Los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada Adolfo Miguel Donda y Oscar Antonio Montes verán mermados sus ingresos a partir de enero. El juez federal Sergio Torres dispuso que un veinte por ciento de la suma que reciben como jubilación de la Marina fuera embargado para hacer frente a futuros resarcimientos de sus víctimas. La medida involucra por ahora sólo a estos dos ex subordinados de Emilio Eduardo Massera porque son los únicos cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Casación Penal. Este tribunal tiene pendientes numerosas resoluciones sobre la situación de militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Cuando finalmente las concrete, por lo menos otros cincuenta acusados podrían sentir el peso de la ley en sus bolsillos, al menos en relación con el dinero que no pueden ocultar.

Por su condición de marino en situación de retiro, Montes recibe todos los meses 3800 pesos. Donda cobra 1238. Los datos surgen de un informe que la Asesoría Jurídica de la Armada entregó al juzgado que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura por los integrantes del grupo de tareas 3.3.2. En ese expediente, Donda y Montes están procesados y embargados por sumas millonarias. Pero ambos aseguraron que no tienen bienes ni dinero para que esta última medida se concrete. Lo mismo hicieron el resto de sus compañeros de la ESMA. Por eso, la semana pasada Torres decidió retenerles parte de la jubilación que les da la Armada, dinero que no pueden camuflar. Dispuso que a partir de ahora todos los meses cerca de 240 pesos de Donda y 760 de Montes se depositen en una cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La plata se invertirá a plazo fijo renovable en forma automática cada treinta días. Y se destinará a eventuales indemnizaciones.

La medida apunta a que los multimillonarios embargos dictados por el juez en este caso sean algo más que una cuestión simbólica. La semana pasada, Torres procesó a 33 represores y dispuso que cada uno de ellos fuera embargado por un millón de pesos por cada hecho que se le atribuía. Así, Alfredo Astiz quedó comprometido en 258 millones, Jorge “El Tigre” Acosta en 230. El monto mayor, 420 millones de pesos, fue para José Martínez Pizarro, un médico de la ESMA. Montes mismo se vio involucrado por 245 millones, eso sin contar otras resoluciones similares que ya tenía en su contra. Pero esta decisión pecuniaria se convirtió en letra muerta, así como ocurrió con otras anteriores, cuando los represores aseguraron no tener un peso para aportar. Y eso es algo que repiten todos los acusados desde que, a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reabrieron las causas sobre el terrorismo de Estado. Las crónicas de los diarios reflejaron la mala cara que puso Astiz cuando en 2003 fue convocado por la Justicia para informarle que a partir de ese momento volvía a estar vigente su procesamiento. Su disgusto mayor, según las palabras del represor en la audiencia, no se debió a las acusaciones que pesaban en su contra por los crímenes de la ESMA, sino porque, además, quedaba embargado por cinco millones de pesos. “No voy a hablar de mis bienes”, fue casi lo único que dijo.

El patrimonio de los militares y civiles involucrados en violaciones a los derechos humanos y la forma en que éste fue adquirido también está bajo sospecha. En paralelo a la causa sobre la ESMA, Torres lleva un expediente sobre las propiedades y otros bienes de desaparecidos que fueron apropiados en ese centro clandestino de detención. Por el momento, para hacer efectivos los embargos, el magistrado resolvió no hacer una investigación sobre la fortuna de estos dos acusados, pero no se descarta que más adelante esta se lleve a cabo, así como también se les podría decretar la inhibición general de bienes.

El fiscal Eduardo Taiano ya había solicitado en junio de 2005 que se hicieran efectivos los embargos impuestos a los marinos procesados en la causa ESMA. En ese entonces, el funcionario basó su pedido en un informe de la unidad de asistencia a los juicios contra los represores de la Procuración General de la Nación. Ese organismo había detectado propiedades, cuentas y acciones empresarias que los represores acumularon durante los últimos treinta años a pesar de que en tribunales aseguraban no tener nada. Donda aparecía en ese listado con tres firmas a su nombre. Torres decidió centrarse ahora en el dinero que está a la vista y surge del sueldo que los marinos reciben como retirados de la Armada. “De cualquier manera en este momento ninguno de los procesados puede comprar o vender nada porque están presos y necesitarían autorización del juzgado. Si la piden, quedaría en evidencia lo que tienen”, explicó a Página/12 uno de los investigadores del caso.

Donda y Montes son los primeros a quienes se les aplica esta medida, ya que sus procesamientos no están apelados ante la Cámara de Casación. Ese tribunal debe expedirse sobre el resto de los acusados en la causa ESMA, que son cerca de cincuenta. De hecho, de esa cámara depende que el juicio oral y público contra los marinos y otros acusados por crímenes cometidos durante la última dictadura no se siga dilatando (ver aparte).

Donda, conocido en la ESMA como “Palito” o “Jerónimo”, fue jefe de Operaciones y de Inteligencia del grupo de tareas que actuó en ese centro clandestino. Y además de los numerosos asesinatos y tormentos por los que debe responder, también está involucrado en la desaparición de su hermano y su cuñada y en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda, que recuperó su identidad en 2004 (ver aparte). En 1984 se desempeñó como agregado naval en Brasil y luego de quedar libre gracias a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida formó parte del grupo de represores que se recicló bajo el mando del empresario Alfredo Yabrán.

Montes es vicealmirante retirado y durante la dictadura se desempeñó como comandante del grupo de tareas de la ESMA y luego estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Era parte medular de la estructura que detentaba el poder y regía los destinos del país y que a su vez había implementado el plan sistemático en el que el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA era la base del grupo de tareas 332”, señaló sobre él Torres en el procesamiento.