El represor Ricardo Miguel Cavallo aceptó ser extraditado a la Argentina, donde será juzgado por delitos cometidos durante la última dictadura militar, según informó ayer su abogado. Detenido en España desde hace más de tres años, el marino estaba a la espera de juicio oral en el que la suma de sus crímenes da, como mínimo, una pena de 13.332 años de cárcel. La Justicia argentina lo reclama por cinco causas judiciales, entre ellas, la que investiga los secuestros, desapariciones y torturas en la ESMA.

El lunes pasado, ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional de España, Cavallo dio su consentimiento para ser entregado a la Justicia argentina, que lo acusa por “privación ilegal de la libertad agravada de forma reiterada, imposición de tormentos con resultado de muerte, imposición de tormentos, robo, extorsión, falsedad ideológica de instrumento público, asociación ilícita y otros”. En la breve comparecencia ante el juez Fernando Andreu, el marino aseguró que es “inocente” respecto de todos los hechos que se le imputan.

Según explicó su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, ya fue presentado ante el juez un escrito enviado a la Embajada de México en España en el que se informa que Cavallo “muestra conformidad con su extradición a su país de origen”, por lo que “no debe existir ningún impedimento para que esto se produzca”. “México debe dar su conformidad; en caso contrario, se abriría un proceso de extradición en la Audiencia Nacional, porque un tercer país tampoco puede condicionar a la Justicia española”, detalló el letrado.

El represor fue arrestado en México, donde dirigía el Registro Nacional de Vehículos, el 24 de agosto de 2000, cuando intentaba huir a la Argentina, ya que en ese momento estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida que impedían la apertura de las causas por la represión ilegal. Tres años después, fue extraditado a España por orden del juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina. Desde entonces, Cavallo está detenido en el penal madrileño de Soto del Real, en una celda común, al igual que el represor Adolfo Scilingo, quien en el marco de la misma causa cumple una pena de 640 años en la cárcel de Alcalá Meco.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 2006, pocos meses antes de que concluyera el plazo máximo de prisión provisional de cuatro años, la Sala III en lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió inhibirse a favor de un pedido de la defensa del represor, que exigió que fuese juzgado en la Argentina. Los magistrados españoles argumentaron que el marino debía ser procesado en el lugar donde se cometieron los delitos que se le imputan por haberse derogado las leyes de impunidad, lo que garantiza su enjuiciamiento. La fiscalía consideró que la decisión era equivocada porque se pretende “trasladar a los tribunales argentinos un proceso que en España estaba ya prácticamente concluido”. Finalmente, los jueces españoles les dieron cuarenta días a los tribunales argentinos para que pidieran la captura de Cavallo antes de dejarlo en libertad (algo que, por error de la Justicia española, logró el pasado 29 de enero cuando se lo vio paseando por la noche madrileña, aunque a la mañana siguiente volverían a apresarlo).

Una semana después de esta resolución, el juez federal Sergio Torres solicitó su extradición. Le sobraban motivos: Cavallo está siendo investigado por la desaparición del escritor Rodolfo Walsh y la apropiación de sus bienes, también por el secuestro de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, entre una larga lista de crímenes.