Que el Congreso marcha al ritmo de los acontecimientos de la escena política nacional, es un hecho que no puede desmentir ni el más entusiasta defensor del Parlamento. Los titulares de la conducción del bloque justicialista definirán hoy junto a los presidentes de las comisiones dirigidas por el PJ un listado de proyectos pendientes y sin mayores disidencias. De allí saldrá la agenda parlamentaria que dominará las sesiones hasta el mes de agosto. Después todo pasará a estar dominado por las internas partidarias y tanto en el recinto como en los despachos se impondrá la inactividad o a lo sumo el debate electoral.
Serán una treintena los diputados que en las oficinas de la conducción de la bancada garabatearán los primeros borradores del temario para los próximos meses. Tanto el presidente de la bancada, el cordobés Humberto Roggero, como los vicepresidentes José María Díaz Bancalari, Manuel Baladrón y Oraldo Britos, se proponen completar la agenda luego de reunirse con los justicialistas que ocupen la vicepresidencia en aquellas comisiones que no controlan.
Más allá de los temas en los que hay cierto consenso unánime entre los distintos bloques, el oficialismo tendrá que vérselas con tres grandes discusiones que dividen aguas.
La primera de ellas es la suerte que tendrá el juicio político a la Corte Suprema. Luego de dos intentos fallidos para ponerle fecha al debate, aquellos justicialistas que pretenden rechazar los cargos tienen la fecha del 14 de agosto en la mira. Por cierto que los más insistentes en archivar las actuaciones son los enrolados en el menemismo. De todas las formas posibles, pretenden que el tema se discuta cuanto antes.
“En este contexto es inaceptable discutir este tema”, reconoció a este diario un parlamentario que no es precisamente un opositor al Gobierno. De esta manera, el legislador admitía lo que reiteradamente señalan quienes defienden la acusación contra los cortesanos, entre ellos el santacruceño, Sergio Acevedo y el tucumano Ricardo Falú: “El Gobierno está siendo chantajeado por el máximo tribunal”. Con un nuevo gobierno, que no dependa de los fallos del tribunal para tener sustento político, entonces sí podría avanzarse con el tema. Igualmente el dictamen que reclama el juicio político tiene dos años de vigencia.
Se espera también una fuerte polémica cuando se debata la flexibilización del funcionamiento de los partidos políticos. Más allá de los puntos que favorecen las candidaturas independientes, hecho en el que no hay mayores discrepancias, las diferencias surgirán cuando se discuta el respaldo legal al decreto que convoca a las elecciones presidenciales. Cuando el tema de los aumentos tarifarios llegue al recinto se abrirá la tercera polémica. Es que desde enero, cuando se sancionó la Ley de Emergencia Económica, que los diputados están en deuda con la conformación de la comisión bicameral que debe seguir la evolución de las tarifas. Todo esto sucederá de aquí a fines de marzo. Aun cuando haya que incrementarse el ritmo de sesiones, el oficialismo pretende cumplir con esta fecha. Luego sí vendrán los temas de campaña.