La Cámara Federal de Córdoba se reunirá hoy para resolver la suerte de Diego Estévez como conjuez de la causa de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, después de que sobreseyera a seis militares sospechados de haber participado en la voladura del predio de Fabricaciones Militares –que mató a siete personas y destruyó gran parte de la ciudad– para ocultar pruebas del contrabando de armas a Croacia. Estévez fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli por presunta “parcialidad manifiesta” y su resolución provocó una urgente citación al Consejo de la Magistratura, aunque los consejeros terminaron por encargarle al tribunal cordobés que analizara su conducta y resolviera su futuro al frente de la causa que prescribe en diciembre de 2007.

La Cámara Federal se reunirá por la mañana, para dar respuesta a la urgencia dispuesta en la resolución del Consejo de la Magistratura, que votó que antes de fin de año hubiera una resolución al respecto. Los consejeros tuvieron una votación dividida entre quienes querían sancionar al juez ad hoc y los que impusieron que fuera el tribunal cordobés el que decidiera el futuro en la causa de este abogado especialista en derecho civil, que subroga una de las causas penales más importantes y polémicas de la década del ‘90 en la provincia mediterránea.

El conjuez sobreseyó a los militares involucrados en la explosión de la Fábrica Militar y procesó por “falso testimonio” a testigos clave que aportaron datos sobre “movimientos extraños” en la fábrica de pertrechos bélicos en los días previos a la explosión del 3 de diciembre de 1995. Además de cuestionar la pericia química que afirmaba que la voladura había sido intencional, con argumentos copiados del sitio de Internet rincondelvago.com, lo que alarmó a las autoridades judiciales.

Estévez llegó a hacerse cargo de la causa en 2005, después de que el juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, se apartara y los dos primeros abogados en condiciones de convertirse en conjuez del expediente desecharan el convite. Ahora, los integrantes de la Cámara Federal de Córdoba, conformada por Luis Rueda, Gustavo Becerra Ferrer, Alejandro Mosquera y Humberto Aliaga Yafre (el otro camarista Abel Sánchez Torres, está de licencia) sellarán la suerte de Estévez como conjuez de la causa, en la que terminó por derribar las pruebas acumuladas –tras más de diez años de investigación– contra los jerarcas militares comprometidos en la explosión del polvorín.