En el contexto de preocupación por las demoras en las causas contra represores y ante la campaña de amenazas que se agudizó tras la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, resolvió crear una nueva Unidad Fiscal para monitorear y apurar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura en todo el país. El área estará a cargo del fiscal general Jorge Auat, y también tendrá la misión de colaborar en la protección de testigos. Auat explicó a Página/12 que, así como en la Cámara de Casación se produce un cuello de botella que demora los expedientes, en varias provincias “la constante excusación de jueces que se pasan los casos unos a otros paraliza los juicios”.

“Se hace imperioso adoptar medidas” para “la coordinación de estrategias a nivel nacional que hagan posible la apertura de los juicios en los plazos más breves posibles”, sostuvo Righi en la resolución que firmó ayer y que crea el nuevo equipo. En rigor, se llamará Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el terrorismo de Estado.

En la Procuración ya existe la Unidad de Asistencia para causas contra represores, que está a cargo de Félix Crous. Este sector funcionará en forma autónoma y se concentrará en las megacausas sobre los crímenes cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército y en la ESMA. Tendrá un papel clave en la preparación y desarrollo de los juicios orales de esas dos investigaciones que fueron reabiertas tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.

Auat viene actuando como fiscal en casos de violaciones a los derechos humanos en Chaco y Formosa. Recibió varias amenazas durante la investigación de la Masacre de Margarita Belén y fue blanco de las intimidaciones que sucedieron al juicio a Etchecolatz y la desaparición del testigo Julio López. Ahora tendrá el desafío de diseñar caminos para destrabar los juicios en todo el país, en especial en el interior.

Righi definió que la Unidad a cargo de Auat tendrá la misión de hacer un “seguimiento y monitoreo de los procesos en trámite en todas las jurisdicciones”, “mantener actualizada una base de datos” y “coordinar” con los fiscales de todo el país “estrategias de investigación” que “posibiliten la apertura y sustanciación de los juicios” por crímenes del terrorismo de Estado con rapidez. Más aún, señala que debe “realizar toda las acciones necesarias para el avance de los procesos” y lograr “una respuesta institucional en un plazo razonable”. La resolución, a la que accedió Página/12, dice también que deberá “colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de actores y testigos”.

En la actualidad hay 256 militares, policías o civiles presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pero sólo cinco cumplen condenas. En los tribunales porteños siete expedientes ya están listos para la etapa de juicio oral, aunque no tienen fecha de inicio. En La Plata, la semana pasada fue elevado el caso del cura Christian von Wernich. El gran embudo que genera dilaciones se produce en la Cámara de Casación Penal, donde están estancados más de cien trámites. Algunos llevan tres años allí. Este problema fue uno de los puntos del discurso del presidente Néstor Kirchner en la apertura de sesiones en el Congreso, donde pidió a “Casación y a los jueces que se apuren”.

Anteayer, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de López, el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó, como un asunto complementario, que el Estado adoptara medidas para la protección de más de 4500 testigos, defensores de derechos humanos y funcionarios vinculados con los juicios a represores. Marcó la necesidad de agrupar causas y evitar que se dupliquen testimonios y pruebas.

Auat explicó a este diario que en algunas provincias se presentan obstáculos incluso anteriores a la Cámara de Casación. “En jurisdicciones chicas, con frecuencia los jueces se inhiben, ya sea por parentesco, violencia moral, amistad o enemistad con los imputados. Las razones varían. El resultado es la parálisis de las investigaciones”, advirtió. “Esta es una de las problemáticas que vamos a tener que resolver. De nada sirve que impulsemos los juicios si no tenemos jueces. Por eso vamos coordinar acciones entre las fiscalías de distintos lugares del país y porque intentamos evitar la superposición entre investigaciones”, dijo.

Según el fiscal, algunas de las provincias donde se han producido las más serias dilaciones son Formosa, Salta y Chaco. Lo primero que hará, anunció, será un relevamiento detallado de la situación de los juicios a nivel nacional.