Suele presentarse a Ezeiza como el germen del gobierno de Isabel Perón y José López Rega, de la Triple A y del genocidio abierto en el país después del golpe de 1976. La Justicia busca ahora los puntos de contacto. El juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación sobre la organización parapolicial Triple A, pidió al juzgado federal de Lomas de Zamora el expediente de Ezeiza. El documento judicial sobre la masacre desatada el 20 de junio de 1973 por la derecha peronista contra los militantes de la oposición es parte de una serie de investigaciones pedida por Oyarbide para analizar a la luz de su propia pesquisa. Y es sin duda el más simbólico. Entre otros datos, los investigadores analizan los nombres de los ex policías detenidos como jefes operativos de la Triple A: Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, con intervenciones en uno y otro momento.

El 20 de junio de 1973 el país se preparaba para la vuelta de Perón tras 18 años de exilio. Aquel día cientos de miles de personas se movilizaron hacia el aeropuerto de Ezeiza donde los esperaba una verdadera trampa.

Mucho se ha dicho e investigado sobre ese punto. Lo que jurídicamente todavía no parece probado es la relación de la masacre con la Triple A. Desde sus comienzos, ambos expedientes siguieron caminos separados. Pero Oyarbide y el fiscal Eduardo Taiano están analizando distintas investigaciones de carácter histórico o periodístico en las que aparece una serie de testimonios y datos que confirmarían la participación de las mismas personas en uno y otro caso.

Los hechos

Se dice de Ezeiza que fue un “putsch” al gobierno de Héctor Cámpora: una masacre premeditada y organizada por los grupos de la ultraderecha peronista para desplazar al presidente del gobierno y controlar el poder.

Esa es una de las hipótesis principales de Ezeiza, el libro de Horacio Verbitsky, una histórica investigación sobre la masacre y analizada como elemento de la causa. Ezeiza fue, dice la investigación, “uno de los momentos estelares de una tentativa inteligente y osada para aislar a las organizaciones revolucionarias del conjunto del pueblo, neutralizar al peronismo por medio de la confusión ideológica y el terror, y destruir toda forma de organización política de la clase obrera”.

Un intento que tuvo impulsores, adherentes y responsables. Habitualmente aparece en esa línea el grupo de militantes de la ortodoxia peronista, militar y sindical que luego pivotearán en el entorno político de Isabel.

La causa judicial de Oyarbide sigue de cerca algunos de esos nombres, muchos de ellos reseñados por otras dos investigaciones incorporadas como material de consulta al expediente. López Rega. La Biografía, de Marcelo Larraqui, y La fuga del Brujo, de Juan Gasparini.

Cada uno señala en la organización de lo que derivó en la masacre de Ezeiza a grupos de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU); militantes armados del Movimiento Nueva Argentina (MNA), la federación de “culatas operativos” de los sindicatos, el Comando de Organización (CdeO) de Alberto Brito Lima y su socia Norma Kennedy y la vieja guardia militar del coronel Jorge Osinde, reclutado por López Rega y una de las personas a las que se sindica entre los principales responsables de la masacre, a cargo de la organización del operativo del retorno.

En Ezeiza aparece una caracterización sintética de ese último personaje como “compañero de promoción de Onganía, reconciliado con Lanusse y Alsogaray, socio del secuestrador del cadáver de Eva Perón, Moori Koenig, importador de mosaicos y mayólicas de lujo junto a Ciro Ahumada y como uno de los candidatos de la derecha peronista a la sucesión de Jorge Paladino como delegado de Perón y candidato a la presidencia”.

El 25 de mayo de 1973, reveló Ezeiza, “Osinde juró como secretario de Deportes y Turismo. En los primeros días de junio el Ministerio de Bienestar Social del que dependía, fue ocupado a punta de pistola por la banda de los ex policías Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón. Este es uno de los grupos que actuaron el 20 de junio con armas propias”.

Ese es uno de los párrafos que debería rastrear la Justicia, como enlace entre uno y otro expediente ya que Morales y Almirón fueron procesados por Oyarbide en enero por su rol en la banda parapolicial que comandaba López Rega.

Morales y Almirón llegaron al Ministerio de Bienestar Social luego de ser expulsados del Ministerio del Interior durante el gobierno de Cámpora, por eso los investigadores creen que la reincorporación podría estar atada a un plan ya concebido de la Triple A.

