“La integración es un prerrequisito para una independencia genuina.” La conclusión podría atribuirse a varios mandatarios de Sudamérica, pero en esta oportunidad pertenece al académico norteamericano Noam Chomsky, de fama mundial por sus estudios críticos sobre la política exterior de Estados Unidos y por sus formidables aportes al estudio de la lingüística. En un comentario sobre “Alternativas para América latina”, del 18 de enero último, Chomsky elogia los esfuerzos del Mercosur, de la integración sudamericana y advierte: “Intentos previos de independencia han sido aplastados, en parte a raíz de la falta de cooperación regional. Sin eso, las amenazas pueden ser manejadas una por una (...) Para Estados Unidos, el enemigo real siempre ha sido el nacionalismo independiente, particularmente cuando amenaza convertirse en un ‘ejemplo contagioso’, según la declaración de Henry Kissinger sobre el socialismo en Chile de Salvador Allende”.

Por la calidad de origen la reflexión vale para ser tenida en cuenta por argentinos y uruguayos en los momentos de tensión derivados de la instalación de la pastera finlandesa en Fray Bentos. En particular después del último veredicto del Tribunal de La Haya que no hizo lugar a la protesta de Montevideo sobre los cortes de ruta en Gualeguaychú. La derecha de Uruguay quiere aprovecharlo para redoblar las presiones sobre el gobierno del Frente Amplio para que reemplace al Mercosur por tratados con Washington, mientras que de este lado del río hay quienes pretenden malinterpretarlo como un aval a los prolongados piquetes vecinales, que fueron útiles, tiempo pasado, para despertar conciencias pero que no han impedido el avance de la construcción, porque la solución verdadera sólo podrá encontrarse en la cooperación franca de las partes. Aunque sean todavía de forma, la disposición al diálogo enunciada primero por el presidente Néstor Kirchner y luego por el canciller oriental, así como las gestiones que reanudará el facilitador español la próxima semana, son la respuesta adecuada para los intereses de ambas naciones, del Mercosur y de la integración como “prerrequisito para la independencia genuina”.

Hablando de independencia, sabido es que la autonomía de los poderes es condición republicana y que, por lo tanto, la Justicia avanza en la dirección que requiera el cumplimiento de sus deberes, sin que esas decisiones tengan siempre el calce justo con la oportunidad en términos políticos. Las miradas suspicaces tratan de escudriñar en estos días sobre las posibles simetrías entre la reactivación de los expedientes judiciales sobre los crímenes cometidos por la Triple A y los móviles de diversos intereses políticos. La opinión más contundente fue el afiche de los maquinistas ferroviarios de La Fraternidad que sólo contenía una frase tajante: “No jodan con Perón”. Es que son variadas las sospechas que al final de este desgraciado hilo, antecedente directo del terrorismo de Estado, los encargados de desenredar la madeja toparán con la autoridad del desaparecido líder.

La hipótesis de la joda prende fácil en el antiperonismo pero también entre algunos veteranos peronistas, como el ex presidente Eduardo Duhalde, que ven a Kirchner como el sepulturero del movimiento que recorrió sesenta años con múltiples rostros, desde el justicialismo fundante hasta el neoliberalismo conservador del menemismo. Duhalde, en retiro activo, es de los que no aceptan que los dos partidos de la mayoría popular, peronista y radical, llegaron al final juntos, como vivieron la última mitad del siglo XX, cuando la Plaza de Mayo tronó el escarmiento a fines del 2001 con una sola voz de mando: “Que se vayan todos”. Aquella exhalación no tumbó sólo al gobierno de Fernando de la Rúa, pero en la lógica duhaldista la cronología lo rescata puesto que, en su versión, semejante hecatombe pudo superarse gracias a la vitalidad peronista. Algún día, los ánimos permitirán el reconocimiento debido a los servicios prestados en tamañas circunstancias por el caudillo bonaerense, y él por su parte deberá aceptar, sin resentimientos, que está fuera de competencia desde que le puso la banda al sucesor en la Casa Rosada, y no era el muñeco “Chirolita”.

Otros se preguntan si esta arqueología de la violencia política no debería tener un límite, aunque más no sea para impedir que la sociedad se fastidie tanto con el retorno constante que termine por darle la espalda a los que piden verdad y justicia. Algo de eso pasó en Italia con los procesos a la corrupción en nombre de las “manos limpias”, que dinamitaron a los mayores partidos políticos. Cuando ya eran más de tres mil los imputados por los fiscales, la derecha logró convencer a la opinión pública de que los hombres de ley, en beneficio de su propia fama, estaban trabando la marcha de los negocios y de las instituciones. En las circunstancias actuales, la derecha nacional pretende que el pasado se clausure con una amnistía generalizada, a libro cerrado.

