El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Earl Anthony Wayne, invitó ayer a los organismos defensores de los derechos humanos a un encuentro para dialogar sobre el presente y futuro de estos derechos en la Argentina y el mundo. Los organismos reconocieron la labor del ex embajador de ese país Tex Harris durante la dictadura, pero también plantearon su preocupación respecto de la denominada “guerra contra el terrorismo” que emprendió el presidente George Bush.

Al término de la reunión, Wayne señaló que “la Embajada de los Estados Unidos ha trabajado siempre estrechamente con organizaciones como éstas con el fin de mantenerse informada sobre la promoción de los derechos humanos y la democracia en Argentina y en la región”. Y agregó que “el señor Tex Harris, que participó del encuentro, defendió fuertemente los derechos humanos desde su posición en la embajada en Buenos Aires en los años ’70, cuando trabajaba estrechamente con algunos de los participantes de la mesa redonda”.

Entre las entidades que estuvieron presentes se encuentran el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Conciencia, Fundación Libertad, Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, la Fundación Carlos Pellegrini y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El embajador destacó que “tal como notó el subsecretario de Estado, Nicholas Burns, durante su reciente visita a Buenos Aires, estoy convencido de que la experiencia argentina, tan dolorosa como fue, le da al país la ventaja de poder transmitirles a otras sociedades el valor de lo construido desde el retorno a la democracia, hace tantos años”.

Según pudo saber Página/12, la reunión fue pedida por el embajador y fue él quien invitó a Harris, que se encuentra de visita en el país. Wayne les dijo a los representantes de las asociaciones que quería tener relación con las organizaciones de la sociedad civil de Argentina.

El director del CELS, Gastón Chillier, trazó un panorama de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, destacando los avances que se produjeron a partir de declarar inconstitucionales las leyes de impunidad y los presentes obstáculos para esos procesos. Y también planteó la preocupación de esa ONG respecto de que la actual política de seguridad norteamericana pueda desvirtuar los roles de las fuerzas de seguridad y reducir los estándares de protección de los derechos humanos a nivel mundial, tales como las torturas a detenidos, las detenciones arbitrarias y las prisiones ilegales.