En Calingasta, San Juan, seis empresas mineras avanzan con proyectos para extraer oro y cobre a cielo abierto. La comunidad se opone, apoyada por el intendente, José Adolfo Ibazeta, que llamó dos veces a una consulta popular destinada a frenar la instalación. Pero en las dos oportunidades el tribunal electoral de la provincia, en sintonía con el gobernador, José Luis Gioja, anuló los llamados. El intendente pide ahora que el plebiscito se realice junto con las elecciones nacionales, en octubre.

Los proyectos son cuestionados porque utilizarán una forma de extracción con cianuro, ácido sulfúrico y otros compuestos químicos. Como ocurrió en Esquel, los vecinos se organizaron como autoconvocados para rechazar a las mineras. A diferencia del antiguo método de túneles y socavones, las minas a cielo abierto operan con un sistema que consiste en dinamitar la montaña, moler las rocas y pasarlas luego por una sopa química que separa el oro o el cobre de los escombros. El proceso se realiza en grandes piletas cavadas en la misma montaña, los llamados diques de cola.

El intendente de Calingasta advierte sobre el peligro del uso a gran escala de estas sustancias tóxicas, que quedan depositados en la cordillera. “Agotados los minerales, las empresas se van, y los desechos permanecen por siglos”, define Ibazeta.

“En la región, nosotros tenemos un riesgo extra –dice el intendente–. Son los temporales de altura, que producen nevadas muy intensas, lluvias y avalanchas. Los temporales levantan la nieve en las cumbres y las depositan en los lugares más bajos, en las quebradas, justamente donde se ha previsto hacer los diques de cola, y el peligro es que las sustancias tóxicas se derramen. Las mineras no conocen el comportamiento de la cordillera. No han tomado precauciones tampoco con las avalanchas. En noviembre del 2005, por un alud, ya se produjo un accidente que causó daños en la población y los cultivos. Lo peor es que así descubrimos que una minera ya estaba trabajando”.

–¿Cómo fue?

–El alud arrastró montaña abajo tres camionetas de la compañía. Ni sabíamos que estaban en la zona. Además, teníamos registradas para la cordillera a 23 personas, de acuerdo con la Gendarmería, y cuando se produjo el alud salieron 83. Ahora enfrentamos otra situación de ese estilo: trabajan del lado argentino, pero tienen el campamento del lado de Chile. Nosotros no sabemos realmente lo que se hace en la precordillera.

–De haber contaminación, ¿afectaría a otras localidades además de Calingasta?

–Las aguas que nacen en nuestro departamento riegan el 90 por ciento del valle de Tulum, que es toda la provincia de San Juan. La contaminación va a afectar las nacientes del río, y por eso a toda la provincia.

De los seis proyectos, el de Pachón (cobre) y Casposo (oro) tienen sus estudios de factibilidad prácticamente aprobados.

La primera convocatoria fue presentada en 2005, la segunda en junio del año pasado. Al anular los llamados, el tribunal electoral argumentó que los municipios no pueden preguntar sobre el tema minero.

–¿Cuánto cree que tuvo que ver el gobernador Gioja con la anulación de los llamados?

–Todo, él mismo lo hizo público. Dijo que las consultas no tenían sentido porque hay un organismo de control, la Secretaría de Minería... pero hay que explicar cómo se maneja el tema: para todo emprendimiento se pide un estudio de impacto ambiental, salvo en éstos. Hay dos personas nada más que firman una resolución de impacto ambiental de las mineras, no hay participación ciudadana, no hay audiencias públicas. Se arma todo entre cuatro paredes. Gioja fue el gestor del código minero en la década del ’90, él fue presidente de la Comisión de minería del Senado cuando se aprobó el código de minería, la ley minera y los protocolos y convenios que se firmaron a nivel internacional con Chile.

–¿Cuál es el comportamiento de las empresas?

–Hacen asistencialismo, repartiendo obsequios a las ONG y las organizaciones vecinales.

–¿Qué reparten?

–Camisetas a los clubes de fútbol, por ejemplo, o máquinas a las cooperativas agrícolas.

–¿Calingasta es una zona pobre?

–Sí, nosotros tenemos al 70 por ciento de la desocupación de Calingasta con trabajos rurales, es gente que vive de las cosechas, no tenemos ninguna industria. El otro 30 por ciento depende del empleo público. Nosotros venimos de ser un departamento minero y sabemos cuáles son sus consecuencias sociales, porque tenemos prácticamente desolada la población de una localidad que se dedicaba a extraer sulfato de aluminio. Vendíamos el sulfato de aluminio a Aguas Argentinas, pero después la empresa lo suplantó con un producto sintético de Brasil. A la minera no le cerraron los números y se fue, toda la población se quedó sin trabajo. Hacer la reconversión social fue tremendo, la gente todavía no se puede sostener y vive del asistencialismo. Es un tema drástico; a ese impacto ya lo conocemos.