Ahora, las empresas que construyen torres en la ciudad, contraatacan. Al menos una de ellas –la que construye dos torres en el barrio de Caballito– le inició una demanda por daños y perjuicios a dos dirigentes vecinales, los más activos en la movilización en contra de la edificación indiscriminada de construcciones de gran altura. Se trata de una demanda por daños y perjuicios, cuyo primer paso se dará el lunes, en una audiencia de mediación entre la empresa demandante y los dos dirigentes vecinales. Lo curioso es que la empresa no está afectada ni por el decreto del gobierno porteño que frena los nuevos permisos de obras en seis barrios ni por la medida judicial que había dispuesto lo mismo en dieciséis manzanas de Caballito. La obra continúa a toda máquina. Los vecinos se quejan porque aseguran que fue autorizada sin que se haya realizado el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública a la que obliga la ley.

La empresa constructora es Koad SA y la obra que construye ocupa un amplio espacio de 7500 metros cuadrados en la manzana comprendida por las calles Felipe Vallese, Colpayo, Arengreen y Rojas, en el barrio de Caballito. Los vecinos que se oponen a la construcción de torres protagonizaron el 24 de enero último una movilización frente a esa obra para denunciar lo que consideran una construcción irregular.

Los demandados son Gustavo Desplats, titular de la asociación Protocomuna Caballito, y Mario Oybin, dirigente de SOS Caballito, la entidad que logró el recurso de amparo de la Justicia porteña, el 7 de noviembre último, para frenar nuevos permisos de obra en un sector de Caballito. Además de los dos vecinos, resultó demandada la primera de las organizaciones.

Los demandados recibieron el jueves pasado una carta documento con una citación a una audiencia de mediación privada, que se llevará a cabo el lunes a las 15 en Uruguay 572, en el estudio de la mediadora, María Cristina De Ponti Lezcano. Se trata del paso previo, obligatorio por ley, antes del inicio de un juicio civil. La acción judicial está motorizada por la empresa Koad S. A., que construye el complejo Nuevo Caballito, dos edificios en torres de departamentos.

“Están apretando para asustar a los vecinos. Es una maniobra de presión psicológica, pero ninguno de nosotros va a dar marcha atrás por esto”, dijo a Página/12 el abogado Osvaldo Sidoli, quien junto con Alejandra Butti, representa a los vecinos de Caballito.

El letrado dijo que desconoce los motivos por los cuales la empresa inició la demanda a sus clientes. “Será por la declaración de algún vecino a algún medio, durante la marcha, pero realmente no hay motivos que indiquen que se ha producido un daño a la empresa”, dijo el abogado.

“Los que nos demandan son socios en este proyecto de la multinacional IRSA, del magnate George Soros, que es dueña del terreno y va a recibir 25 por ciento de las unidades funcionales como su parte en el beneficio”, indicó Gustavo Desplats, de Protocomunas Caballito.

El dirigente advirtió que el Gobierno de la Ciudad no convocó a la audiencia pública “a la que lo obliga la ley 123 por el impacto ambiental de cualquier obra mayor a 2500 metros de base y 10 mil metros cubiertos, siendo que Nuevo Caballito tiene 7500 metros y 42 mil metros respectivamente.” “No tenemos ninguna duda de que estas torres van a desmejorar el barrio”, añadió.

Tras la movilización de enero, los vecinos de Caballito se entrevistaron el viernes pasado con el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi. No solo le hicieron llegar su preocupación por lo que ocurrirá después del jueves –cuando finalicen los 90 días de veda para los permisos de nuevas construcciones en seis barrios de la ciudad–, sino que llevaron el reclamo por la construcción de estas torres que, según averiguaron, se estaban construyendo sin los obligatorios estudios de impacto ambiental.

“La construcción fue catalogada como de irrelevante impacto ambiental y por eso se la eximió del estudio y la audiencia pública”, advirtió el abogado Sidoli. Pero la ley 123 de impacto ambiental dice que cuando una construcción tiene más de 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta, debe hacerse un estudio. Y esta obra tiene en total 42.000 metros cuadrados”, insistió.

Los vecinos dejaron entrever las sospechas de que pudo haber algún acto de corrupción para la aprobación de la obra. El expediente está en la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad, donde ayer fue imposible obtener información para aclarar la situación de la obra.

Los vecinos se oponen a la construcción de dos torres de 120 metros cada una, de entre 440 y 470 departamentos, a razón de siete por piso y con capacidad para unas 1200 personas, “en el barrio de mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado del país”, explicó Desplats.

La construcción comenzó a fines de 2006 y ya están terminados los cimientos, por lo que la obra está a nivel del suelo. De acuerdo con el cartel de obra, el complejo edilicio tendrá entrada por las cuatro calles que rodean la manzana: Rojas 737/67, Felipe Vallese 701/61, Colpayo 732/62 y Arengreen 874/78. El proyecto y dirección le pertenece al arquitecto Alejandro Aizersztein.

El terreno en cuestión perteneció a la empresa Panificación Argentina. Fue comprado por El Hogar Obrero, y luego de la quiebra de la cooperativa fue adquirido por IRSA. En un sector se instaló el laboratorio Craveri. Según publicó en junio El Cronista Comercial, IRSA cedió los terrenos a Koad a cambio de la construcción de dos torres de 34 pisos, en una operación que alcanzó los 7,5 millones de dólares. IRSA recibió 50.000 dólares y se quedará con 118 departamentos y 55 cocheras.

“Por lo que sabemos, el permiso de obra es de 2002. No puede ser que se tenga en cuenta una evaluación de hace cinco años para una obra, después de todo lo que se ha construido en Caballito”, dijo Desplats a Página/12. Y aventuró una interpretación de la ofensiva empresaria: “Puede ser un tiro por elevación para el jefe de Gobierno, que esta semana tiene que definir lo que va a ocurrir de aquí en más con la construcción de torres en la ciudad”.