La fiscalía que investiga la represión en Avellaneda acusaría hoy al comisario Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta por el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Dirá que los mataron “de común acuerdo” y los responsabilizará también por tentativa de homicidio contra otros dos manifestantes. Según constancias de la causa a las que accedió Página/12, la pesquisa apuntará a más policías, incluso al comisario Félix Vega –autoridad máxima de la intervenida jefatura departamental de Lomas de Zamora–, a quienes el fiscal Juan José González acusó en una nota enviada al gobernador Felipe Solá de “obstruir la investigación, ocultando información y mintiendo acerca de lo ocurrido”.
González basaría buena parte de la imputación en los registros fílmicos y fotográficos de la cacería policial del 26 de junio y en algunos testimonios. Le pedirá a la jueza de garantías María Salvo la prisión preventiva de Fanchiotti y su chofer, Acosta, por “doble homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”. Es decir, los considera responsables de la muerte de los dos piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón –no sólo de Santillán, como preveían hasta la semana pasada– y las heridas sufridas por otras dos personas. Al cabo Lorenzo Colman y al oficial Carlos Jesús Quevedo los acusaría por encubrimiento.
Fanchiotti, quien comandaba el operativo policial el día del corte del Puente Pueyrredón, rompió el silencio la semana pasada y aceptó ser indagado. Dijo que es inocente, que sólo disparó balas de goma, y trasladó responsabilidades a Acosta, quien aparece actuando junto a él en las imágenes de la estación de Avellaneda. Acosta, por su lado, hasta ahora prefirió negarse a declarar. El fiscal González sostiene que ambos siguieron “un plan unitario con acabado conocimiento de la conducta que desplegaba el otro”. Fanchiotti pedirá ampliar su declaración después de que la jueza resuelva, adelantó su abogado, Eduardo Brude. “También solicitará estar presente cuando este jueves se realice una pericia balística sobre las armas utilizadas y los cartuchos, para garantizar que no la truchen”, añadió. Y el 5 de agosto le toca someterse a una pericia psiquiátrica.
La fiscalía tenía un mes para definir los cargos contra los cuatro policías que están presos. Pero la pesquisa sigue y cuenta con elementos claves que apuntan a otros uniformados. El fiscal González –quien perteneció a la Bonaerense– le informó por escrito al gobernador Solá que no sólo Fanchiotti sino el comisario mayor Vega, el jefe de la Comisaría 1ª Néstor Benedetti “y un oficial vestido con buzo azul y blanco a rayas y un chaleco azul”, “mintieron” y “posibilitaron que se borraran importantes pruebas del lugar donde ocurrieron los hechos, en particular donde fueron heridas todas las víctimas, y muy especialmente donde fueron heridos mortalmente Kosteki y Santillán”. El hombre de buzo rayado resultó ser el oficial Mario de la Fuente, uno de los policías que actuó armado y de civil entre los manifestantes, al igual que el sargento Carlos Leiva, ambos señalados por este diario, hoy prófugos de la Justicia.
“Ante las preguntas concretas que se les formularon en la dependencia en presencia de Eduardo Alonso, fiscal general, Homero Alonso, adjunto, y Rafael Paita, secretario, negaron conocer el lugar donde fueron heridas las víctimas fatales y quiénes los trasladaron hasta el hospital, impidiendo con ello que pudiera constituirme en el lugar, posibilitando con ello la rápida limpieza del mismo”, decía el texto de González al que tuvo acceso Página/12. En el caso de De la Fuente, advierte el fiscal, “en las imágenes televisivas se lo ve transportando a Kosteki hasta la camioneta que lo trasladaría al hospital”.
En base a ese documento, los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) pedirán más imputaciones. Pero para definir el alcance esperarán la resolución de la jueza. “Nosotros sostenemos que todo fue planificado y no creemos que Fanchiotti haya sido el jefe máximo sino un eslabón del operativo. Policías,gendarmes y prefectos dispararon en diferentes lugares”, dijo el abogado Sergio Smietniansky. “Hay que investigar al Poder Ejecutivo”, añadió.