La obispos católicos argentinos, apelando “a la conciencia de los legisladores nacionales”, solicitaron “el archivo definitivo” del proyecto de ley que incluye la anticoncepción de emergencia entre los métodos provistos gratuitamente por los servicios de salud sexual y reproductiva. La solicitud que, “como ciudadanos”, efectúan los miembros de la jerarquía católica sostiene que la denominada píldora del día después “atenta contra la vida humana, que la Constitución nacional considera inviolable desde la concepción”. El proyecto –ya aprobado por unanimidad en dos comisiones y cuyo tratamiento en Diputados está previsto para mañana– se atiene a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales este método “no provoca un aborto”. Según el proyecto, los servicios de guardia deberán suministrar las píldoras anticonceptivas de emergencia a las pacientes que las requieran y no estén en condiciones de comprarlas.

Según el comunicado de los obispos, “los organismos de control sanitario reconocen que esta droga impide la anidación o implantación del embrión en el útero materno. Se trata, por lo tanto, de un fármaco que atenta contra la vida humana, que la Constitución nacional considera inviolable desde la concepción”. Los obispos “apelan una vez más a la conciencia de los legisladores nacionales y solicitan como ciudadanos el archivo definitivo de dicho proyecto”.

El proyecto fue presentado por la diputada Alicia Tate y aprobado unánimemente en las comisiones de Salud Pública y de Familia. Establece que “los servicios de salud sexual y reproductiva de establecimientos públicos y privados tendrán la obligación de proveer información y asesoramiento sobre la anticoncepción de emergencia, y que “los establecimientos públicos de salud, a través de sus servicios de guardia, deberán suministrar en forma gratuita las píldoras anticonceptivas de emergencia a aquellas pacientes que requieran su uso y no dispongan de recursos económicos”. En casos de violación, “la autoridad deberá derivar a la víctima al establecimiento de salud pública más cercano, donde se le suministrará información sobre anticoncepción de emergencia y se le administrará la píldora anticonceptiva de emergencia” si lo requiere. El Ministerio de Salud de la Nación deberá “monitorear el cumplimiento de la ley”.

El proyecto también establece el consentimiento escrito de la paciente en cada caso y explicita criterios de objeción de conciencia por los cuales “los profesionales e instituciones privadas de carácter confesional podrán exceptuarse” de cumplir la ley. En disidencia parcial, la diputada Juliana Marino propuso simplemente “incluir la anticoncepción de emergencia entre los métodos enunciados en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable”.

Los fundamentos del proyecto señalan “la inevitable relación que el tema tiene con la mortalidad materna como consecuencia de los abortos clandestinos. Se trata de garantizar a la población femenina con mayor grado de vulnerabilidad social el acceso a métodos que se encuentran disponibles en las farmacias para quienes pueden pagarlos”.

Los fundamentos aluden especialmente a los criterios de la Organización Mundial de la Salud: el Boletín Informativo de esa entidad correspondiente a octubre de 2005 (accesible en el sitio web de la OMS), explica: “Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el útero o los niveles de progesterona cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”.

Según afirmó la diputada Tate, en respuesta al documento obispal, “está bien que la Iglesia Católica, como cualquier otra, se dirija a sus fieles, pero el legislador debe pensar en términos de ciudadanía y no de credos”. Para la diputada Marino, “lo que cuenta en este caso es que la píldora no es abortiva; sin perjuicio de que podamos discutir la idea de que la Constitución nacional clausura el tema del aborto”.

La OMS recomienda “1,5 mg de levonorgestrel administrado en una sola dosis dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual sin protección”; la eficacia en la prevención del embarazo es de “un 60-90 por ciento” y “es mayor mientras más pronto se lo utilice después de la relación sexual”. La OMS destaca que “los métodos anticonceptivos de emergencia no son adecuados para uso regular”.

Hace dos meses, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la venta libre, sin receta, de levonorgestrel a mujeres mayores de 18 años, y con receta para menores de 18. Aun el presidente George Bush hizo público su acuerdo con esta decisión.

Según una fuente de la bancada oficialista, “el proyecto está en el orden del día del miércoles y no vemos motivo para retirarlo”.