Con el acuerdo de todos sus integrantes, la Corte Suprema resolvió el lunes suspender en sus funciones al perito oficial Fernando Robles, puesto que “no puede admitir que se produzcan situaciones que generan inquietudes públicas por supuestas irregularidades cometidas por funcionarios o empleados judiciales que resienten la imagen y la dignidad del Poder Judicial”. El texto alude a la causa que se sigue contra Robles, acusado de mantener actitudes conniventes con representantes del Exxel Group y la consultora Price Waterhouse, enfrentados en un litigio millonario con la empresa Carrefour. Hace un año Robles había sido relevado del cargo de vicedecano del Cuerpo de Peritos Contadores, dependiente del máximo tribunal, en razón de denuncias que lo tenían como protagonista.

Robles se encuentra investigado por el juez de instrucción Juan María Ramos Padilla, luego de que las cámaras de seguridad de Supermercados Norte lo captaran estableciendo acuerdos con los peritos contadores Alberto Jambrina y Daniel del Castillo, quienes actúan en representación de Juan Navarro (Exxel). En ese expediente Robles no está solo. También se encuentra en la mira de Ramos Padilla otro perito oficial, Alberto Alonso. Ambos habrían mantenido más de un centenar de contactos telefónicos con Jambrina y Del Castillo, así como con Gabriel Rolando Martini, auditor de Price Waterhouse. Al parecer, en la filmación aportada al juzgado se observa a estas personas concertando la redacción de un informe que procuraría ocultar el verdadero estado contable de Norte. Robles y Alonso habían sido designados por la Justicia para analizar la denuncia formulada por Carrefour. La supermercadista francesa asegura que cerró el trato con el Exxel para la compra de Norte basándose en los estudios realizados por Price Waterhouse. Sin embargo, afirma, al acceder a las cuentas descubrió un “dibujo” que sobrevaluaba el precio de la operación en 120 millones de dólares.

El Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN ha sido blanco de infinidad de cuestionamientos, en algunos casos por corrupción y en otros por falta de transparencia en la elección de sus miembros. Por ese motivo, hace unas semanas, Poder Ciudadano dirigió una carta al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para solicitarle que se extremen las garantías en el concurso abierto para cubrir vacantes en el cuerpo de contadores. La inquietud de la ONG surgió al recibir las quejas de un grupo de postulantes y un pedido de nulidad del concurso presentado a la Corte por once de los candidatos. Entre los hechos que, según Poder Ciudadano, abonan las suspicacias que rodean el concurso figuran las filmaciones que comprometen a Robles. Recordó que de los diálogos que quedaron plasmados por las cámaras de seguridad “se desprenden presuntas influencias de miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para obstruir el acceso de algunos concursantes o la existencia de irregularidades que se encuentran siendo investigadas en sede administrativa y penal”. Los ministros no fueron indiferentes a la solicitud y, como primer paso, apartaron a Robles. Es que, explicaron, en su carácter de “cabeza del Poder Judicial corresponde al Tribunal preservar la transparencia de la actividad de los miembros que integran este poder del Estado”.