Considerado el ideólogo de las torturas a los prisioneros en Guantánamo y Abu Ghraib, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Alberto Gonzales –algo así como el alter ego judicial de George Bush–, estuvo ayer en Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios y entidades judías. De la AMIA y la DAIA recibió un pedido para que la Casa Blanca interceda ante Interpol, de manera de acelerar la captura de los ex funcionarios iraníes reclamados por la Justicia por el atentado a la mutual judía. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, le trasladó una inquietud por la que, si Gonzales hace honor a sus antecedentes, no debería alentar muchas esperanzas: le solicitó que se conmute la ejecución del argentino Víctor Hugo Saldaño, quien apeló su condena a muerte en Texas. Por consejo de la Cancillería, y un día después de que Argentina firmara la Convención contra la Desaparición de Personas, Gonzales –el inventor de la figura del “combatiente enemigo”, para quien no corren las disposiciones de la Convención de Ginebra– no pisó la Casa Rosada.

La incómoda visita se produjo en el marco de una gira del hispano Gonzales por la región. Antes de Argentina, pasó por El Salvador y hoy continuará viaje a Brasil. Lejos de los amables tonos políticos que mañana traerán sus colegas de gabinete Nicholas Burns y Tom Shannon, Gonzales desembarcó con las preocupaciones más caras a la administración Bush: quería hablar de terrorismo y narcotráfico.

En la embajada de Estados Unidos, Gonzales recibió a Iribarne, al ministro del Interior, Aníbal Fernández, y al procurador general, Esteban Righi. El norteamericano elogió calurosamente el trabajo de la Justicia argentina respecto del atentado a la AMIA que desembocó en el pedido de captura internacional contra ocho ex funcionarios iraníes, incluyendo al ex presidente Alí Rafsanjani. Luego, el funcionario de Bush participó de un homenaje a las víctimas del ataque y de un encuentro con las autoridades de la comunidad judía.

“El recuerdo de lo que sucedió aquí, al igual que en nuestro 11 de septiembre, nos pone a prueba. Es en memoria de las víctimas de este atentado y de las personas que permanecen con vida por lo cual luchamos contra el terrorismo. No debemos olvidar jamás y no debemos abandonar nuestra lucha hasta alcanzar la victoria”, arengó Gonzales.

La carrera del “caballero de la tortura” –como lo llamaron organismos de derechos humanos internacionales– está fundida a fuego a la de Bush. El hoy secretario de Justicia nació en un humilde hogar de inmigrantes mexicanos en San Antonio, Texas. Su padre, Pablo, era un obrero de la construcción. Alberto y sus siete hermanos no supieron de comodidades y a duras penas accedieron a la escuela pública. Gonzales se graduó con excelentes notas y se enroló en la Fuerza Aérea. Consiguió un puesto en la Academia para estudiar Ciencias Políticas y coronó su formación en la Escuela de Derecho en Harvard.

En política se inició en 1994, cuando fue nombrado asesor de Bush, por entonces gobernador de Texas. George W. supo que Gonzales era alguien en quien podía confiar cuando lo ayudó a eludir la obligación de actuar como jurado en el caso de un acusado de conducir borracho. Es que Bush no quería declarar que él mismo había sido condenado por manejar ebrio en 1976. Poco después Gonzales fue secretario de Estado en Texas y, en 1999, juez de la Corte.

Una de las principales características de Gonzales como secretario de Estado fue que rara vez tuvieron suerte los pedidos de clemencia que los condenados a muerte le elevaban al gobernador Bush. Según las denuncias, Gonzales omitió referencias que podrían haber salvado a los presos, como informes de salud o sobre su capacidad mental. Es sabido el dato que durante el mandato de Bush en Texas se usó la pena de muerte (hubo 152 casos) más que en ningún otro estado en la historia.

Dejando al Rodolfo Barra de Carlos Menem a la altura de un inofensivo aprendiz, Gonzales fue acusado por la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles y el Centro para Derechos Constitucionales, entre otros organismos, de interpretar las leyes para la conveniencia de Bush. Tal actitud pasó a convertirse en una dolorosa certeza a escala mundial partir de 2000, cuando George W. llegó a la Casa Blanca.

En ese sentido, su obra cumbre fue un memorando secreto escrito en 2002 en el que consideró que la Convención de Ginebra no corría para los “enemigos combatientes”, en referencia a los militantes de Al Qaida y los talibanes de Afganistán. A partir de entonces, sólo se consideraría tortura si el dolor generado en los interrogatorios incluye “heridas que produzcan la muerte, la falla de un órgano o serios impedimentos de una función corporal”. En las prisiones de Guantánamo y Abu Ghraib hubo vía libre para las golpizas, las humillaciones sexuales, amedrentar con perros rabiosos y demás lindezas consideradas “crueles e inhumanas” por la Cruz Roja Internacional. Gonzales se mostró como un teórico de la cuestión. Sostuvo que luego de 11/9 el mundo enfrentaba “un nuevo paradigma”, por lo que las protecciones civiles protegidas en Ginebra se habían convertido en “obsoletas”.

Lejos de castigar a su funcionario, Bush lo ascendió hasta el más alto puesto jurídico. El Attorney General congrega bajo su mando el cargo de un ministro de Justicia y la procuración general. Para su ratificación en el puesto, Gonzales debió sortear un durísimo interrogatorio de la oposición demócrata que lo ametrallaron sobre la cuestión de las torturas, pero finalmente fue designado por la mayoría republicana. Ese mismo día, en The New York Times apareció una solicitada firmada por varios ONG, entre ellas Amnistía Internacional. “Puede que ustedes no conozcan a Alberto Gonzales”, era el título colocado junto a su foto. “Pero estamos seguro de que reconocerán los resultados de su trabajo”, agregaban junto a una de las célebres imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, aquella que mostraba un detenido iraquí escapuchado y obligado a mantener equilibrio sobre una caja con cables de electricidad conectados a sus manos.

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