Si acaso la desaparición de Jorge Julio López pretendió frenar los juicios contra los represores, no lo ha logrado. Y aunque el temor en los testigos está instalado, los organismos de derechos humanos decidieron redoblar la apuesta para impedir que los efectos del caso signifiquen un retroceso en la lucha contra la impunidad. Página/12 relevó algunos casos en los que las causas por violaciones a los derechos humanos están siendo afectadas. Sin embargo, una de las abogadas de López le dijo a este diario que “es más bien un mensaje social” de los sectores represivos que siguen activos “para negociar impunidad con un nuevo punto final, el mensaje es ‘si siguen los juicios habrá más desaparecidos’”.

Según explicó Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en los juicios que se instruyen en La Plata la mayoría de los testigos ya declararon, al tiempo que se preguntó “¿cuánto cambia que un testigo declare o no si en algunas causas hay cientos?”. Como ejemplo citó el caso de la megacausa ESMA, centro clandestino por el que pasaron unas cinco mil víctimas mientras que los querellantes son sesenta, y concluyó que “desaparecer a una persona no hace caer un juicio”.

De todos modos, uno de los efectos del caso López en los procesos por delitos de lesa humanidad es el cambio en los testimonios. Este año, en el juzgado federal 2 de San Martín venía declarando un grupo de ex conscriptos clase 1955, en otra megacausa conocida como Campo de Mayo, que es la 4012, Riveros. Unos ochenta de ellos lo hicieron antes de la desaparición del testigo y dieron buena información sobre lo que vieron en 1976 en lugares donde hicieron el servicio militar, dentro del Batallón 601 de Boulogne. “Después de López testimonió una cantidad similar de ex colimbas, pero se notó que dieron en varios casos respuestas más parcas. Uno de ellos dijo no quería tener problemas, y se le aclaró que eso no iba a ocurrir. Hubo un marcado cambio de tendencia, antes se produjeron muy jugosos testimonios, luego ya no”, describió el abogado Pablo Llonto, querellante en ese expediente. Las declaraciones posteriores a López abundan en “no me acuerdo” o en “hoy es todo lo que puedo decir”, como si hubiera una instancia para dejar más adelante otras revelaciones. Y algunos de estos testigos aparecieron con su abogado, por las dudas.

Los ecos del caso López llegaron al exterior. Otro hecho se está produciendo en la causa de Automotores Orletti. Hay un testigo uruguayo que se exilió en Holanda y adquirió la nacionalidad de ese país. Los querellantes quieren presentarlo para que declare, pero esta persona exige protección de parte del Estado holandés. “Es un testigo importante que vio hechos pero tiene temor”, precisó Llonto. Al potencial testigo le explicaron que era inviable gestionar lo que pedía. La visión de este abogado es que el mayor impacto de la desaparición de López se da en el ciudadano no politizado, mientras que quienes tienen mayor involucramiento con la militancia en derechos humanos, y dieron testimonios muy detallados, mantienen su compromiso a pesar del miedo.

En la causa por los secuestros ocurridos en la dictadura en el Hospital Posadas, reabierta recientemente, algunos testigos no dieron su domicilio actual sino el que tenían en 1976, una vez más, por las dudas.

Avanzar pese al miedo

En la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos afirmaron que en las últimas semanas aumentaron las denuncias y los posibles querellantes para las causas abiertas y por abrir. “La sentencia por genocidio movilizó mucho, hay ex detenidos que empezaron a buscar gente para testimoniar, y se acercó gente que militó hace 30 años”, graficó Bregman.

A pocos días de la comprobación de que López no aparecía, el presidente Néstor Kirchner ratificó el rumbo de la política de derechos humanos y la continuidad de los procesos contra represores. Hizo lo propio el Consejo Federal de Derechos Humanos y a partir de eso un funcionario bonaerense recorrió los despachos de todos los jueces y fiscales que llevan casos en los que interviene la provincia, para ratificar la continuidad de esta política. El planteo fue “seguimos con todo con los juicios” y la respuesta que obtuvo fue afirmativa, tanto de los más comprometidos como de los que menos, según relató el funcionario a Página/12. Según su relevamiento, en las causas en marcha en Mar del Plata y Olavarría hay testigos amenazados, pedidos de cambios de fechas de las audiencias, y solicitudes de custodias. Pero ninguno de esos procesos se vio afectado por esto. Sin embargo, se sinceró al manifestar la necesidad de “institucionalizar más” la protección de testigos.

El Encuentro 30 Años Memoria, Verdad y Justicia lanzó una ofensiva que consiste en solicitar un nuevo encuadre de los juicios para que los represores sean acusados por delitos cometidos “en el marco de un genocidio”, tal como ocurrió en la sentencia contra Etchecolatz, y en insistir con la nulidad de los indultos del menemismo que beneficiaron a los jefes militares de la dictadura. Estas iniciativas se impulsaron en forma paralela a la exigencia de mayor celeridad en la investigación de la desaparición de López, efectivo desmantelamiento del aparato represivo y separación de los ex policías presos en la cárcel de Marcos Paz.

El matrimonio Marciano declaró en varias causas y lo hizo este año ante los diputados que impugnaron el pliego del represor Luis Patti. Eva Marciano abrió su testimonio recordando que una semana después de que aportó sus dichos en el Juicio por la Verdad de La Plata le saquearon la casa. En estos dos meses posteriores a la desaparición de López la familia recibió mensajes telefónicos intimidatorios y ahora tienen custodia aportada por el Ministerio de Seguridad bonaerense. También fue amenazado Luis Gerez, otra víctima de Patti. Pero todos ellos, y otros testigos amenazados, ratificaron en una conferencia de prensa en el Congreso su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia.