayer, Adriana Puiggrós negó cuantas veces pudo la existencia del supuesto acuerdo marco de marzo y responsabilizó a los gremios de saltar el puente del diálogo e instalar un paro apresurado. “Los docentes trabajaron todo el año con nosotros para lograr una ley de paritarias –explicó a este diario–. La ley salió sancionada en octubre. Y permite que se abra una instancia de negociación a través del Ministerio de Trabajo y a partir de un pedido de cualquiera de las dos partes, del gobierno o los docentes.” Según Puiggrós, la existencia de esa ley ahora hace posible el diálogo sin paros. “Habíamos convocado a los gremios a una paritaria para el lunes pasado y en lugar de resolver el problema en ese marco, ¡nos tiraron con un paro!”.

En ese contexto y en medio de la crisis planteada por una medida de fuerza con adhesiones masivas en toda la provincia, los gremios aseguran que acudieron a la paritaria, pero que el gobierno descartó el aumento. Puiggrós, mientras tanto, les respondió con un cambio de planteo. La medida de fuerza, dijo, se “sustenta en un problema interno de los gremios”, entre los cuales “uno quiere sacar ventaja sobre el otro”.

Marisa Barromeres es vicedirectora del Jardín 938, un jardín de infantes de Lanús donde ya no hay secretario ni más de un preceptor en cada turno de 120 alumnos por disposiciones del gobierno. Ella es una de las docentes que se sumó a la medida de fuerza. Y no solamente por el aumento del salario. “Eso es una parte importante –dice a Página/12–, pero no es todo, hay una parte fundamental que es poder enseñar en condiciones dignas.”

Más allá de los diagnósticos y de la profundidad de la crisis, quienes siguen de cerca el conflicto docente entienden que existe una tensión en la conducción de los gremios que ayuda a potenciar el nivel de enfrentamiento con el gobierno.