Isabel Perón faltó ayer a su cita ante el Juzgado número 2 de Móstoles, en Madrid, al que debía presentarse para hacer frente a la demanda por 7,7 millones de dólares que realizó contra ella la Fundación Funpaz de Mario Rotundo, ex colaborador de Juan Domingo Perón. Su abogado defensor presentó un informe médico en el que consta que sufre graves trastornos depresivos acompañados de “trastornos psiquiátricos y psicóticos al presentar bipolaridad en su personalidad”. Esta cita ante los juzgados españoles sienta un precedente que intentará ser utilizado por su defensa ante las dos demandas de extradición que la ex presidenta tiene pendientes con la Justicia argentina. Un trámite que se presenta complicado para los abogados defensores, luego de que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero diera a entender que no pondrá obstáculos al pedido de los magistrados argentinos.

Isabelita tenía cita ayer a las 12.15 ante el juzgado que preside la jueza Pilar Saldaña, para responder a la demanda que le inició hace cuatro años la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos, dirigida por Mario Rotundo, quién intenta recuperar 7.748.747 de dólares más intereses, una suma que la Funpaz asegura que Perón les dejó como legado y que nunca llegó a sus manos porque Isabel se apropió del dinero. Rotundo afirma que la ex presidenta le hizo donación a través de una escritura pública en 1990, a la vez que sostiene que Isabelita tiene esa suma de dinero en su poder gracias a los 6,2 millones de dólares que le entregó en su momento el gobierno de Carlos Menem, a los que se suman 1,5 millón que en teoría valía un automóvil de lujo regalado a Perón por Gianni Agnelli cuando era presidente de la FIAT en 1974. El coche se encontraba en la quinta de San Vicente y resultó destruido en los disturbios del 17 de octubre pasado.

La defensa de Isabel Perón presentó ayer dos documentos reveladores ante la Justicia española, que dan una pista de por dónde seguirá su estrategia para evitar la extradición de la ex presidenta a la Argentina. En principio, sin que se comprenda exactamente el porqué de esa presentación, la defensa de Isabel demostró ante la jueza Pilar Saldaña que María Estela Martínez “goza de la ciudadanía española”. Isabelita tiene en realidad la doble nacionalidad, aunque sus abogados defensores pretenden resaltar la española para tratar de frenar el proceso de extradición ante las autoridades locales. En segundo lugar, se presentó un completo informe médico psiquiátrico en el que se hace hincapié en su fuerte estado depresivo, una información que ya se había hecho pública al comienzo del proceso de extradición, al que se le agrega una novedad: la ex presidenta padecería de trastornos psiquiátricos y psicóticos, presentando bipolaridad en su personalidad.

Aunque el abogado defensor de Isabelita, el ex juez del Tribunal Supremo español Adolfo Hierro Echaverría, no hizo declaraciones a la prensa, Mario Rotundo utilizó los argumentos presentados por la defensa para justificar que la ex presidenta “no se encuentra en condiciones de administrar sus bienes”, intentando ganar un argumento para su causa. De todos modos, la demanda de Rotundo tiene pocas probabilidades de prosperar, no sólo porque la documentación presentada ante la Justicia española, según fuentes consultadas por Página/12, no es lo suficientemente fuerte, sino porque su fundación no parece tener una gran credibilidad internacional. Allegados a la ex presidenta ya habían afirmado la semana pasada que la Funpaz tiene varios procesos por estafa, incluidas un par de demandas en su contra presentadas en su momento por Zulema Yoma, la ex esposa de Carlos Menem, y el ex cardiólogo del general Perón, Domingo Liotta.