Sáb 25.11.2006

EL PAíS  › ARRESTARON AL EX JEFE DE LA BASE NAVAL DE MAR DEL PLATA

De la Verdad a la Justicia

A partir de testimonios recogidos en el Juicio por la Verdad de la ciudad balnearia se ordenó el arresto de Juan Carlos Malugani, jefe de la Base Naval que fue un centro clandestino.

El contraalmirante retirado Juan Carlos Malugani, jefe de la Base Naval de Mar del Plata durante 1976, lugar donde funcionó un centro clandestino de detención, fue arrestado ayer. El juez federal de Mar del Plata, Alejandro Castellanos, había emitido la orden de arresto el miércoles por el secuestro y desaparición de tres estudiantes en la ciudad balnearia durante la última dictadura militar.

El ex hombre de la Armada fue apresado en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires y quedó detenido en la delegación marplatense de la Policía Federal. La delegada en esa ciudad de la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, puesta en funciones ayer, Gloria León, explicó que el magistrado “ordenó la detención de Malugani, quien era jefe de la Base Naval de Mar del Plata cuando fueron secuestradas y llevadas a ese lugar Patricia Laceri, Liliana Iorio y Liliana Retegui”, las tres integrantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Fuentes oficiales afirmaron a Página/12 que el marino “pidió al juez el arresto domiciliario aduciendo la edad, ya que tiene 80 años, pero no se le otorgó el beneficio porque existe una posible pena de reclusión perpetua. Su familia sigue insistiendo, pero esta vez acusando que el marino padece Alzheimer”, por lo que se espera que se realicen los estudios necesarios para saber si está en condiciones de comparecer a declaración indagatoria.

Además de los sesenta casos que ya habían sido presentados en la causa donde se investiga el accionar de los militares en la jurisdicción, los representantes de los organismos de derechos humanos que llevan adelante las denuncias adjuntaron treinta y cinco casos más que serán evaluados por la fiscalía.

Las tres militantes peronistas vivían en la misma casa de la calle Don Bosco al 900 en el barrio marplatense de La Perla, lugar donde fueron secuestradas junto a otras dos estudiantes por un comando militar el 19 de septiembre de 1976. Las llevaron al centro clandestino de detención que funcionaba en la Base Naval que estaba bajo el mando de Malugani.

La entonces estudiante de Derecho Gloria León también compartía esa casa, pero aquella noche no volvió a dormir, hecho que la salvó de caer en las manos de las patotas militares. León afirmó que “las otras dos estudiantes fueron liberadas unos diez días después del secuestro”.

Sobre la decisión judicial de arrestar al represor, la funcionaria explicó que “se ordenó en el marco de la causa federal 4446, que se inició a partir de testimonios recogidos en los denominados Juicios por la Verdad que se celebraron en esta ciudad”, y agregó que “hace poco se amplió la denuncia a más nombres del personal de la Base Naval Mar del Plata involucrado en estos hechos, y no se descarta que en los próximos días se produzcan más detenciones”.

Malugani se vio beneficiado por el primer indulto que el ex presidente Carlos Menem firmó en octubre de 1989 para generales y jefes de comandos de tropa que habían actuado activamente durante los años de la dictadura. En 1998 la Cámara Federal de Bahía Blanca pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la anulación del perdón presidencial de él y de siete marinos más, para efectivizar la reapertura de una causa en Bahía Blanca, por la desaparición de Graciela Izurieta, embarazada al momento de su secuestro.

En octubre del 2004, en el marco de los Juicios por la Verdad que se desarrollaban en esa ciudad, y pese a que no tenían consecuencias penales, quedó preso e incomunicado a pedido del Tribunal Oral de Mar del Plata, a lo que Malugani contestó con una denuncia a través de sus abogados por “la manifiesta connivencia” que existía entre los miembros de la Justicia “con los organismos de derechos humanos y querellantes”. También en la causa iniciada contra el juez Pedro Hooft, que denunció la Secretaría de Derechos Humanos, apareció el nombre del marino como “miembro de una asociación ilícita” junto a otros dos ex jefes militares.

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