La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al gobierno argentino que instrumente políticas públicas sociales tendientes a solucionar la situación de “menores privados de su libertad por cuestiones diferentes a las cuestiones penales”, haciendo hincapié en distintos casos “donde resultaron muertos varios menores de edad” que estaban en comisarías. La resolución de la CIDH –que este año visitará el país para analizar el tema– se tomó luego de escuchar el informe de un colectivo de ONG que denunció que un informe oficial admite que “hay 19.579 personas menores privadas de su libertad” en la Argentina, de las cuales “el 87,1 por ciento” se encuentra en esa situación “por causas no penales”. Esto significa que están “judicializados y separados de sus familias en razón de su situación social”, en contra de lo que marcan las normas internacionales vigentes. Los representantes de las ONG resaltaron que el propio gobierno admite que los datos que hablan sobre 19.579 menores presos “distan bastante de ser una realidad”, dado que se estima que la cifra llega “a 23.000 niños, niñas y adolescentes”, según fuentes citadas ante la CIDH por los expositores.

En el informe (elaborado en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y Unicef) se dejó constancia de que “en 15 de las 24 provincias argentinas la cifra de chicos judicializados por cuestiones asistenciales supera el 60 por ciento, mientras que en ocho estados la proporción es mayor al 90 por ciento”. Como ejemplo se citó lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde “el 93,4 por ciento de los menores está por causas no judiciales, lo que significa un total de 8291 chicos y chicas”. Otra de las denuncias ante la CIDH tuvo relación con el hecho de que “desde 1997 hasta la actualidad la justicia de menores de la Argentina ha aplicado 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La presentación ante la CIDH fue hecha por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG de todo el país que se juntaron en 2001 para hacer un informe sobre la situación de la infancia en la Argentina. Por el colectivo hablaron Nora Pulido, Gabriel Vitale y Darío Abdala, mientras que en representación del Estado hicieron su descargo los funcionarios Gabriel Lerner, Daniela Vetere y Rodolfo Mattarollo. En la audiencia realizada ayer en Washington, estuvieron el titular de la CIDH, Florentín Meléndez, y el comisionado por Colombia Freddy Gutiérrez Trejo.

El colectivo de ONG sostuvo, respecto de las privaciones de libertad “por causas penales”, que el Estado “incumple tanto en lo legislativo –omite sancionar un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, acorde a estándares internacionales– como en el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos de los niños y niñas”. Sobre las privaciones de libertad “por causas asistenciales”, se aseguró que “a pesar de que el Estado argentino sancionó la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, existe una gran contradicción entre lo que establece esta norma y la política pública actual del Estado y las prácticas tutelares aún vigentes”.

Los expositores del colectivo de ONG resaltaron que la ley 26.061 “prohíbe en forma terminante la privación de libertad por causas asistenciales”. Se puso énfasis en la muerte de siete menores detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, otros tres que fallecieron en Salta y otros dos que perdieron la vida en la comisaría 7ª de Corrientes. Gabriel Vitale, en nombre de las ONG, solicitó a la CIDH que le reclame al gobierno argentino “la construcción de un sistema efectivo en la recolección de información (sobre la situación de los menores) y que contemple la creación de un programa de cooperación entre el Estado nacional y la sociedad civil”.

Sobre los puntos centrales, se requirió que “se eliminen las privaciones de la libertad por causas asistenciales o sociales” y que en todos los casos “se utilice la privación de la libertad como último ratio, como último recurso y, en su caso, que esas privaciones de la libertad sean en condiciones dignas”. En representación del Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, alegó que superar “ese tipo de paradigma atrasado y realmente distante de lo que es la concepción de los derechos humanos” demanda “esfuerzos y una concertación sin duda creciente entre el Estado y la sociedad civil”. En ese sentido, estimó que “las propuestas que se hicieron en materia de programas de cooperación permanente entre el Estado y la sociedad civil deberán ser examinados, pero, sin duda, parecen propuestas constructivas”.

El titular de la CIDH instó al Estado argentino a que escuche “los distintos puntos de vista y las propuestas planteadas para crear condiciones dignas y humanas en los centros de privación de libertad de niñas y niños”. Florentín Meléndez anunció que este año la CIDH visitará la Argentina “para darle seguimiento a la situación de menores y adultos privados de su libertad”.