El 29 de enero pasado, la visita del funcionario judicial Juan Manuel Casolati a la Unidad 22 de Olmos derivó en una denuncia penal en la que se exigía el retiro de partidas de leche de uso industrial. Este tipo de lácteo es absolutamente contraindicado para pacientes inmunodeprimidos como los internados en la 22, que es el Hospital Penitenciario. El Código Alimentario Argentino la prohíbe para el consumo humano directo en cualquier caso. La denuncia fue efectiva y la reacción también, porque tres días después el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, ordenó no suministrar la leche en cuestión en ninguna de las unidades. Pero en el SPB nada es lo que parece. En mayo de 2004, el actual encargado de todas las compras del servicio, Adalberto Richiusa, recibió una pericia del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en la que se le advertía lo nocivo de la leche de uso industrial. Se ordenó el retiro de la unidad 24, donde fue detectada. Pero se mantuvo en las otras unidades por una razón obvia: se paga como leche común pero es infinitamente más barata.

A principios de 2004, autoridades de la unidad 24 de Varela enviaron a los laboratorios del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense una muestra de leche marca Vacalín con la etiqueta “de uso industrial”, entregada por el proveedor Dasem SRL. El 7 de mayo de ese año, la bacterióloga Martha Cabral y la médico veterinaria Gabriela Pracca, del laboratorio ministerial, tras peritar el producto concluyeron que “se trata de un producto de uso exclusivo industrial, no pudiendo ser consumido en forma directa por las personas y, fundamentalmente, en aquellos casos en las que las mismas manifiesten procesos infecciosos o se encuentren encuadradas dentro de grupos de riesgo (pacientes HIV positivos o inmunodeprimidos)”. El 14 de mayo, Richiusa, quien controla todas las compras del SPB, recibió una nota que lo informaba sobre la pericia. Se presentó también una denuncia penal. Como en esta ocasión, la leche fue retirada inmediatamente, pero sólo de la unidad 24. La medida protegió a unos mil internos. Los otros 24 mil siguieron consumiendo la mala leche. Los motivos saltan a la vista: la leche que admiten los pliegos de licitación es leche en polvo, cuyo valor oscila entre los 6 y 8 pesos el kilo. La de uso industrial a la fecha de la pericia se cotizaba a 6,66 pesos. Pero no por uno sino por 25 kilos. En pocas palabras, 24 mil presos y unos 11 mil guardias consumían leche nociva y barata por leche nutritiva y cara. Gato por liebre.

El 29 de enero pasado, Casolati realizó una visita de rutina al Hospital Penitenciario de Agudos Mixtos Unidad 22 de Olmos. A esa fecha había internados 27 pacientes, de los cuales 3 estaban ubicados en el sector de aislamiento porque padecían enfermedades infectocontagiosas y estaban en pleno período de contagio.

Al día siguiente, Casolati presentó una denuncia ante la Cámara de Garantías de San Martín y ante una fiscalía. Además de los desatinos con las historias clínicas, sostuvo que “la cocina estaba en un estado paupérrimo, deficiente y de extrema suciedad; mampostería rota, falta de vidrios, de mosquiteros, suciedad de los elementos de cocina, moscas en todo el sector y sobre la comida, frutas y verduras en estado de descomposición, olor nauseabundo, desorden generalizado, falta de control de las autoridades de seguridad y de las propias autoridades sanitarias”, sostuvo la denuncia presentada al día siguiente por Casolati.

Al aspecto vomitivo de la cocina se agregaba que los ayudantes de cocina que trabajaban allí dentro no eran contratados sino presos, cinco internos de culto evangélico pertenecientes a la U25 de Olmos. Para sorpresa de Casolati, y delante del subdirector del Area Técnica, Roberto von Wernich, los cinco presos, asumidos en su tarea evangelizadora, distribuían personalmente la comida a los pacientes y volvían a preparar con sus propias manos la comida para el resto. Entre los pacientes estaban los que se hallaban en el sector de aislamiento por padecer enfermedades infecciosas en período de contagio. Uno de esos pacientes se encontraba en condiciones deplorables, él, sus sábanas, el pan duro, el vaso sucio con presunto té con leche (nociva), el plato con agua. Dentro de esa inmundicia se encontraba una bolsa de 25 kilos de leche en polvo Brany de uso industrial. El 2 de febrero pasado, el despacho 9632 del jefe Fernando Díaz a todos los jefes de unidades decía que “se lleva a conocimiento de los señores directores que a partir de la fecha deberán arbitrar los medios pertinentes a fin de no suministrar (subrayado en el original) a la población carcelaria y personal a su cargo leche en polvo que en su envase contenga la leyenda uso industrial, uso industria alimentaria o similar”.