Ambos habían sido procesados y encarcelados por ladrones, coimeros, contrabandistas, traficantes de drogas y, recuerda Ezeiza, traficantes de blancas. Morales había alcanzado el puesto de jefe de la Brigada de Delitos Federales de la Policía Federal, y en su carrera –como en la de Almirón– arrastraba un tendal de antiguos socios, cuyos cuerpos habían quedado regados en baldíos y basurales con perforaciones de bala y las manos atadas y quemadas.

Fuera del enlace Morales-Almirón, la pesquisa evalúa otros antecedentes como las confesiones de tres ex integrantes de la Triple A. Oyarbide tuvo en cuenta esas declaraciones en su auto de procesamiento para los detenidos. Son las confesiones de Salvador Paino, Rodolfo Peregrino Fernández y Rubén Dario González Figueredo.

De todos ellos, el caso del ex inspector de policía Peregrino Fernández recobró actualidad recientemente cuando Oyarbide convocó al juzgado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde (ver aparte). El nombre de Peregrino Fernández apareció en la causa en 1983 cuando el expediente parecía diluirse en un marasmo de dudas, luego de que el juez José Nicasio Dibur decidió sobreseer provisionalmente a los imputados a raíz de un pedido del entonces fiscal Julio César Strassera. En junio de ese año, Peregrino Fernández buscó la forma de declarar ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y ratificó su testimonio ante las ONU en Ginebra. La Comisión de Madrid estaba presidida por Eduardo Luis Duhalde, quien le tomó testimonio personalmente y acompañado por Atilio Paoletti y Vicente Zito Lima.

El ex agente detalló el accionar de los grupos paramilitares y parapoliciales; mostró la relación de López Rega y Villar en el armado de la Triple A con Morales y Almirón como coordinadores, y agregó el nombre de otras veinte personas. Según Gasparini, esas personas eran “funcionarios de la repartición, enroscados en el Ministerio de Bienestar Social desde la masacre de Ezeiza, hasta pasado el golpe de 1976”.

Otro dato evaluado en la causa, y reseñado por Larraqui se refiere a ambulancias del Ministerio de Bienestar Social. Según su texto, el 20 de junio “las ambulancias salieron del ministerio cargadas de armas” para Ezeiza. La presencia de acopio de armas en el Ministerio de Bienestar Social es uno de los datos conocidos de la causa de la Triple A. Las armas, consideró el juzgado, “exceden las que razonablemente pueden estar asignadas a la normal custodia de los funcionarios, aun considerando el momento histórico en el que se desarrollaron los hechos y la característica de su principal actor, López Rega”.

El avance de la causa demostrará con el correr de los días que sucederá con estos expedientes. Como el juzgado de Oyarbide todavía no recibió la causa de Ezeiza no pudo cotejar la información de cada una de estas investigaciones con el expediente. En el juzgado y en la fiscalía de Eduardo Taiano existe un criterio extendido para evitar que el cruce de causas disperse la investigación. Y el camino en este momento es concluir un puntilloso análisis para determinar la causa: es decir los límites de la actuación de la Triple A, desde el momento en que puede considerársela como una organización que operó desde el Estado.

La Triple A

En enero, Oyarbide concluyó los procesamientos de Almirón y de Morales. También incluyó al ex policía Miguel Angel Rovira, suboficial mayor retirado, y a María Estela Martínez de Perón. Luego, un análisis pormenorizado de la cronología de la causa que empezó el 11 de julio de 1975 trazó una línea en su investigación.

Lo que investiga su causa es: “La existencia de una asociación ilícita que se denominó Triple A o AAA o Asociación Anticomunista Argentina que habría sido creada por el ex ministro de Bienestar Social José López Rega y que habría actuado en el país entre 1973 y 1975”.

Las fechas responden a los momentos que él considera como punto de origen y de culminación. El año 1973 aparece como el inicio no por Ezeiza, sino el atentado al entonces senador radical Hipólito Solari Yrigoyen del 21 de noviembre de ese año. Junio de 1975, en cambio, es el momento de la salida del país de López Rega y su principal séquito y columna vertebral de la agrupación.