Luego de haber tratado cada uno de los proyectos reclamados por el Fondo Monetario y de cumplir al pie de la letra con todas las sugerencias del organismo de crédito, el Congreso comenzó una siesta que promete ser sólo alterada por las definiciones electorales. El juicio político a la Corte Suprema –si hoy los jefes de bloque y autoridades de la Cámara de Diputados le ponen fecha a la sesión en la que se discutirá el tema– puede ser el despertador que ponga fin a casi 26 días de inactividad plenaria en el recinto de la Cámara baja. El Senado, que entre marzo y junio tuvo siete sesiones maratónicas, se reunió por última vez hace doce días. El grueso de esas reuniones se concentraron entre marzo y abril, ya que en junio sólo hubo una sesión. Más allá de las estadísticas, las cifras ponen de relieve que curiosamente en un gobierno calificado como parlamentario, el Legislativo marchó al ritmo marcado por el Ejecutivo, y de las indicaciones de las entidades multilaterales de crédito, claro está.
Los seis meses de gobierno de Eduardo Duhalde estuvieron signados por el intento de satisfacer los reclamos del FMI. Así fue que de a una y como si fueran las últimas medidas que podían salvar al país del abismo, los legisladores se sentaron en sus bancas para debatir con mayor o menor éxito: la derogación de la Ley de Subversión Económica, la Ley de Quiebras, el plan de bonos para salir del corralito y el CER, como se denominó al coeficiente de indexación de alquileres y créditos hipotecarios.
“No podemos seguir estirando el tratamiento del juicio político a la Corte porque, entre otras cosas, este tema detiene el trabajo del Congreso”, dijo el vicepresidente del bloque de diputados justicialistas, el pampeano y menemista Manuel Baladrón. La frase no deja de ser caprichosa, no por lo que dice sino por lo que oculta. Más allá de las ganas del diputado por acelerar el funcionamiento del Parlamento, la intención del peronismo es aprovechar la oportunidad para rechazar la acusación contra los nueve ministros del máximo tribunal. Por cierto que, para ello, los menemistas exhiben un dictamen en minoría que ni los propios magistrados hubieran sido capaces de redactar.
En este tema, los que han dado una vuelta de campana en el aire son los legisladores que adscriben al duhaldismo. Luego de haber impulsado las investigaciones contra los magistrados, la necesidad de tener un guiño que diera cobertura constitucional a la ley que impide el retiro de los depósitos bancarios acorralados llevó a los seguidores del Presidente a alinearse con los cortesanos. Aquí los radicales muestran, como en tantos otros temas, el típico doble discurso que impregnó los últimos 19 años de bipartidismo. Después de haber participado activamente en la comisión de juicio político, la conducción radical del bloque pidió una sesión para discutir el tema, aun a sabiendas de que en ella existía un alto porcentaje de que la acusación fuera rechazada y archivada.
La anomia en Diputados llega al punto de que la acusación de la comisión parlamentaria no fuera impresa y se limitara a circular en formato digital, concretamente en un CD-Rom. No son pocos los diputados que se sentarán en sus bancas a discutir el juicio a la Corte sin haber leído la totalidad de las actuaciones. “Son como 5 mil fojas”, dijo en tono de disculpa el hiperduhaldista José María Díaz Bancalari.
“Nos pegaron lindo”, dicen los empleados del Senado cuando repasan la cantidad de sesiones que hubo en la Cámara alta, desde marzo hasta hoy. Desde junio, el funcionamiento viene a media máquina. En ese mes hubo una sola sesión y la última fue la del 3 de julio, cuando se aceptó la renuncia de Raúl Alfonsín a su banca y juró su reemplazante, la bonaerense Diana Conti. Entre las cosas que los senadores se privaron de tratar, se encuentra el bimestral informe que suele brindar el jefe de Gabinete. En esta ocasión, Alfredo Atanasof dejó sus respuestas por escrito en el despacho del titular del cuerpo, el cordobés Juan Carlos Maqueda, y retornó hacia la Rosada, donde todas las mañanas se para frente a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno. Los senadores también tienen en agenda algunos temas de fuerte impacto. Entre ellos el proyecto de nueva ley de acefalía presentado por Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa que podría permitir la caducidad de todos los mandatos se encuentra en la comisión de asuntos constitucionales, que preside la santacruceña. También espera sanción la denominada ley de Industrias Culturales, como se denominó a la iniciativa que contempla en casos de quiebras qué participación puede obtener el capital extranjero en medios de comunicación y editoriales. Temas no faltan; quizás no exista la voluntad política necesaria para salir de los márgenes marcados por un gobierno que no se caracterizó precisamente por la iniciativa.