La Cámara de Senadores de Entre Ríos sancionó la Ley de la Madera, que prohíbe exportar desde la provincia rollizos destinados a Botnia o a cualquier otra de las pasteras que se construyen en el Uruguay. Una vez en vigencia, los productores que no la cumplan podrán ser sancionados con multas, el decomiso de sus embarques e incluso la clausura de sus empresas. El proyecto se aprobó después de que el gobernador Jorge Busti hiciera un pedido expreso de celeridad. El tema promete ser un nuevo motivo de conflicto entre la Argentina y Uruguay, ya que el canciller de ese país, Reynaldo Gargano, había advertido que lo denunciará al Mercosur como una restricción.

La iniciativa es un viejo reclamo de los vecinos de Gualeguaychú, pero cobró impulso en los últimos meses, en el caldeado clima de campaña que se vive en Entre Ríos, donde habrá elecciones provinciales dentro de diez días. Los diputados le dieron media sanción en la primera sesión del año, a principios de febrero. Y ayer, para convertirse en ley, tuvo el respaldo de seis de los ocho legisladores oficialistas y de dos senadores radicales.

“La ley es una idea que nació en la Asamblea Ambiental y luego tuvo muchos apoyos como el del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, de las distintas comunidades que participan en la lucha contra las papeleras y de prácticamente todos los bloques parlamentarios”, señaló ayer el autor del proyecto, el diputado radical Osvaldo Fernández.

El texto sancionado establece que “la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial”. No sólo prohíbe la exportación sino también el tránsito a través de la provincia de madera para las papeleras. Y a su vez se complementa con las disposiciones de la Ley Nº 9644, que declaró a Entre Ríos como provincia libre de la instalación de plantas de producción de pasta celulósica con procesos químicos.

Uruguay tendrá en funcionamiento en el mediano plazo tres plantas de grandes dimensiones, la de Botnia en Fray Bentos, la de Ence en Colonia y la de Stora Enzo, sobre el río Negro. Las empresas ya han hecho sondeos para comprar madera argentina, porque la producción uruguaya no alcanzará para abastecerlas por sí sola. Los voceros de Botnia han dado a conocer, en este sentido, el interés de la compañía finlandesa en generar un “polo forestal regional” en la Mesopotamia.

La ley regula lo producido en las 140 mil hectáreas de eucaliptus que tiene Entre Ríos. De todas formas, para tener impacto debería ser discutida una ley a nivel nacional, para que la prohibición de exportar madera alcance a las provincias forestales como Misiones o Corrientes. Esta posibilidad es hoy por hoy improbable: difícilmente los gobernadores Carlos Rovira o Arturo Colombi se plieguen a la medida.