La desaparición de Julio López carga de malos presagios la ausencia ahora de otro testigo en causas de derechos humanos. Y a su vez, esta desaparición de Luis Gerez resignifica la desaparición de López, tiende a disipar dudas. En los ’80, las rebeliones carapintada forzaron las leyes de punto final, obediencia debida y las amnistías menemistas. Ahora que esas leyes fueron anuladas, no hubo rebeliones ni movimientos corporativos, pero se produjeron estas desapariciones.

Podría significar que no hubo fuerza para una acción corporativa o que ésta va adquiriendo nuevas formas, como la simpatía distante o el desgano en la investigación de estos hechos. Sólo el núcleo más recalcitrante habría pasado de la conspiración a la acción y es probable que lo conformen quienes se sientan más afectados y en peligro por los juicios.

En los dos casos se trata de testigos contra ex jerarcas de la Bonaerense. Y ambos vivían en poblaciones chicas, fuera del conurbano, lo que facilitó el accionar sin testigos. Aunque hay varios detenidos de otras fuerzas, la elección de las víctimas y la inteligencia previa se orientó hacia ellos. Tampoco hay comunicados que den contenido a las acciones. Estas se explican por sí mismas: las víctimas son testigos contra represores de la dictadura. Los autores no tratan de buscar cómplices ni convencer como en otras épocas, son actos de intimidación pura y con un impacto concreto. Y tampoco es una demostración de poder –una rebelión o amotinamiento–, sino más bien de desesperación.

Aun así sería ingenuo pensar que los juicios podrían detenerse por acciones de este tipo. Intimidan, pueden desanimar a otros testigos, pero no tienen el impacto para mellar la voluntad de la sociedad y del Gobierno de llevar adelante los juicios. Por el contrario, generan una reacción inversa, ratifican la necesidad de hacerlos, porque confirman el carácter criminal de estos métodos que los acusados utilizaron en la dictadura.

Sin embargo, aunque no pueden terminar con los juicios, instalan un clima de inquietud y ponen al Gobierno en un brete cuando no acierta a encontrar a los responsables. En este caso, lo que podrían buscar no sería detener los juicios, sino presionar para que los acoten. Repetirían el mismo esquema que los carapintada con Raúl Alfonsín. Pero no es lo mismo, porque ante hechos tan focalizados, lo más probable es que cualquier gobierno, antes de ceder, redoble esfuerzos para ubicarlos y detenerlos.

Por lo tanto, parecería que la ecuación no cierra. Lo único que podría afectar a los juicios sería la presión de sectores de poder económico, político o religioso con la voluntad explícita de reinstalar la impunidad. Tendría que haber una campaña muy fuerte que podría aprovecharse del amedrentamiento provocado por el terror. Esa campaña no existe con fuerza en este momento. Es más, se podría pensar que la debilidad que tuvieron los últimos picos de esa campaña devino en acciones desesperadas.

Más allá de los objetivos que puedan buscar los autores, la repetición de estos hechos impone al Gobierno la obligación de esclarecerlos y castigar a los culpables. Pero hasta ahora la investigación de la desaparición de López no dio resultados, ya sea por la falta de indicios o por la poca convicción que se puso en ella. Todavía, para la mentalidad corporativa de las fuerzas de seguridad, resulta más fácil creerles a sus ex colegas que a militantes sociales o de derechos humanos.