El Estado emitirá en lo que queda del año unos 1300 millones de pesos más en bonos de consolidación de deuda pública y deudas previsionales. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la emisión de los bonos que este año superarán los 2900 millones de pesos establecidos en el Presupuesto nacional, para alcanzar un total de 4200 millones en 2006. Más de la mitad de los nuevos bonos será destinada al pago de proveedores; el resto a deudas previsionales con las Fuerzas Armadas y de seguridad y a los beneficiarios de leyes reparatorias para víctimas de la dictadura. El proyecto pasó al Senado, en medio de las críticas opositoras.

Nadie del oficialismo tomó la palabra para defender el pedido de ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno para emitir otros 1300 millones en bonos para saldar deudas. Aunque la argumentación del Ejecutivo –sostenida por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto– es que los bonos serán para saldar sentencias judiciales por deudas previsionales iniciadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la mayoría será para cumplir con deudas a proveedores.

Los números oficiales destinan 50 millones para el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares, otros 110 millones para el Servicio Penitenciario, Gendarmería y Prefectura, 180 millones para la Administración Nacional de Seguridad Social y 250 millones para los beneficiarios de cuatro leyes que establecen reparaciones económicas para las víctimas de la dictadura. Además de 710 millones para deudas con proveedores sin detalles de las mismas.

El puntano Claudio Poggi planteó su “disidencia total con la ampliación del cupo de endeudamiento público” y criticó que mientras el oficialismo habla de “política de desendeudamiento, paga por adelantado al FMI y otros organismos de crédito internacional y mantiene un superávit fiscal, emite deuda para cancelar juicios previsionales”. La arista María América González se preguntó “si existen jubilados de primera y de segunda”, al comparar el dinero destinado en 2007 para cumplir con sentencias judiciales de jubilados y pensionados es menor que la “ampliación” que se destina a los jubilados militares “con los que no tengo nada en contra”.