Hace una semana un conjuez de Córdoba sobreseyó a los seis imputados de la causa por la voladura de la guarnición militar de Río Tercero. La decisión disparó todo tipo de críticas. Ayer el fiscal federal Carlos Stornelli y la querella presentaron un pedido de nulidad ante la Cámara Federal de Córdoba. Por otra parte, la Cámara Nacional de Casación Penal, al avalar la validez de una pericia, ratificó la hipótesis del atentado, en contra de la postura del conjuez. Esa decisión, anticiparon en Tribunales, provocará nuevos efectos.

Ana Gritti es abogada querellante de la causa que empezó con la explosión del 3 de noviembre de 1995. Está satisfecha con la resolución de Casación, clave en varios sentidos. “Por un lado –dijo a Página/12–, el Tribunal está dando un espaldarazo indirectamente a la pericia judicial que demostró que la hipótesis del atentado era cierta”. Y por otro, “avanza aún más, dado que los jueces sostienen que en causas de una trascendencia institucional tan graves como Río Tercero lo que debe privilegiar el Estado es el derecho de los ciudadanos al conocimiento de la verdad de las víctimas”.

El fallo pertenece a la Sala II de la Cámara de Casación. Los jueces que la integran –Juan Fógoli, Pedro David y Gustavo Mitchell– no se pronunciaron sobre la decisión que tomó el conjuez de Córdoba, Diego Estévez, de sobreseer a los militares imputados en la causa. Eso deberá resolverlo la Cámara de Apelaciones de la provincia. Lo que Casación resolvió, en cambio, fue una vieja apelación pendiente de los abogados de dos militares, el teniente coronel Jorge Antonio Cornejo Torino y el ex jefe de la División Producción Mecánica de la fábrica, el mayor Marcelo Gatto, ambos imputados y sobreseídos el martes pasado.

Los abogados habían objetado la pericia química que apuntó al atentado y determinó en su momento que la “iniciación del primer fuego en el tambor con trotyl, el sorpresivo y vigoroso incendio del resto de los tambores con el mismo explosivo y las explosiones simultáneas fueron intencionales, organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”.

La resolución, en ese caso de un Tribunal Oral de Córdoba, terminó con la devolución del expediente a Río Cuarto y una orden de la Justicia para que se investigue el hecho como intencional.

Lo que hizo Casación ahora es confirmar la postura del Tribunal Oral. “Creo que por eso es importante leer los considerandos del fallo, porque una sentencia es un todo –explicó Gritti–. En pocas palabras, están diciendo que tanto el fuego inicial como las explosiones fueron intencionales, preparados y programadas por expertos.”

Casación destruyó así técnicamente el argumento del conjuez para sobreseer a los militares. Al incluir los puntos centrales de la pericia, el fallo “debilita el argumento esencial del conjuez –dijo Gritti–, que fue destruir la validez de la prueba química para sobreseerlos”.

En eso pensaron ayer quienes siguen de cerca la causa, entre ellos el fiscal Stornelli. Durante el día calificó la decisión del conjuez como una “locura” y un “disparate”. Ayer, apeló la decisión y pidió la nulidad ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Ahora cree que la resolución de Casación “es importante”. Para Stornelli, “puede marcarle un camino a la Cámara Federal de Córdoba y a los jueces que intervengan en la causa de aquí en más para que no piensen que pueden llegar, tirar un fallo así y salir corriendo”.