Por Victoria Ginzberg
y Mónica Gutiérrez

Silvina Parodi estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada junto con su marido, Daniel Orozco, el 26 de marzo de 1976 y llevada al centro clandestino La Perla. Desde ese momento empezó para Sonia, su mamá, una búsqueda que aún no termina. La mujer no encontró justicia ni –todavía– a su nieto, pero se topó de frente con la impunidad. Uno de los victimarios quiere convertirse en víctima y la denunció por “calumnias e injurias”. Hoy comienza en Córdoba el juicio oral en el que Máximo Rigatuso, ex diputado nacional y dirigente justicialista, intentará que condenen a la Abuela de Plaza de Mayo, y pedirá para ello la ayuda del represor Luciano Benjamín Menéndez.
“Una batalla permanente contra el tiempo y el olvido” se tituló una nota que publicó hace cuatro años el diario La Voz del Interior. Allí Sonia relataba parte de su vida, la que comenzó con el secuestro de Silvina y Daniel. La mujer narró cómo había recorrido todas las cárceles del país y reclamado ante “amigos y enemigos, pobres, ricos, militares, curas y jueces”. También aseguró que Silvina, como otros ex alumnos del colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano “fueron delatados por Rigatuso”. Por esa frase fue querellada.
Rigatuso fue nombrado rector del Manuel Belgrano a mediados de 1974. Era un buen representante del entonces ministro de Cultura y Educación, Oscar Ivanissevich. Después de su asunción, en el colegio comenzaron los “aprietes” a alumnos, docentes y no docentes por parte de prolijos celadores que, según testimonios, andaban armados. El centro de estudiantes fue declarado ilegal y los padres de quienes eran considerados “sospechosos” fueron citados por las autoridades para que intentaran “sosegar” a sus hijos.
A fines de julio de 1975 el papá de una alumna difundió una nota dirigida a Rigatuso donde aseguraba: “Ha terminado usted por acudir a la Policía Federal y denunciar allí los nombres y apellidos y las direcciones de los niños y adolescentes que usted ha sindicado como ‘activistas’ para que un funcionario intermedio de la delegación de Córdoba las convoque individualmente con la presencia de sus padres y les prevenga a unos y a otros sobre la necesidad de no realizar actividades estudiantiles”. Al menos 12 adolescentes del Manuel Belgrano, en su mayoría egresados en 1975, fueron secuestrados después del golpe y llevados a La Perla.
La elaboración de listas en las que las autoridades del colegio “señalaban” a estudiantes y profesores fue denunciada por ex alumnos y docentes, pero además, fue admitido por los mismos funcionarios de la última dictadura y probado en una causa judicial.
Nori Ana Coria de Bellomo es una docente del Manuel Belgrano que fue cesanteada en 1976 y años después reclamó judicialmente su reincorporación. El juez del caso, Miguel Angel Puga, solicitó los testimonios del jefe de Inteligencia 141, coronel César Emilio Anadón y del delegado militar en la escuela luego del golpe, el capitán Manuel Carmelo Barceló. Anadón, uno de los responsables del centro clandestino La Perla, declaró que la cesantía “se produjo como consecuencia de informaciones producidas por las autoridades del mencionado colegio, anteriores al 24 de marzo de 1976”. Barceló fue más preciso. Dijo que “los informes recogidos y proporcionados por el doctor Tránsito Rigatuso indicaron acerca de la ideología marxista de la señora de Bellomo”.
Los padres de Jorge Nadra, otro estudiante desaparecido, iniciaron en 1995 una querella contra Rigatuso. El ex interventor logró no ser condenado pero el juez federal Gustavo Becerra Ferrer consideró que “en relación a la existencia de listas de alumnos y posterior entrega a personal militar, el hecho ha quedado plenamente acreditado con diversos testimonios rendidos”. “Está probado –añadió– que Rigatuso, con el propósito de reestablecer la disciplina en el instituto educacional a su cargo formuló reproches a alumnos y a sus padres sobre el comportamiento de sus educandos.” Sonia supo por testimonios de sobrevivientes que su hija fue llevada de La Perla a la cárcel de mujeres Buen Pastor en abril de 1976. Cuando su embarazo llegó a término, la sacaron de allí para tener a su hijo, un varón. Mientras Sonia busca a su nieto, tiene que lidiar con el juicio en el que el dirigente justicialista cordobés Rigatuso intenta limpiar su nombre, ensuciado por sus propios actos. Es una campaña que inició en 1995, cuando el entonces gobernador Ramón Mestre designó a Hugo Lafranconi en el Tribunal Superior de Justicia. Lafranconi había sido docente y “colaborador” de Rigatuso en la Escuela Manuel Belgrano y su nombramiento fue cuestionado por funcionarios y abogados, entre ellos el fiscal de Estado Alberto Zapiola, su mujer Liliana Aguiar de Zapiola, directora del Belgrano en democracia y el abogado Claudio Orosz. Rigatuso denunció por calumnias a los tres, luego vino la querella contra Sonia Torres de Parodi y al poco tiempo embistió contra Agustín Ditofino, dirigente de HIJOS. La de Sonia es la primera causa que llega a juicio oral.
Hoy declarará ante el juez Rubens Druetto el periodista Adrián Bassola y mañana concurrirán a los tribunales el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el subjefe Fernando Santiago y César Anadón, ex jefe de Inteligencia. En el juicio estará presente Verónica Reyna, una observadora de Amnistía Internacional. El organismo ya anticipó que en caso de que Sonia no sea absuelta, se la considerará presa de conciencia. “Con sus denuncias, las Abuelas están llevando a cabo una lucha incesante contra el olvido y la impunidad para recuperar a sus nietos y para obtener verdad y justicia. Sería una imperdonable ironía que la justicia argentina ahora contribuyera a silenciarlas”, sentenció Amnistía en un comunicado.