La franja más dura y corrupta de la Bonaerense impulsa una huelga de hecho: algunos hablan de “no salir” de las dependencias, otros de “trabajar a media máquina” o el ya famoso “poner palanca en boludo”, que en el argot de la fuerza significa que “salí a hacer un procedimiento, pero resultó negativo. Tuvimos mala suerte, vio”.
Usan el argumento recalcitrante de que “nos quieren imponer el garantismo”, dicha esta última palabra con el más despectivo de los tonos. En esa línea, les van sugiriendo a sus subalternos que “si uno se tirotea con un delincuente, lo más probable es que el delincuente termine en libertad y uno (el policía) en la cárcel”. “El ministro (de Justicia y Seguridad) Juan Pablo Cafiero no nos va a defender”, es la excusa.
Lo que en verdad pasa es que la franja más dura y corrupta de la Bonaerense no quiere control. No reclama licencia para la mano dura, lo que reclama es licencia para seguir haciendo sus negocios ilícitos. Participan de delitos, como se comprobó ayer otra vez cuando fueron detenidos siete policías en Moreno, integrantes de una banda de narcotraficantes. Es mentira que a esa franja le importe la seguridad, quieren delimitar la cancha para que ni Cafiero ni nadie se meta en sus negocios millonarios.
La prueba más nítida de la huelga activa fue la profanación del Cementerio Islámico de San Justo. Es matemático: cada vez que hay solapada protesta policial, hay profanaciones. Algunos ejemplos: el 21 de diciembre de 1997, el entonces gobernador Duhalde designó por primera vez un interventor civil en la Bonaerense, Luis Lugones. El 24 profanaron el cementerio judío de La Tablada. Siete días más tarde, el de Ciudadela. El 18 de setiembre de 1999, la Bonaerense produce la Masacre de Ramallo, con lo que toda su cúpula quedó cuestionada. Al día siguiente, volvieron a profanar tumbas en La Tablada. Ocho días después, entraron al de Ciudadela. En 1996, un comisario destituido de la investigación del caso AMIA asume en la jurisdicción de los cementerios. Poco después, hay profanaciones. En algunas causas el rastro de los culpables aparece con increíble nitidez. Pero la investigación queda en la Bonaerense y todo se empantana. Esta vez no sólo quieren sacarse de encima el control de Cafiero, sino que se plantan frente a las acusaciones por el asesinato de los piqueteros en Avellaneda. Parte de la “palanca en boludo” es que los dos policías prófugos por esa represión siguen sin aparecer.
A veces los planteos son descarados. Hasta el propio ministro se enteró ayer de que “esto de pasar a disponibilidad a gente por cosas viejas no cae bien en la fuerza”. Traducción: no debe tocarse a ningún oficial que esté acusado por haber matado o torturado durante el Proceso. Ayer este diario publicó justamente una lista de 15 represores policiales que actuaron en campos de concentración.
Pero la huelga parcial no queda como un movimiento interno. Las bandas saben de inmediato que hay “vía libre” y, además, es público y notorio que existen bandas mixtas de policías y delincuentes.
El pico inusitado de hechos de los últimos días -.según coinciden expertos de varias fuerzas consultados por este diario.- obedece a que se sabe que “la policía no sale”. Con mayor o menor disimulo, los comisarios millonarios dejan enormes zonas liberadas de hecho.
La seguridad no depende de darles licencia para matar a esos sectores duros y corruptos de la Bonaerense. La clave de la seguridad está en una policía limpia, mucho mejor pagada que hasta ahora, bien entrenada y con tecnología.