El único banquero preso supuestamente por subversión económica quedará detenido, pero por otro delito. La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Rohm como presunto jefe de una asociación ilícita que a través de maniobras financieras concretadas en el Banco General de Negocios (BGN), entidad que supo servir al menemismo y de la que era su vicepresidente, habría incurrido en variados delitos tales como blanqueo de capitales o evasión impositiva. Con esta resolución, los camaristas confirmaron el fallo dictado por la jueza María Servini de Cubría y ratificaron también el embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes. Carlos Rohm está privado de su libertad desde el 23 de enero y todo indica que llegará en esa situación al juicio oral. No así su hermano José “Puchi”, que permanece prófugo en los Estados Unidos. Tal como habían expresado los fiscales del caso, la derogación de la Ley de Subversión Económica no implicó la liberación de Rohm.
La causa se inició en junio de 2001 con la denuncia de las diputadas del ARI Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez y está caratulada “De la Rúa, Fernando y otros sobre subversión económica” porque las legisladoras acusaron en aquel momento también al ex presidente por las maniobras que habrían permitido a más de un centenar de ahorristas eludir el “corralito” bancario. La jueza Servini de Cubría lo procesó en marzo como jefe de una asociación ilícita y por subversión económica, entre otros delitos. Cuando el Congreso derogó la norma, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers emitieron un dictamen en el que señalaron que esa situación no iba a implicar per se el fin de la investigación. Y así lo entendieron los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun. En la resolución que firmaron ayer también revalidaron los procesamientos de Rufino Basavilbaso de Alvear, director de la Compañía General de Negocios (CGN) que funcionó como offshore del BGN en Montevideo, y de Adrián Couce como integrantes de la banda. La fiscalía había pedido la indagatoria de los socios extranjeros del BGN, el Dresdner y el Crédit Suisse. En tal sentido, los camaristas señalaron que en todas las investigaciones en curso “se sindica como presuntos responsables de las maniobras allí descriptas al mismo grupo que aquí se está caucionando incluyendo, a su vez, a los accionistas extranjeros y sus representantes”.
Los camaristas entendieron que “cabe inferir la existencia de una operatoria llevada a cabo por un grupo de personas que, a través del BGN, daba curso a depósitos y contratos fiduciarios sobre títulos valores, los cuales, en lugar de ir al destino acordado con los clientes, eran desviados por medios ardidosos a una entidad homónima con domicilio en las Islas Vírgenes británicas, tornando al menos incierta la posibilidad de su recuperación”. En la resolución, a la que Página/12 tuvo acceso, describieron que “existía una CGN SA, paralela a la entidad uruguaya, a la que eran desviados muchos depósitos en presunto fraude a los ahorristas” y que “funcionarios del BGN habrían propuesto a los presuntos damnificados depositar sus fondos en la CGN SAIFE o en San Luis Financial and Investment de Panamá, poniendo de manifiesto que la participación accionaria y la dirección estaba a cargo de las mismas personas que el BGN y mencionando además la calidad de las entidades bancarias involucradas”. La CGN SA “tendría su domicilio fuera de la jurisdicción uruguaya y estaría sustraída a la autoridad de contralor de ese país”, concluyeron.
En el extenso fallo, dieron varios ejemplos de lo que denominaron un “modus operandi que permitía a la organización llevar a cabo maniobras defraudatorias a ahorristas e inversores”. Uno de esos casos es el de Baigún-Atis, que realizaron operaciones con bonos cuyos montos “no habrían ingresado nunca en la CGN SAIFE, sino que habrían sido “...girados clandestinamente...” a diferentes plazas bancarias, “...especialmente lasIslas Vírgenes, donde tiene su sede una entidad que se llama Compañía General de Negocios S.A. del mismo grupo económico...”.
En este expediente estaban imputados, entre otros, el ex titular del Banco Galicia Eduardo Escasany y miembros de la cúpula del Banco Velox, pero la Cámara Federal ordenó remitir parte de las actuaciones al juez Norberto Oyarbide. De todos modos, Servini retuvo los legajos referidos a las responsabilidades de los funcionarios del Banco Central, entre ellos el imputado ex presidente de la entidad Roque Maccarone.