Desde México, D. F.

Los nexos de Claudio Lifschitz –ex secretario del juzgado de Juan José Galeano y actual defensor del represor Eduardo Ruffo– con la prostitución de lujo no lo dejan en paz. En noviembre pasado pidió la protección del juez Ariel Lijo por amenazas sobre un atentado en Buenos Aires. Ahora apareció como nota principal del conservador diario mexicano Reforma en una amplia entrevista –fechada en Buenos Aires– en la que denuncia a su ex patrón, Raúl Martins, por recibir protección del gobierno de Quintana Roo, de la policía mexicana y de las autoridades de Migración, que le permitirían residir y trabajar en el país sin el permiso legal correspondiente, además de ayudarlo a construir una red de prostitución con mujeres argentinas y brasileñas para quienes compra un permiso de trabajo.

Desplegada en la primera plana del diario y nota única en la página 8 de la primera sección, Reforma dedica muy poco espacio a poner en contexto de los lectores mexicanos el hecho de que Lifschitz es un testigo clave en el proceso por las irregularidades en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Según la nota de Reforma, Lifschitz “es conocido en Argentina por haber sido el ex funcionario que investigó y denunció los delitos cometidos en el proceso judicial” por el atentado contra la AMIA. Ahora, dice temer por su vida en México y justifica así su regreso a Argentina, donde era abogado de Martins desde hace siete años, como documentó Página/12 el pasado 21 de noviembre.

“Ya nada tenía que hacer en México y además tenía miedo. Gente amiga me aconsejó regresar a la Argentina, porque podía pasarme algo y aparecer muerto en cualquier lugar”, declara Lifschitz a Reforma, medio al que asegura que la única razón para hacer su denuncia periodística es que Martins “lo presionó para cambiar su testimonio judicial de la AMIA y desvincular así del escándalo al seriamente comprometido ex ministro del Interior Carlos Corach, y por consecuencia al ex presidente Carlos Menem. Pero esto ocurrió mucho antes”.

El hombre manda un mensaje, pero no es claro si lo dirige a las autoridades mexicanas o a algún destinatario argentino: “Si la justicia mexicana garantiza mi seguridad, yo puedo ir a declarar todo lo que sé”. Por lo pronto, señala a Martins como agente de inteligencia de la dictadura argentina entre 1974 y 1978, y lo identifica con el seudónimo Aristóbulo Manghi, y los alias “El Profesor” y “Pini”. Lo responsabiliza por dar seguimiento, fotografías y marcar personas “que luego los grupos de tareas iban a secuestrar y eventualmente a desaparecer”. Martins habría trabajado en la Base Billinghurst, que a su vez operaba para la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y para Automotores Orletti, como se llamaba la base operativa argentina del Plan Cóndor.

“Fui agente de la SIDE, y a mucha honra”, admitió Martins en agosto pasado, cuestionado por la prensa de Cancún, aunque se negó a dar detalles y a ser fotografiado.

Lifschitz no abunda sobre sus temores de ser asesinado por Martins, dueño de los prostíbulos bonaerenses The One y Spartacus, y de otros dos en Cancún y Playa del Carmen –el paraíso caribeño mexicano– bajo protección de políticos y empresarios locales.

El conservador diario mexicano Reforma le acredita la propiedad de dos prostíbulos VIP: The One, en Cancún, y Maxim, en Playa del Carmen, con la complacencia de las autoridades, incluso pese a su situación migratoria irregular. Martins tendría que haber sido expulsado de México en mayo del año pasado, pero un juez de Cancún le concedió un amparo que lo ha impedido.

Lifschitz dice a Reforma que Martins recibe protección del Instituto Nacional de Migración, de la Procuraduría General de la República, del ex gobernador Joaquín Hendricks, y del actual gobernador Félix González, “todo a través del empresario mexicano-libanés Isaac Hamui”.

En sus prostíbulos mexicanos trabajarían unas 150 mujeres, la mayoría de nacionalidad argentina y brasileña, que también son alquiladas para fiestas particulares en yates y mansiones que pueden durar hasta tres días. Estas mujeres ingresan al país como turistas y consiguen permiso para trabajar luego de pagar 1500 dólares, para luego quedar prácticamente recluidas en los locales de Martins. Si alguna se niega a prostituirse, “es abandonada en México sin un centavo”. Los prostíbulos serían manejados por la esposa de Martins, Estela Percivall, y por dos cuñadas, así como por su hijo de 25 años, Mariano. Otro de sus hijos, Augusto, de 30 años, estaría a cargo de sus negocios en Buenos Aires.