La Corte Suprema acordó firmar una resolución para evitar el cierre de la investigación sobre el atentado a la Embajada de Israel. Pese al pedido del querellante Carlos Susevich, padre de una de las víctimas, el tribunal no declarará el ataque como un crimen de lesa humanidad pero especificará que no existe peligro de prescripción, ya que hay órdenes de captura en trámite contra dos terroristas internacionales, a los que declara en rebeldía. El próximo 17 de marzo se cumplirán quince años de la voladura de la sede diplomática, en la que murieron 22 personas, y por la que nunca hubo ningún verdadero sospechoso ni un detenido.

Los jueces de la Corte discutieron el tema en el plenario de ayer y llegaron a un criterio consensuado, pero el fallo a última hora todavía no tenía todas las firmas. La decisión establece que la investigación debe continuar y señala que están en trámite las órdenes de detención contra Imad Mugniyah, uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos desde el ataque a un avión de la TWA en 1985, y contra Samuel Salman El Reda, un colombiano de origen libanés, sospechoso de haber coordinado la logística para el atentado a la embajada en Buenos Aires. Al declararlos como “rebeldes”, ya que nunca aparecieron, el tribunal puede mantener la causa en pie.

Susevich se presentó en mayo de este año como querellante. Hasta entonces nadie cumplía el papel de impulsor de la causa. El Estado de Israel nunca lo pidió. A Susevich la Corte del menemismo le había negado sistemáticamente los pedidos de audiencia. Este año pidió que lo escucharan después de que se conoció el resultado de una auditoría que el propio tribunal (en su nueva composición) hizo sobre toda la investigación del atentado y que señalaba el riesgo del paso del tiempo. Dos semanas atrás se sumaron a la querella algunos empleados de la embajada que sobrevivieron y los familiares de algunas víctimas. Susevich, quien perdió a su hija en la explosión, le pidió al tribunal que declarara el atentado como un crimen de lesa humanidad y, como tal, imprescriptible.

El planteo generó un intenso debate entre los supremos, que hasta ahora sólo aplicaron esa clasificación para delitos del terrorismo de Estado. Ampliarla a otras acciones terroristas abriría un debate agregado: si quedan comprendidos o no los hechos protagonizados por grupos guerrilleros. Meterse en ese terreno es espinoso para la Corte, que tiene pendiente fallar sobre la validez de los indultos. Sus Señorías, con este escenario, eludieron una definición de imprescriptibilidad para el caso del ataque a la sede diplomática. Siguieron la línea del procurador general, Esteban Righi, quien dictaminó que no había por qué pensar en la prescripción ya que no la había pedido ningún imputado.

En los primeros años la pesquisa de la Corte no tuvo resultado alguno. Incluso se demoraron varios años estudios elementales, como los de ADN sobre los restos de la camioneta F100 que se usó como coche bomba. En 1997 la instrucción fue delegada en el secretario penal Esteban Canevari. Con ese nuevo impulso el tribunal responsabilizó a la organización islámica pro iraní Hezbolá y dijo que hubo un conductor suicida. A esas conclusiones, sin embargo, se llegó sin pruebas.

El pedido de captura contra Mugniyah tiene ya seis años, el de El Reda es más reciente. Hasta ahora, además, declararon casi 3500 testigos. Pero nunca se determinó dónde se armó la camioneta usada en la explosión, quiénes fueron los terroristas que actuaron, cuándo y con qué ayuda entraron al país. Ahora habrá que ver hasta dónde puede llegar la nueva Corte.