“¿Querés ser torturada o violada?”, es una pregunta que se repite en el relato que hizo Mirta Clara la semana pasada ante el juez del Chaco Carlos Skidelsky, que investiga la Masacre de Margarita Belén. Ayer, el fiscal federal Jorge Auat solicitó la detención de seis represores en esta causa, en la que está involucrado el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni. El pedido se refiere a delitos cometidos antes del 24 de marzo de 1976 y se basó en el testimonio de Clara, detenida en octubre de 1975.
Los ex policías que el fiscal reclamó detener son: Lucio Caballero, Gabino Manader y José Francisco Rodríguez Valiente –ex altos oficiales conocidos en el Chaco por las numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos que hay en su contra– y Franciso Núñez (fallecido) Gregorio Pérez y un hombre de apellido Gándola, integrantes de la patota que detuvo a Clara. Página/12 confirmó esta información con colaboración de La voz del Chaco y El Diario.
Clara y su marido, Néstor Sala, fueron detenidos en octubre de 1975 durante un gobierno de Isabel Perón, por miembros de la Brigada de Investigaciones del Chaco en su casa de Resistencia. Clara fue llevada a la Brigada y después a una casa a orillas de río en Barranqueras. Estaba embarazada, pero eso no impidió que fuera torturada.
En noviembre de 1976 Mirta y otras 45 compañeras fueron trasladadas encapuchadas y esposadas a un lugar que no se pudo determinar. En ese momento, personal de la cárcel le quitó a su bebé y la llevó a un avión que la conduciría –junto con el resto del grupo– a la cárcel de Devoto. Allí recibió la noticia de la masacre de Margarita Belén, producida el 13 de diciembre de 1976, donde 22 militantes políticos –entre ellos su esposo– fueron asesinados con la excusa de un supuesto intento de fuga.
La solicitud del fiscal, hecha dentro del Juicio por la Verdad, se refiere a las torturas recibidas por Clara antes del 24 de marzo de 1976, por lo tanto, no cuestiona la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero es una señal de avance en la causa. En este expediente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió a Skidelsky la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la citación a prestar declaración indagatoria a los acusados, entre ellos, a Brinzoni, que en el momento de la masacre era secretario de la gobernación del Chaco.
Esta es la primera vez que en el Chaco se solicita formalmente la detención de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El abogado querellante Mario Bosch explicó que Auat acusó a los policías de delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Ahora, el juez deberá decidir qué pasos seguir. Tiene 72 horas para dar curso o desestimar el pedido del fiscal. De los seis ex policías acusados, se sabe que al menos tres tienen domicilio en el Gran Resistencia. Manader, Rodríguez Valiente y Caballero, fueron escrachados en distintas oportunidades por la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).