Durante los últimos seis años Mariano West fue intendente de Moreno, uno de los municipios con mayores niveles de pobreza y desocupación del conurbano. Ahora manejará un superministerio con las funciones de Trabajo y toda la acción social. West dice que la provincia nunca sufrió una combinación semejante de “desempleo, parálisis económica y porcentajes cada vez más grandes de población excluida”. Y que quiere distribuir en la provincia 420 mil planes de empleo, triplicando la cantidad actual y dotándolos de un perfil productivo.
–Después de ser intendente, ¿cómo ve la utilidad de los planes?
–Moreno fue uno de los municipios que recibió más cantidad de programas en la provincia. Al principio tuvimos un buen momento en el que pudimos aprovecharlos y hacer cosas. La clave de los planes de empleo es que los municipios tienen que poner herramientas y materiales. Por eso a medida que la crisis económica se profundizó, las intendencias nos fuimos quedando sin recursos y todo se volvió más difícil. Al principio, cuando empezaron los planes, cada diez beneficiarios había un sueldo para un capataz y los municipios podían poner materiales y equipos técnicos para conducir. Por eso los planes de empleo tienen que prever el contexto y es importante que se puedan volcar a otras actividades productivas. Nosotros queremos que cada municipio forme un Consejo de Crisis donde participen las entidades de bien público, las organizaciones de desocupados, los partidos políticos, los productores y los comerciantes. Esos Consejos van a ocuparse de dos cosas: de transparentar la distribución de los planes y de buscar cuál es el perfil productivo del distrito. La idea es que los planes de empleo sirvan para el desarrollo productivo de cada localidad.
–Su criterio, entonces, es diferente del de Chiche Duhalde, que piensa que los planes deben funcionar como un subsidio.
–Los planes productivos son subsidios; los planes Trabajar, los Barrios Bonaerenses son un subsidio a cambio del cual se exige una contraprestación en horas de trabajo; lo que Chiche hace es llevar esa contraprestación al extremo de decir que mínimamente se lleve a los chicos al colegio y se cumpla con la vacunación. Pero la mayoría de las provincias vamos a tratar que los planes ayuden a reactivar las economías locales, e incluso que estos subsidios no estén atados a las tareas estatales sino que se puedan usar en función de la producción. La idea es que los Consejos de Crisis de cada municipio, se ocupen no sólo de la asistencia sino de ver cómo mejorar la capacidad productiva de cada lugar.
–¿Eso incluye que los planes se usen para ayudar a las empresas?
–Para eso van a estar los Consejos locales, conociendo la realidad de cada lugar. Acá no se trata de subsidiar a una empresa para que pague sus sueldos sino que hay situaciones en que no se levanta una cosecha porque no hay plata para pagar la mano de obra, y el Estado termina dando asistencia alimentaria mientras se desperdicia esa producción. Ahí es donde apostamos al diálogo de todos los sectores en los Consejos locales.
–Cuando Rodríguez Saá anunció lo del millón de empleos, generó expectativas fuertes entre los desocupados. ¿Qué va a pasar ahora?
–El viernes estuve reunido con los intendentes del conurbano. Todos compartieron el criterio de formar los Consejos locales y no apurar la inscripción para los planes de empleo hasta tener fechas precisas sobre la puesta en marcha. De todas maneras no se trata de una espera larga, porque este martes habrá una reunión importante con Capitanich y el gabinete social nacional y seguramente habrá precisiones. No es malo que la gente se anote, mientras no piense que con sólo anotarse va a conseguir un plan. Porque habrá todo un proceso: como primer paso, los Consejos tendrán que acordar los criterios de adjudicación y decidir por ejemplo si los primeros lugares van a ser para los que tengan más hijos, o para las familias con discapacitados... Lo importante es que el criterio de distribución sea transparente y acordado entre todos los sectores.
–¿Cuántos planes va a distribuir la provincia?
–Si se cumple con el millón de planes en todo el país va a ser un número importante: 300 mil planes.
–Ahora están entregando unos 130 mil planes.
–Sí, y sumaríamos todo para beneficiar en total a 420 mil desocupados. El segundo paso será distribuir mejor la asistencia alimentaria, destinándola a las familias que hayan quedado sin ningún tipo de auxilio del Estado. Pero lo central es que los programas sirvan para que sus destinatarios no sean objetos de la asistencia sino sujetos del desarrollo productivo. Por otra parte, hay un efecto multiplicador de la plata que se pone en movimiento, porque aunque sean unos pocos pesos por plan, es plata que la gente gasta dentro de sus propios barrios.
–Los especialistas explican que en las zonas del conurbano con mayor desempleo la consecuencia de la falta de efectivo fue devastadora.
–El estallido, a mi entender, en muchas partes se produjo por eso. Entre los más pobres están los que han desarrollado estrategias para rebuscárselas de manera informal, existe todo un sistema de changas, de comercios que no están inscriptos en ningún lado. De un día para el otro se obligó a todos ellos a entrar al sistema bancario aunque no tuvieran un banco ni un cajero automático a 20 kilómetros a la redonda. Las primeras dos semanas del corralito provocaron una desaparición absoluta del circulante: nadie contrató una changa ni gastó un peso. Esto dejó sin ingresos a miles de personas. En el segundo cordón del Gran Buenos Aires el 50 por ciento de la gente no tiene obra social. esto quiere decir que la mitad de la población está desocupada o subempleada. De ese conjunto, un 20 por ciento recibía algún tipo de programa social, pero el 30 por ciento restante se las rebusca como puede como puede. Ellos son los que quedaron drásticamente sin nada de nada.
–¿Qué cambió hoy con respecto a diciembre?
–Creo que la flexibilización del corralito va a mejorar la situación; las semanas más duras fueron las dos primeras, cuando nadie pudo sacar más de 250 pesos.
–Muchos opinan que estos niveles de pobreza llegaron para quedarse.
–Es una situación muy grave. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que los que salieron a la calle en el último estallido, los jóvenes de 20 a 25 años, no trabajaron nunca. Están yendo a anotarse a las municipalidades por los planes de empleo y entonces les preguntan si tienen oficio. No lo tienen. ¿Tienen experiencia? Dicen que no. ¿Alguna vez trabajaron? No. Tienen 20 o 25 años y dos o tres hijos, pero nunca tuvieron un trabajo. Ellos son los excluidos de los últimos tres o cuatro años, por eso no hay solución sin cambio de modelo para generar trabajo.
–¿Son jóvenes que no pedían trabajo?
–Antes del estallido las que se estaban movilizando más eran las mujeres, pero ahora están saliendo los pibes, están yendo a anotarse. Muestra eso de que toda crisis también es una oportunidad.
–Hubo denuncias de que fueron incentivados por los intendentes del PJ.
–Los que estuvieron cerca nuestro saben lo que lo sufrimos, mal los podíamos incentivar. Los sufrimos y nos organizamos para evitar que se mataran pueblo contra pueblo. En todo caso se podrá discutir si la policía bonaerense debió reprimir más o no. En todo caso lo estamos discutiendo sin muertes de por medio.