Si va a fondo, la Justicia argentina estará bastante cerca de descubrir el verdadero papel que jugó el “Batallón 601” (nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército-SIE) en el genocidio argentino y qué ramificaciones de aquella siniestra trama siguen vigentes en el presente y pueden representar una amenaza en el futuro próximo. También podría llegar a desentrañar si existió o no infiltración militar en las filas de la organización Montoneros durante las dos fases (1979 y 1980) de la llamada “contraofensiva popular”. Y, por último, aunque no es lo menos importante, puede aportar elementos decisivos que confirmen y profundicen lo que ya se sabe acerca del Plan Cóndor, o sea, la coordinación de la represión clandestina entre las dictaduras militares del Cono Sur durante la década del 70. ¿Podrá hacerlo? La pregunta no es ociosa: esta semana el juez federal Claudio Bonadío figuró en los cables de las agencias internacionales al ordenar la detención del genocida Leopoldo Fortunato Galtieri y de otros 43 represores, muchos de ellos pertenecientes a la estructura militar de inteligencia que funcionaba y sigue funcionado en la esquina de Viamonte y Callao. La misma esquina donde hace medio siglo estuvo secuestrado el cadáver embalsamado de María Eva Duarte de Perón. La medida judicial no fue recibida precisamente con agrado por algunos jefes militares. Al cierre de esta nota todavía no se había presentado ante la Justicia uno de los imputados, el coronel retirado Herminio Simón.
Los orígenes de la causa 6859/98 se remontan al 17 de febrero de 1983, cuando se interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de 15 militantes de Montoneros que habían desaparecido en 1979 y 80, durante la “contraofensiva” decidida por la conducción nacional de aquella organización. La lista completa comprendía a Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Jorge Oscar Benítez, Angel Servando Benítez, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Angel Carbajal, Matilde Adela Rodríguez de Carbajal, Raúl Milberg, Ernesto Emilio Ferre Cardozo, Miriam Antonio Fuerichs, Mónica Susana Pinus de Binstock, Marta Elina Libenson, Angel Horacio García Pérez, Horacio Domingo Campiglia y Ricardo Marcos Zucker. Este último era hijo del conocido actor cómico Marcos Zucker. Horacio Campiglia (Petrus) era miembro de la conducción nacional de Montoneros y había sido secuestrado en Brasil, al llegar de un vuelo procedente de Caracas. Lo cual habla de una posible extensión del Plan Cóndor a los servicios de inteligencia venezolanos.
La mayoría eran muy jóvenes. Muchos eran exiliados reclutados para regresar al país ante la inminencia de una “contraofensiva popular” que no fue y cayeron en manos de un enemigo feroz pocos días después de llegar al país. La mayoría integraba lo que Montoneros llamó las TEI (Tropas Especiales de Infantería), grupos comando entrenados en el sur del Líbano, que debían realizar operaciones en el país. Otro “brazo orgánico” de la contraofensiva eran las TEA (Tropas Especiales de Agitación), destinadas centralmente a tareas de propaganda, especialmente con los equipos de interferencia de los canales de televisión a través de los cuales se transmitían proclamas de “Radio Liberación, Voz de Montoneros”.
La forma y la velocidad con que la mayoría de ellos fueron capturados, en marzo de 1980, han alimentado en el juzgado federal en lo criminal número 11 la presunción de que “fueron entregados”. Una presunción justificada por el modus operandi de las capturas, pero que no ha sido probada.
Después de este hábeas inicial, “se amplió el objeto procesal al conocimiento de las desapariciones de Lorenzo Viñas, Jorge Adur y Silvia Noemí Tolchinsky, quien luego fue liberada y actualmente se encuentra con vida”. Lorenzo Viñas era hijo del escritor David Viñas y Jorge Adur era un sacerdote católico con muchos años de militancia en las villas de emergencia. Tanto Viñas como Adur fueron secuestrados en Brasil, cerca dela frontera argentina de Paso de los Libres, donde funcionaba una estructura militar de inteligencia a cargo del coronel Simón. Encargada precisamente del “Operativo Murciélago”: la captura de militantes montoneros que entraban o salían del país.
El caso de la sobreviviente Silvia Tolchinsky, que era asistente de la conducción nacional, liderada centralmente por Mario Firmenich y Roberto Perdía, es muy distinto al de sus compañeros que desaparecieron para siempre. Estuvo secuestrada en una quinta ubicada en la calle Conesa 101, a menos de cincuenta metros de la entrada principal de Campo de Mayo y habría logrado sobrevivir porque la salvó un represor civil que integraba el 601, Claudio Scagliuzzi (47), con quien formó una pareja que dura hasta el presente. En agosto del año pasado Scagliuzzi, hijo de un general de intendencia, fue apresado en España por orden del juez Bonadío, quien ha solicitado su extradición para juzgarlo por estos mismos delitos imprescriptibles. Su situación es comprometida porque como civil no puede alegar que actuó bajo el principio de “obediencia debida”.
Bonadío, por otra parte, ya declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en otra causa donde están detenidos el ex almirante Emilio Massera y otros cinco represores de la ESMA y nada hace pensar que no haga otro tanto en este proceso.
Silvia Tolchinsky, que tiene desaparecido a su primer compañero, a su hermano y a otros dos familiares, reveló hace poco tiempo la existencia del campo clandestino donde estuvieron los secuestrados de las TEI. En una visita a Buenos Aires, hace un año y medio, reconoció la quinta donde estuvo secuestrada, que pertenecía a un civil prófugo, de quien se sospecha que también estaba vinculado al 601.
