Los uniformados paraban a la gente frente al Congreso para preguntarle por el paradero de varios diputados oficialistas de las provincias del noroeste argentino. Hasta que la Policía Federal les hizo saber a los activistas de Greenpeace que podían ir presos por “usurpación de títulos y honores” ante la similitud de sus vestimentas con los uniformes oficiales. Los militantes ecologistas denunciaban la falta de quórum para frenar la tala indiscriminada que “arrasa con 300 mil hectáreas de bosques nativos al año”, un proyecto que quedó relegado varias veces en la Cámara baja, a pesar de que cuenta con el apoyo de distintos sectores políticos y ambientalistas y el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente. Los legisladores díscolos protestan por los condicionamientos que la iniciativa impone a las administraciones provinciales. Sus impulsores –que insistirán en su sanción durante la sesión de hoy en Diputados– responsabilizan al “lobby sojero” por las postergaciones.

“Cada semana se tumban 4800 hectáreas de bosques nativos”, recordó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, durante la sesión del pasado 15 de noviembre. El diputado kirchnerista daba así por terminado el entredicho con otros legisladores y su propio bloque para aceptar la postergación del tratamiento del proyecto por una semana. Pero a la semana siguiente, la sesión se cayó por falta de quórum cuando comenzaba el debate sobre la iniciativa. Bonasso responsabilizó al “lobby sojero” por las dificultades para aprobar el proyecto.

Hoy, sus defensores tendrán una nueva oportunidad durante la sesión de la Cámara baja, aunque el bonaerense Mariano West ya se encargó de llevar al seno de la comisión parlamentaria las modificaciones que el Frente para la Victoria hará en el recinto, después de que Romina Picolotti solicitara a la bancada oficialista su aprobación.

A pesar de que las administraciones provinciales seguirán manejando las autorizaciones de desmonte, la futura ley posterga los permisos hasta que cada provincia confeccione su propio mapa de bosques nativos, lo que retrasará las aspiraciones empresarias que proyectan cultivos de soja sobre las tierras arrasadas. Otra de las medidas que desvela a las administraciones del NOA y Salta es la prioridad que establece el proyecto a los pueblos originarios sobre los montes que habitan.