Llegaron tres patrulleros y cuatro inspectores, un despliegue descomunal. No iban a frenar ningún robo ni a rescatar a alguien de un secuestro. Su misión era clausurar un almacén tipo autoservicio de San Antonio de Padua. Era el local de Miguel Gaburri, integrante de la asamblea del barrio y militante histórico del Partido Comunista. Su negocio tiene dos peculiaridades: una biblioteca para uso de los vecinos y las paredes llenas de herramientas antiguas que llevó la gente “para recrear el trabajo”, explica él. En los días previos al operativo, Miguel había recibido aprietes a través de emisarios. La asamblea de Padua denunció éste y otros dos casos calcados que afectaron a miembros suyos. En la intendencia de Merlo, que conduce Raúl Othacehé, afirmaron: “Casualmente sabemos que algunas clausuras les tocaron a gente de asambleas, pero no tenemos nada particular contra ellos”.
“En febrero nos atacó a golpes la patota del intendente, ahora nos reprimen así, con clausuras y amenazas, de manera encubierta. Esto también es violencia aunque no se vea en las imágenes de la tele”, dijo Pablo Soler, uno de los miembros estables de la asamblea popular de Padua. Esta y otras asambleas de la zona habían participado en el primer cacerolazo que tuvo el partido de Merlo, el 22 de febrero. Unas doscientas personas se juntaron en el centro para protestar, pero la manifestación fue sofocada cuando aparecieron unos 150 hombres con palos y cadenas que agredieron a todo el mundo, chicos, grandes y ancianos, algunos de los cuales terminaron internados. El jefe político de Merlo es Othacehé, quien pertenece al entorno del presidente Eduardo Duhalde y es un líder de los sectores más duros del peronismo bonaerense. Todo indica que fue un hombre clave para montar la “plaza del sí” a favor de Duhalde, que buscaba correr de la escena la presencia de caceroleros.
Robos y robos
Al ver la escena policial en el negocio de Gaburri, unos cien vecinos se abalanzaron y abuchearon para frenar la clausura. Lograron que no pusieran la faja de cierre, pero igual a él lo citó la Justicia. “Veintidós veces me robaron a punta de pistola y nunca la policía hizo nada, y resulta que ahora se aparecen con este escuadrón”, se quejó Miguel, 57 años y barba blanca tupida, algo teñida por el cigarrillo. “Yo tengo deudas con el municipio que reconozco, lo que pido es poder pagar en cuotas, pero no me dejan y me vengo a enterar, por ejemplo, de que a una paciente de mi mujer le dieron 10 meses para devolver 300 pesos”, añadió. La semana pasada apareció en las paredes de su comercio una pintada con la hoz y el martillo, y en el ínterin recibió algunas advertencias a través de mensajeros: “Cuidate, que te vamos a hacer boleta”.
Miguel Nuin, a quien apodan Pilín, es junto con Gaburri otro de los fundadores de la asamblea barrial y es secretario general del Partido Socialista Auténtico. De 49 años, hace 23 que tiene dos librerías. En una hay un cartel: “Este comerciante está siendo sometido a una persecución sistemática por parte del gobierno municipal de Merlo”. “Uno de los negocios me lo cerraron por tener la tarjeta de matafuegos y la libreta sanitaria vencida. Lo corregí enseguida, pero igual el juez se tomó 14 días en levantarme la clausura y me puso una multa de 1300 pesos. El otro local me lo cerraron por una deuda de tasas a pesar de que ya me habían dado una prórroga para saldarla, a lo que me sumaron una multa de 1800 pesos manteniéndome la clausura. ¿Cómo quieren que pague si me cortan la fuente de ingresos?” A Pilín en la municipalidad también le dijeron que no había más sistema de cuotas, según relató. “Te hacen pelota económicamente: para ir a la Justicia también tenés que pagar abogados y trámites. Todo eso sin contar que los jueces de faltas sólo están para defender al intendente. Los propone él y los aprueba el Concejo Deliberante (20 de sus 24 miembros son peronistas). Y, además, las multas e infracciones no tienen valor fijo sino que pueden oscilar de 80 a 10 mil pesos según le parezca al juez”, señaló el librero.
Hay un tercer comerciante, integrante de la misma asamblea de Padua, a quien le clausuraron un negocio en Barrio Matera, Parque San Martín. No quiere decir su nombre ni el rubro en que trabaja porque tiene miedo. Es permanente y sistemáticamente amenazado por una voz en el teléfono que le anuncia: “Te vamos a hacer bolsa a vos y a tu familia”, y cuestiones por el estilo generalmente vinculadas a su militancia barrial. Nunca le volvieron a habilitar el local. Y hay otro tema: tanto Pilín, como Gaburri y otros asambleístas pertenecen además a la Unión del Comercio, Industria y Profesionales de Padua (UCIP), una cámara comercial que el PJ nunca logró dominar. Hay otra paralela en la que la intendencia sí tiene injerencia, que es la Cámara de la Industria y Afines de Padua (CICAP).
Diferencias
En repudio a estos hechos, hubo una marcha de asambleas y comerciantes y un apagón de quince minutos de todos los negocios del barrio. También hicieron una volanteada explicando las intimidaciones y clausuras.
Este diario se comunicó con Daniel Bruni, secretario de la intendencia, encargado del área de inspecciones. “Clausuras hay en todo el distrito, casualmente sabemos que algunas les tocaron a gente de asambleas, pero no tenemos nada particular contra ellos”, dijo el funcionario. “Los afectados son gente que no reúne las condiciones que establece la ley: matafuegos, higiene, libreta sanitaria y la deuda de la tasa de seguridad, higiene y derechos de ocupación. Esto de la asamblea es pura casualidad, además la clausura es sólo preventiva”, insistió. Página/12 le pidió un listado de negocios cerrados y dijo que no lo tenía. Según Bruni, la definición sobre las moratorias y pagos en cuotas las hacen los juzgados. “Se están dando facilidades, no es nuestra responsabilidad que esta gente tenga deudas de años, y no hablo de montos chicos, hablo de 20 mil pesos y más”, señaló. Gaburri –que dice deber 7000 pesos– y Nuin –que alega 4700– aseguraron que a ellos en los tribunales les indicaron hacer el trámite en la municipalidad, pero la respuesta fue: “No hay más cuotas”. Otro vocero de la intendencia admitió: “Hace dos o tres meses se cortaron los planes”. En marzo este diario publicó las denuncias que hicieron varias asambleas de Merlo ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, sobre todo tipo de agresiones sufridas incluso después del ataque del 22 de febrero: infiltrados que se instalaron con cámaras en medio de las reuniones de caceroleros; el caso de Gladys, una mujer a la que le quemaron parte de su casa; asambleístas interceptados en la calle por policías que les mostraban fotos suyas bajo amenaza de “acusarlos de agitadores”. El tema fue derivado a las autoridades provinciales que, si hicieron algún esfuerzo por detener la oleada, evidentemente no tuvieron ningún resultado. “Lo que trato de transmitir a la gente es que no tenga miedo –dijo Gaburri–, que se haga respetar, que no hay que renunciar al sueño de una sociedad distinta.”