La causa dormitó durante los primeros 14 años de la democracia a pesar de los esfuerzos desplegados por algunos familiares de las víctimas. Página/12 dialogó en particular con Claudia Allegrini, que fue compañera de Lorenzo Viñas y ha promovido diversas acciones judiciales con el patrocinio de Ricardo Monner Sanz.
En 1997 la investigación cobra un nuevo sesgo debido a las inesperadas revelaciones de un suboficial. Recuerda Claudia: “(El general Martín) Balza se refiere públicamente a la denuncia de un sargento de apellido González, que declara saber dónde estaba enterrado el cuerpo del hijo de Marcos Zucker. Y también dice haber visto bajar de un micro de la empresa brasileña Pluna a una persona de sexo masculino, de entre 25 y 30 años de edad, peladito. Esa descripción responde a Lorenzo en el momento en que desapareció”.
El dato cobrará particular importancia cuando llegue a establecerse que Lorenzo Viñas fue detenido en Uruguayana, ciudad brasileña fronteriza a Paso de los Libres, que está del otro lado del río. Después fue trasladado junto con el padre Adur a la quinta de Campo de Mayo, donde Silvia Tolchinsky los vio antes de que se los llevaran a uno de los vuelos de la muerte.
Claudia y otros familiares se presentaron a la Justicia dando comienzo a una nueva etapa de esta compleja y significativa investigación judicial. Que se está nutriendo con documentos secretos del Ejército y diversas policías, indicativos de que no todas las pruebas del genocidio fueron quemadas en tiempos de los generales Reynaldo Bignone y Cristino Nicolaides, como reiteradamente han sostenido –desde Balza a Brinzoni– los jefes del Ejército. En el expediente hay varios documentos del 601 sumamente elocuentes del registro minucioso que se llevaba acerca de “las caídas (secuestros) de los delincuentes subversivos”.
Un informe de la Central de Reunión del 601 “da cuenta de las detenciones producidas en Capital Federal y en Zona IV, en las que se privó de la libertad a Angel Carbajal, Julio César Genoud, Mariana Guangiroli, Verónica Cabilla, Ernesto Emilio Manuel Ferre Cardozo, MiriamAntonio, Raúl Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Marta Libenson y Matilde Adela Rodríguez”.
El expediente también logró colectar los legajos personales de los integrantes del 601, además de testimonios muy valiosos como los de Tolchinsky, Edgardo Binstock y la citada Claudia Allegrini.
Los secuestros de Adur y Viñas remiten al Operativo Murciélago, para la captura de montoneros que entraban y salían del país y suponía una fluida comunicación entre Campo de Mayo, Viamonte y Callao y distintos puestos fronterizos, en especial el de Paso de los Libres, que jugó un papel esencial y macabro.
En esa localidad correntina funcionaba un centro clandestino de detención y exterminio en la estancia La Polaca, cedida por su dueño (un polaco) al destacamento de inteligencia 123 del Ejército en el que revistaba el prófugo coronel Simón. En 1979, cuando el coronel Francisco J. Molina estaba al mando del destacamento, recibió la orden de organizar un sistema de “marcadores” para detectar el ingreso de montoneros procedentes de Brasil.
El plan para el secuestro y desaparición de los montoneros que venían del exterior se denominó “Operativo Murciélago” y su organizador fue el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, uno de los imputados por el juez Bonadío. Este represor estuvo al frente del 601, en Viamonte y Callao, desde el 27 de octubre de 1976 hasta fines de setiembre de 1979. A partir de esa fecha, Tepedino pasó a desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, función en la que permaneció hasta el 10 de diciembre de 1983, en que los militares dejaron la Rosada por imperio de su propia derrota profesional en Malvinas.
Pero el general Tepedino, igual que muchos otros camaradas de armas, siguió “prestando servicios” durante la democracia. Esta vez como “adscripto” al departamento de Informática de la Jefatura II (Inteligencia de Estado Mayor) en el comando del ejército. Durante toda la gestión del teniente general Martín Balza.
El juez español Baltasar Garzón ha pedido la captura de Tepedino porque se supone que podría tener en su poder los archivos que revelarían el destino final de miles de desaparecidos. El viejo e incumplido reclamo de las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, los organismos de derechos humanos y, de manera creciente, vastos sectores de la sociedad.
Algunas fuentes periodísticas lo ubican como el responsable de la maniobra que dejó definitivamente en la sombra el asesinato del conscripto Omar Carrasco.
En Paso de los Libres, a las órdenes de represores como el coronel Simón, actuaron conocidos torturadores confesos como el sargento primero de la Policía Federal Héctor Julio Simón, alias “el Turco Julián”, actualmente preso en otra causa por robo de niños. Simón tuvo a su cargo el elenco de “marcadores” que se instaló en esa frontera correntina donde fueron trasegados hacia el horror clandestino Viñas y Adur.
Hay en la causa descripciones de operaciones alucinantes, como el presunto suicidio de Gervasio Martín Guadix. Un montaje urdido por la inteligencia del Ejército para que Montoneros diera por muerto a un militante que estaba vivo, secuestrado y sometido a tormento. Un oficial joven, parecido a Guadix, simuló que se tomaba una pastilla de cianuro en el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana. Solo que, al estilo de las malas películas argentinas, advirtió primero que era montonero y se estaba suicidando. El verdadero Guadix, mientras tanto, moría en la tiniebla.
En la misma tiniebla en que se mantuvieron, hasta el miércoles pasado, sus asesinos.