Raúl Zaffaroni disfruta de la tranquilidad de enero en la Corte Suprema. Fue el único de los siete jueces que se quedó de guardia durante todo el mes. Aunque hubo mucho movimiento judicial, los grandes temas estuvieron en otros tribunales y los vio casi como un espectador. Quizás el que lo tocó más de cerca fue el del secuestro de Luis Gerez: el albañil fue a verlo la semana pasada y conversaron durante una hora y media. También, cuenta, se sorprendió “como todo el mundo” con la orden de detención de Isabel Perón. Y, en otro rubro, siguió con gran interés el devenir del conflicto por las papeleras y el fallo de la Corte de La Haya. “No creo que nadie tenga derecho a cortar caminos y puentes, no al menos indefinidamente”, advierte en diálogo con Página/12.

–¿Qué salida imagina para el conflicto por la instalación de la papelera de la empresa Botnia?

–Creo que hay tres salidas posibles. Una es que se sienten a hablar de nuevo los dos gobiernos en serio. Otra es el juicio en la Corte de La Haya, que tarde o temprano se resolverá. Y otra es la gestión del enviado del rey de España.

–¿Cuál sería la mejor?

–Lo más sano sería que se sienten a hablar los gobiernos.

–¿Por qué cree que hasta ahora no se logró una solución?

–No sé, pero hay que intentarlo de nuevo.

–Supongamos que haya diálogo de presidentes y que usted pudiera estar ahí, ¿qué propondría?

–Habría que tener una información cabal del daño ecológico que puede causar la planta e involucrar a la gente más experta en la materia. Hasta ahora se ha convocado, a mi gusto, a demasiada gente. En materia ecológica te encontrás con posiciones extremas: un Bush que dice que no pasa nada en el mundo y del otro lado los que dicen que todo contamina. En segundo término, ver cómo se puede evitar eso. Tiene que haber una solución. No se me ocurre que no pueda haber ninguna solución técnica.

–¿Usted se refiere a una salida alternativa que no sea necesariamente la relocalización de la pastera?

–Quizá no sea necesario que la empresa se relocalice, habrá que verlo, lo que es necesario es evitar la contaminación. Quizá se puede hacer, por ejemplo, con un control bilateral.

–¿Qué opina de la protesta basada en los cortes de ruta y puentes?

–Me parece que no está bien que corten los puentes. No creo que sea una solución adecuada, me parece que agrava el conflicto. No creo que nadie tenga derecho a cortar caminos y puentes. Todos tienen derecho a protestar, por supuesto, pero interrumpir caminos me parece que no, no al menos indefinidamente. Es lo mismo que opino de los otros cortes de ruta.

–¿Qué alternativa para hacerse oír tienen los asambleístas si no es el corte?

–Si alguien no tiene otro modo de llamar la atención que cortando una ruta, un rato lo puede hacer, depende de la gravedad del caso. Si un pueblo se muere de hambre, corta la ruta. Que se mantenga la protesta, pero no con el paso cortado todo el tiempo.

–¿Un corte permanente es delito y uno circunstancial no?

–Una cosa es interrumpir un camino un rato, otra hacer lo que hacen ellos. Hasta qué punto tengo derecho a llamar la atención, a protestar, depende de la gravedad del conflicto y la urgencia.

–¿Qué le pareció el fallo de la Corte de La Haya que rechazó la semana pasada la medida cautelar de Uruguay para poner fin a los cortes?

–La Corte actuó prudentemente. Pero todavía no resolvió el conflicto de fondo, ahí veremos.

–¿Qué debería hacer el Gobierno ante los cortes?

–Tendría que disuadir a la gente y buscar solución. No conozco el intríngulis, pero imagino que estarán tratando de resolverlo.

–¿Qué consecuencias puede traer la persistencia de este conflicto?

–Yo no sé por qué no se pudo destrabar, pero ya pasó mucho tiempo. Las consecuencias para el futuro del Mercosur no son buenas. Es un conflicto que tenía que haberse evitado. Hay una incapacidad de resolver el conflicto en el propio bloque regional, lo que demuestra que es un bloque débil. Si no somos capaces de resolverlo entre nosotros, ¿cómo pretendemos actuar frente al exterior? Se debilita nuestra imagen.

