Hace un año el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que la Armada realizaba tareas de espionaje político sobre civiles, incluyendo a la ministra de Defensa, Nilda Garré, desde la Oficina de Inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. A pesar de esto, y debido a la estrategia de dilación que desplegó la defensa de los quince marinos implicados en el caso, todavía no hay ningún procesado. La denuncia generó el relevo de sus cargos del entonces tercer hombre de la fuerza, el comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés, y del director de Inteligencia Naval Pablo Rossi, y una nueva reglamentación del Sistema de Inteligencia Militar. El CELS dará a conocer hoy un informe con los pormenores de la causa.

El abogado Gerardo Fernández formó parte del equipo que viajó a la Patagonia para interiorizarse sobre la situación en la que se encontraba el proceso. Estuvieron en Comodoro Rivadavia y en Rawson visitando a los integrantes de la Cámara Federal, al fiscal y al juzgado. Fernández explicó a Página/12 que “no tenemos dudas de que la Cámara viene actuando como corresponde, lo que nosotros le solicitamos fue que, en un caso como éste, se emitieran señales claras que impusieran celeridad al proceso. Porque la defensa de los marinos adoptó prácticas dilatorias que, aunque sean lícitas, hacen planteos jurídicamente inadmisibles, como proponer que no los juzgue la Justicia, sino una comisión bicameral del Congreso. Un disparate”. Desde el comienzo de la investigación, los integrantes de la Cámara resolvieron nueve incidentes en los que en ninguno le dieron la razón a la defensa.

En Rawson fueron a ver al juez Hugo Sastre, quien lleva adelante la investigación, donde los recibió Gustavo Llerar, secretario del juzgado, a quien le expresaron su preocupación por la demora que rodeaba a la causa. Según el abogado, “en cuanto comenzó el juicio empezaron las recusaciones contra el juez, por lo que decidió dejar de tomar declaraciones indagatorias hasta tanto no se resuelva la recusación. Pero esto forma parte de la estrategia de la defensa y lo van a seguir haciendo”. Debido a las presentaciones de los abogados defensores para detener cualquier avance, de los quince integrantes de la fuerza naval que tenían que declarar sólo lo hicieron siete, y hasta que no se tome la declaración de todos los implicados, el juez no decidirá si los procesa o no.

La denuncia surgió en marzo del año pasado, unos días antes de cumplirse treinta años del golpe de Estado que, bajo el mando de las tres armas, desapareció a cerca de treinta mil personas. El cabo Carlos Alegre, integrante de la plantilla de la inteligencia naval de la base, donde el 22 de agosto de 1972 se fusiló a dieciséis guerrilleros, denunció haber sido sometido a presiones para desarrollar tareas de espionaje sobre civiles, algo que está prohibido por la ley. En un reportaje que Alegre concedió a Página/12 en junio del 2006, contó que cuando se negó a desarrollar la tarea que le pedía el entonces capitán de corbeta Gustavo Monzani, recibió como respuesta que “se tenía que limitar a cumplir las órdenes de sus superiores”.

Tras la denuncia, el juez que entendía en la causa, Jorge Pfleger, ordenó el allanamiento de la base, donde se encontraron elementos probatorios que constataban los dichos del cabo. Entre las distintas carpetas de seguimiento que se hallaron había una dedicada a la ministra de Defensa, con datos minuciosos acerca de su vida y sus movimientos, así como los de sus hijos. Entre otros archivos, había uno sobre el propio juez de la causa y de otros funcionarios del gobierno de Mario Das Neves, en Chubut. La Marina, en Chubut, tenía divididos los informes por “factores”: indigenistas, gremiales, políticos, estudiantiles, estudiantil y droga, y dos carpetas que contenían información específica: todos los nombres de los funcionarios del gobierno provincial y otra sobre el Poder Judicial. Luego la causa pasó a manos del conjuez Luis López Salaberry, hasta que Sastre se hizo cargo del juzgado.

Fernández estimó que “la investigación se terminó el mismo día del allanamiento. Ahí se ratificaron los dichos del cabo Alegre. Nosotros fuimos a pedir tres cuestiones fundamentales: que se tomen las indagatorias, que se resuelva la situación procesal y celeridad y firmeza en el marco de la causa. Sostenemos que hace falta una respuesta rápida de la Justicia. Porque lo que nosotros queremos es debatir con un juez si lo que hicieron los marinos constituye o no un delito”.

Informe: Julián Bruschtein.