Dado que ya no pueden reivindicar la represión terrorista como una gesta heroica de la “guerra fría”, debido a las evidencias incontrastables de los crímenes cometidos, esa estrategia busca el mismo propósito por otros medios. Entre ellos, hay que anotar los secuestros y las intimidaciones a los testigos que ayudarían a condenar a los bandidos de uniforme, las campañas que pretenden desprestigiar a las víctimas en lugar de perseguir a los victimarios, la propaganda mediática a favor del olvido antes que haya “nuevas violencias” o las artimañas de numerosos tribunales en el país que están sentados sobre los expedientes, dejando que pase el tiempo sin resolver nada.

Aquí no hay tres mil imputados ni muchos menos; son apenas doscientos los enjuiciados, un número menor en comparación, por ejemplo, con la cantidad de centros de detención clandestinos que operaron durante la última dictadura, pero el pacto de silencio corporativo, que ningún gobierno democrático logró quebrar hasta el momento, sigue protegiendo a un número indeterminado de responsables y verdugos. Hay que reconocer, sin lugar a dudas, que los avances conseguidos fueron posibles gracias a la tenacidad y el coraje de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas, Madres y Abuelas al frente, y de todas las personas que se encolumnaron en la defensa de los derechos humanos, entre los que hay que destacar a los abogados que honran a la profesión con el compromiso asumido con las víctimas.

Del mismo modo, nadie puede negar que el actual gobierno no tuvo vacilación alguna para disponer de la voluntad y los recursos que hagan posible la verdad y la justicia. La última decisión conocida fue el decreto presidencial, conocido ayer, que autoriza a militares y civiles a revelar secretos de Estado, sean imputados o testigos en los juicios vinculados a la investigación del terrorismo estatal, “para que no haya impedimento o pretexto que obstaculice la acción de la Justicia”, según explicó la ministra Nilda Garré. En el futuro, los historiadores de este tiempo revelarán la nómina completa de aportes gubernamentales en apoyo de la reivindicación de los derechos humanos, que son muchos más que los que llegaron a la difusión pública.

Aunque tampoco debería descartarse el oportunismo político de los que buscan acomodarse a los tiempos revolviendo en los estantes donde juntaban polvo viejos expedientes “cajoneados” por décadas, hay suspicaces que presienten que los expedientes de la Triple A no son más que una vía de acceso para sentar en el banquillo de los acusados a las organizaciones guerrilleras de los años ’70. Pues bien, así como la sociedad maduró su comprensión de lo que había sido el terrorismo de Estado hasta que la mayoría descartó la absurda equiparación de “los dos demonios”, llegará el momento en que el debate sobre aquella época no sea posible sino indispensable, para seguir avanzando. No hay razón para que ningún tema de la historia nacional esté prohibido, cada vez que la sociedad esté dispuesta a encararlo y no sea el fruto de la manipulación con fines sectarios. En esa instancia, serán las próximas generaciones las que se ocupen de la síntesis necesaria. Sin fanatismos ni prejuicios de ningún bando y muchos menos sin izquierdistas arrepentidos o convertidos.

A propósito de esta mención, una nota al margen, tanto como para joder un poco. El profesor brasileño Emir Sader elaboró una aguda “Guía para ser ex izquierdista”, divulgada por Internet el 22 de enero de este año: “Un buen comienzo puede ser decir que el ‘socialismo fracasó’, que ‘está decepcionado con la izquierda’, ‘que son todos iguales’. Ya estará en condiciones de decir que ‘no hay derechas ni izquierdas’, que algunos que se dicen de izquierda son en realidad la ‘nueva derecha’, son peores que la derecha y por eso mejor quedarse equidistantes. Del escepticismo se pasa fácilmente al cinismo de ‘votar a la derecha asumida’ para derrotar a la derecha disfrazada”. Un estrecho colaborador del presidente Kirchner suele decir que “no hay peor fracaso que esos gobiernos que suben por izquierda, gestionan por derecha y salen por corrupción”. De vuelta con Sader, un ex izquierdista es aquel que dice que “América Latina ‘no existe’, son países sin unidad interna y que nuestra política exterior ha de tener miras más altas, relacionarse con las grandes potencias y tratar de ser una de ellas, en lugar de seguir conviviendo con países de la región y del sur del mundo”. Al final de la “Guía”, el profesor de la Universidad de San Pablo asegura: “Es mucho más fácil ser de izquierda. No hacen falta pretextos, bastan las razones sobre lo que es este mundo y lo que puede ser otro mundo posible”.