El caso Gerez

–¿Para qué fue a verlo Gerez?

–Para contarme lo que pasaba. En alguna medida habló de que lo están investigando a él. Quería darme su versión de los hechos, decirme cómo lo secuestraron. Su abogado habló de cómo se está llevando a cabo la investigación. Nada que no se sepa, nada que me trajese alguna novedad. Yo los escuché. También se refirieron a la posibilidad de que la investigación pase al fuero federal. Pero les dije que sobre eso no podía emitir opinión porque puede llegar a la Corte.

–¿Cómo lo vio a Gerez anímicamente?

–Lo noté asustado, un hombre con miedo por lo que le pasó. Aunque no lo manifiesta se puede ver en el tono de voz cada vez que se refiere al tema.

–¿El relato del albañil, al menos del que hizo ante la Justicia, le da desconfianza? La fiscalía y el gobierno bonaerense creen que no dice todo lo que sabe, que no ha dado ciertos detalles del secuestro.

–Si el hombre realmente estaba asustado es normal que no retenga imágenes.

–¿Qué le parece que haya dos investigaciones paralelas? Investigan las fiscales con la policía, por un lado, y por otro el Ministerio de Seguridad bonaerense.

–No hay inconveniente en que eso suceda, cualquiera puede investigar un hecho en la medida en que no se oculten datos. Lo puede hacer hasta un investigador privado. La investigación oficial es la que está a cargo de la jurisdicción, es decir, la de la fiscalía. Lo que no puede hacer nadie es tener datos sobre un delito y no ponerlos en conocimiento de quien lleva la investigación. Recabar datos es algo que puede hacer cualquiera.

–La hipótesis de la fiscalía hace foco en el entorno de Gerez y las peleas políticas en Escobar. ¿Se puede investigar a la víctima?

–Calculo que la policía y los jueces investigan todas las hipótesis. Las víctimas siempre son los primeros sospechosos. Lo primero que se descarta en una investigación judicial es si el hecho existió.

–Gerez tiene los teléfonos intervenidos y la fiscalía lo denunció, en base a una conversación grabada, por “instigar” a su esposa a no declarar.

–Es común que le intervengan los teléfonos a la víctima y que se investigue todo. Si alguien denuncia un incendio, lo primero que se ve es si tiene seguro.

–Otra de las líneas de investigación, que alienta el Ministerio de Seguridad, apunta a la policía y a Luis Patti, a quien el albañil acusó de torturarlo en 1972. ¿Está bien que la policía intervenga en la pesquisa?

–La investigación la tiene que llevar a cabo la policía. No la puede hacer otro. Si hay alguna sospecha se refiere sólo a un segmento, pero no a toda la policía. A su vez nada impide que investiguen otras fuerzas.

–¿Y cómo es posible que a un mes del secuestro los investigadores ni siquiera hayan dado con el galpón utilizado? ¿Qué falla?

–No lo sé, son delitos que no son fáciles de investigar en ningún caso.

–Pero también entraron en escena otros elementos, como el mensaje del Presidente por cadena nacional y los intentos de grupos del PJ que intentan sacar alguna tajada del caso.

–El hecho se politizó tremendamente.

–¿Qué relación encuentra entre los casos de Gerez y Julio López?

–Bueno, son dos secuestros. Tampoco sabemos exactamente qué pasó en el caso de López, sólo que hubo una privación ilegal de la libertad y una desaparición. Por eso la Corte resolvió que debe investigar la Justicia federal, porque el Estado argentino está obligado a investigarlo de ese modo en base al derecho internacional.

–Su colega Carmen Argibay dijo que estos casos le sugieren que hay grupos con “operatividad”, mano de obra desocupada policial ligada al terrorismo de Estado.

