Luego de negarse a declarar en cinco oportunidades y previa denuncia por retardo de justicia del fiscal general Hugo Cañón, el juez federal Alcindo Alvarez Canale procesó y le dictó prisión preventiva al suboficial de inteligencia (R) Santiago Cruciani, alias “Tío” o “Mario Mancini”, principal interrogador al pie de la mesa de torturas del centro clandestino La Escuelita dependiente del V Cuerpo de Ejército. El juez lo consideró partícipe necesario en al menos 38 delitos de lesa humanidad, incluidas tres desapariciones forzadas, diez homicidios agravados por alevosía, trece secuestros seguidos de torturas, y fijó su responsabilidad civil en 7,5 millones de pesos.

Cruciani vivió en Mendoza hasta que lo escrachó la agrupación H.I.J.O.S. Se escondió en San Juan y luego en Mar del Plata, donde fue detenido el 10 de julio. Durante cuatro meses estuvo alojado en una confortable oficina de la Policía Federal. En agosto, el juez rechazó un pedido de arresto domiciliario planteado por la esposa del represor, Yolanda Ester Pozzi, una ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército que en el año 2000, cuando la Cámara Federal bahiense ordenó detener a su marido por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad, denunció al tribunal por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic).

A principios de octubre, los fiscales Cañón y Antonio Castaño solicitaron su procesamiento por segunda vez, pero el juez se tomó un mes y medio más para resolver. Ayer a primera hora apeló la resolución el flamante defensor de Cruciani, teniente coronel auditor (R) Mauricio Daniel Gutiérrez, un abogado que durante la dictadura prestó servicios en el departamento jurídico del V Cuerpo, que se ufana ante sus íntimos de haber estado “un par de veces” en La Escuelita y que en los ’90 estuvo procesado por falsedad ideológica de documento público y encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco, causa prescripta en el 2005.

Cruciani, de 71 años, es el primer militar procesado en Bahía Blanca desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y será trasladado en los próximos días al penal de Marcos Paz. En tanto continúa sin juez la causa por los secuestros, torturas y desapariciones cometidos por la Armada en el centro clandestino que funcionó en Baterías, base de Infantería de Marina. Tras las excusaciones de Alvarez Canale y Ramón Dardanelli Alsina, la Cámara Federal declaró nula la designación del juez ad hoc Francisco Gros (designado a dedo por Alvarez Canale), y ya se excusaron cuatro abogados elegidos por sorteo.