Con el máximo sigilo, técnicos de las Cancillería estudian la posibilidad de restringir las exportaciones desde Argentina –o en tránsito por el país– destinadas a la empresa Botnia en Uruguay. La medida podría encuadrarse en un artículo del Código Aduanero –el 610, inciso “h”– que contempla la restricción a los flujos de comercio exterior “por razones no económicas” en los siguientes casos: “preservación del medio ambiente, conservación de los recursos naturales o prevención de la contaminación”. En el último año, varias empresas argentinas fueron proveedoras de Botnia o de contratistas de la compañía finlandesa, así como también empresas chilenas que realizaron envíos a Uruguay a través de la Argentina.

La decisión política todavía no está tomada. Pero técnicos de Cancillería evalúan desde hace algunos días el encuadre legal que podría darse a una restricción a las exportaciones destinadas a Botnia en Fray Bentos y a sus contratistas uruguayas. Para ello realizaron consultas con diversos organismos. El Código Aduanero argentino prevé en su artículo 610 tres situaciones distintas en las que se pueden restringir las operaciones de comercio exterior por motivos “no económicos”. Son las siguientes:

- Inciso “b”: Razones de política internacional, en referencia a un conflicto político con otro país.

- Inciso “e”: Razones de Salud Pública.

- Inciso “h”: “Prevención del medio ambiente, conservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación”.

Este último inciso, incorporado al código en el año 1996, podría dar sustento legal a una decisión de restringir las exportaciones desde la Argentina, o en tránsito por el país, destinadas a Botnia.

La medida podría ser aplicada por la Aduana, pero antes debería ser dictada por otro organismo competente. Por ejemplo, en los últimos dos años se frenaron importaciones de “PCB” –una sustancia con efectos cancerígenos– a través de una resolución firmada por Medio Ambiente; o se suspendieron importaciones de amianto por una resolución del Ministerio de Salud. En el caso de los envíos de insumos a Botnia podrían ser la propia Cancillería o la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Romina Picolo-tti, las áreas encargadas de redactar la norma.

Como antecedente, en noviembre de 2005, la Aduana paró un envió destinado a Botnia de una empresa metalúrgica de San Pedro. La medida pudo concretarse porque la empresa argentina había documentado incorrectamente la exportación. Había declarado el envío de una “planta llave en mano” (la “nave central de la fábrica” de Botnia), posición arancelaria por la que obtenía beneficios impositivos. Pero los inspectores de Aduana habían constatado que la exportación era de estructuras de hormigón, vigas y otros insumos, valuados en 3 millones de dólares.

Frente al contratiempo, Botnia optó por contratar con una metalúrgica chilena, a la que igualmente no le fue fácil cumplir con el pedido. Alertados de la operación, grupos ecologistas monitoreaban los pasos argentinos para frenar material destinado a Botnia proveniente de Chile, por lo cual la exportación chilena debió dar toda la vuelta a través del Canal de Panamá.

Esa experiencia indica que si la administración Kirchner decidiera vedar las exportaciones de insumos destinados a la pastera finlandesa, el proceso de inversión podría demorarse. Según los técnicos, es una de las pocas medidas que de manera unilateral podría imponer la Argentina frente al enorme poder que ha mostrado Botnia a nivel internacional. Según los registros aduaneros, la mayoría de los proveedores de contratistas de Botnia están radicados en Argentina o en Chile. Pero aun así la construcción de la fábrica de Fray Bentos no se detendría. Además, la pastera podría cerrar trato con nuevos proveedores en Brasil.

De ahí que en la balanza de la decisión política no sea sencillo equilibrar los platillos. Si Kirchner ordenara instrumentar la medida, el conflicto político con el gobierno de Tabaré Vázquez escalaría otro paso. Y comprometería aún más la supervivencia del Mercosur. Hasta ahora, los países socios del bloque sólo restringieron importaciones intraMercosur, después de largas negociaciones, aduciendo motivos de política comercial: daño a la producción local, o dumping. Esta sería la primera vez que se esgrimiría como argumento la preservación del medio ambiente.