–No sé, no lo vinculo al caso, uno puede dar impresiones, que son siempre impresiones. En el caso de López, tengo la sensación de que lo que puede suceder, aunque no conozco la intimidad de los hechos, es que en realidad se han tocado fuentes de recaudación policial de la provincia de Buenos Aires y puede haber gente afectada por eso. Es el riesgo que se corre cuando se toca una fuente de recaudación. No creo que haya grupos operativos ideológicos, pero por supuesto que pueden cubrirse bajo el manto de la dictadura. Podrán elegir a las víctimas con alguna intención, pero no necesariamente tratarse de grupos operativos. Hace treinta años mataban prostitutas en Mendoza y decían que era la “Organización Pío XII”, pero era la competencia de la trata de blancas.

–Entonces usted descarta la vinculación con policías de la dictadura.

–No se puede descartar nada, pero me inclino a creer que el origen no es ése. Los vinculados al terrorismo de Estado son mayores de sesenta años y no me imagino que puedan tener capacidad operativa como para una desaparición forzada. En un cálculo de probabilidades, me inclino más por la otra hipótesis.

–¿Cree que el Gobierno ya agotó todos los recursos en la búsqueda de Julio López?

–No lo sé. Nosotros, desde la Corte, la medida que tomamos fue pasar el tema a la Justicia federal dada la gravedad del caso y la obligación que tiene el Estado.

–¿Qué más podría hacer el Gobierno?

–Podrían convocar a grupos especiales de secuestro, pero me parece que la provincia los tiene. Quizá ya lo hicieron. Es importante convocar a los especialistas.

Isabel y la Triple A

–¿Usted es de los que creen que con la causa de la Triple A y el pedido de captura de Isabel Perón hay un juicio político al peronismo?

–No lo sé. Si fuera así, la historia no se investiga penalmente. Lo que se investigan son delitos. No puedo decir que los jueces estén implicados en cosas de ésas, sería pensar en una conspiración. No comprendo cuál sería el objetivo, aunque es cierto que el campo de la política siempre puede dar sorpresas.

–¿Se sorprendió con el pedido de captura de la ex presidenta?

–Me sorprendió como a todo el mundo.

–¿Y con el ofrecimiento del ex gobernador Eduardo Duhalde para asesorarla?

–En política a uno nada le llama la atención.

–¿Le merecen confianza los jueces que ordenaron la detención (Norberto Oyarbide y Héctor Acosta)?

–Los jueces me merecen confianza hasta que algo demuestre lo contrario.

–¿No le extrañó que pidieran el arresto con diferencia de unos pocos días?

–Llama un poco la atención, pero puede ser una coincidencia. No creo que haya nexo entre los dos jueces. Son competencias muy distantes. Puede ser llamativo, pero no hay nada que indique que sea resultado de algo conspirativo.

–¿A qué atribuye que después de tantos años se reavive ahora la investigación sobre los crímenes previos al golpe militar?

–En México están investigando al presidente y los sobrevivientes del ’68.

Y con esto no abro juicio sobre si (los crímenes de la Triple A) son hechos imprescriptibles o no, que será una cuestión que en algún momento seguramente llegará a la Corte.

–¿Hay algo de espectáculo en estas detenciones y pedidos de extradición?

–Se están abriendo juicios por hechos del pasado y, bueno, también sale a relucir esto de la Triple A. Pero ya dije que no puedo extenderme en opiniones.

–El juez Acosta lo citó a Raúl Alfonsín bajo el supuesto de que habría existido un pacto entre el PJ y la UCR para no investigar los crímenes anteriores al golpe del ’76. ¿Cree que ese acuerdo existió?

–La impresión que tengo es que no existió ese pacto. Creo que la decisión de Alfonsín desde un comienzo fue investigar los hechos de la dictadura. ¿Cómo podía garantizar el gobierno de Alfonsín que no se investigaran determinadas cosas? Si el Poder Judicial es independiente, cómo garantizás que a ningún juez se le ocurra investigar.

–Pero el Poder Judicial no siempre es independiente.

–No siempre, pero son muchos los jueces de primera instancia, ¿cómo los controlás? Esto no es una cuestión vertical donde alguno da una orden. Muchas veces el avance de una causa depende de quién la mueva, como las víctimas o los querellantes. En la causa de la Triple A no había nadie. Es raro que el Poder Judicial de por sí impulse una causa, es por una cuestión burocrática.