Acompañados por una movilización que acudió a la puerta de los tribunales federales de Retiro, dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), familiares de víctimas y apoderados del ex Partido Socialista de los Trabajadores (PST) se presentaron como querellantes en la causa por los crímenes cometidos por la Triple A. Vilma Ripoll y Marcelo Parrilli entregaron el libro Rastos en el silencio, que resume los ataques de esa organización y de la dictadura al trotskismo originario, además de una lista de quince asesinatos y una desaparición, y de los atentados que sufrieron los locales partidarios. “Luchamos siempre en soledad, pero por suerte ahora se considera a la Triple A como la antesala del genocidio, por eso es importante la reactivación de esta causa, más allá de las consideraciones políticas sobre por qué se hace”, dijo a Página/12 Susana Zaldúa, hermana de una de las víctimas.

El 4 de septiembre de 1975, Adriana Zaldúa, su compañero Roberto Loscertales, Hugo Frigerio, Ana María Guzner Lorenzo y Lidia Agostini terminaron de cenar y se encaminaron a Petroquímica Sudamericana (hoy Mafisa), a llevar el fondo de huelga que había recolectado para los obreros que estaban en conflicto y ocupaban la fábrica. Pero nunca llegaron. Sus cuerpos aparecieron a la madrugada con marcas de tortura en La Balandra, cerca del Río de la Plata. Decenas de adhesiones llegaron al local del PST y el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban Hugo y Adriana, se paralizó durante tres días como protesta. El 5 a la tarde, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie salieron hacia allí para llevar volantes y participar de la movilización, pero tampoco pudieron arribar a su destino. Los secuestró un grupo a bordo de un Fiat 125 y sus cuerpos aparecieron más tarde en un descampado de las afueras de La Plata. Sus compañeros no pudieron despedir a estos ocho militantes por los rumores de una tercera tanda de muertes.

El 29 de enero de 1974, la Triple A había difundido una lista en la que se encontraban decenas de dirigentes y militantes del PST, entre ellos el entonces jefe partidario Nahuel Moreno y otros referentes de diversas organizaciones políticas y sindicales de oposición al gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez. Luego se sucedieron atentados y bombas en los locales del PST en Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Tucumán. “Estos hechos demostraron que aquella lista de personas ‘condenadas a muerte’ era, efectivamente, un objetivo que la Triple A se proponía alcanzar”, dice el escrito al que accedió Página/12.

El asesinato de Inocencio “el Indio” Fernández fue la primera muestra del terror que se acercaba. El partido se sintió amedrentado luego con la masacre de Pacheco, en mayo de ese año, cuando un grupo paramilitar ametralló su local y fueron asesinados Mario “el Tano” Zidda (militante de secundaria), Oscar “Hijitus” Mesa (obrero de Astilleros Astarsa) y Antonio Moses Bechara (obrero de Wobron). En noviembre ocurrió el homicidio de Rubén Boussas, Juan Carlos Nievas y César Robles, y el 1º de febrero de 1976 fue secuestrado Juan Carlos Scafide, quien permanece desaparecido. Un grupo de siete personas fue recibido por el juez federal Norberto Oyarbide y por el fiscal Eduardo Taiano. Además de Ripoll y Parrilli, participaron los apoderados del ex PTS Luis Robles y Mario Doglio y algunos familiares. La denuncia pide que se investigue el homicidio calificado y la privación ilegítima de la libertad de Agostini, Boussas, Claverie, Fernández, Frigerio, Guzner Lorenzo, Loscertales, Lucatti, Meza, Moses Bechara, Nievas, Povedano, Robles Urquiza, Scafide, Zaldúa y Zidda. La presentación se suma a las que ya hicieron en ese juzgado el Partido Comunista, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“El próximo paso es que la Cámara Federal confirme que los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad, al igual que los de la dictadura, para que no prescriban”, afirmó Parrilli al salir del edificio de Comodoro Py. Y Ripoll agregó que “la única garantía de que el juicio continúe y se castigue a los responsables políticos, sindicales y empresariales es seguir la movilización”. En ese sentido coincidió Susana Zaldúa, quien aclaró que integró las filas del PST, pero ahora no tiene militancia partidaria. “Sin movilización esta causa podría no tener el final que esperamos, por eso hay que armar una comisión de familiares para sostener una querella conjunta de todas las fuerzas políticas con los muchos que seguimos abrazando la causa del socialismo y también con aquellos que no conocieron siquiera la militancia”, exhortó la mujer, que recordó a su hermana como “una dirigentita hermosa, dinámica y reconocida, a pesar de sus jóvenes 22 años”.