El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio a conocer ayer el informe sobre la denuncia penal que realizó hace un año sobre el espionaje militar a civiles que desplegó la Armada en Trelew. El organismo destacó “el impacto judicial y político”, y la actuación de la Justicia que “ratificó en todo momento el contenido de la denuncia y la competencia de la Justicia federal para controlar la legalidad del funcionamiento de las Fuerzas Armadas”.

En el documento resaltó los avances que se dieron en el plano judicial en el proceso contra los marinos acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a pesar de los inconvenientes que enfrentaron. Por diferentes motivos, la causa sufrió “el recambio de tres jueces en un año, y ciertos planteos de la defensa que demoraron en resolverse” y generaron una tardanza en las indagatorias.

Si bien ya declararon siete de los imputados, la fiscalía solicitó en febrero que se cite a los que faltan, entre los que se encuentran los capitanes de navío Gustavo Ottogali, Carlos Daniel Vázquez, Félix Médici y Jorge Janiot, el capitán de corbeta Eduardo Omar Merlo, el suboficial Vicente Claudio Rossi y los marinos Miguel Agusti y Cristian Andrés Vidal.

Entre las novedades más importantes que resaltaba el informe se encontraba la presentación, el mes pasado, de un nuevo testimonio de un ex integrante de la Marina, pero de la base naval de Puerto Belgrano, que acudió espontáneamente al Ministerio de Defensa. En sus dichos detalló que “una vez que se hizo pública la denuncia formulada por el CELS y Carlos Alegre, la información que daba cuenta de las distintas secciones (N. del R.: de inteligencia) se quemó y/o ocultó”.

También “relató que había tomado conocimiento de la realización de tareas de inteligencia en violación de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional, y describió cómo era recopilada esa información ilegal producida por distintas secciones de inteligencia del país”, lo que abonaba “las sospechas que existían sobre el circuito de información” entre las variadas oficinas de inteligencia del país, y aumentaba la “sospecha de lo que sucedía no sólo en la base naval de Trelew, sino también de Puerto Belgrano”.

En el plano político, el organismo de derechos humanos destacaba “las reformas planteadas en el Sistema de Inteligencia y Defensa”. Entre las cuentas pendientes que quedaban todavía, el CELS subrayó que el avance de la causa “pone a la Justicia argentina ante el desafío de llegar rápidamente al juicio oral”. Y también la profundización de los cambios planteados por las reformas y el fortalecimiento del trabajo de la Comisión Bicameral del Congreso ante la “debilidad” mostrada frente a las tareas de control que tiene a su cargo sobre las Fuerzas Armadas.