Hace cinco años, la maestra Marina Schifrin participó en Bariloche de una marcha convocada por su gremio para defender la escuela pública del ahogo presupuestario. Como los manifestantes entorpecían el tránsito, la policía decidió cortar la ruta y señalizó para los automovilistas un camino alternativo, a 300 metros. En el video que la justicia de Río Negro incorporó como prueba para condenar a la maestra, se escucha al intendente justicialista César Miguel proponer: “Ahora vamos a armar quilombo a Viedma”, de gobierno radical. Una hora y media después todo había terminado, sin incidentes, denuncias ni detenidos. No obstante, el juez federal Leónidas Moldes abrió una causa penal de oficio. Varios de los manifestantes aceptaron pagar multas o se sometieron al sistema de suspensión del proceso a prueba. Sólo Marina Schifrin rehusó ese tipo de compromisos: “Sólo ejercí mi derecho de manifestar en la vía pública en defensa de un interés social”, insiste hoy. Moldes la condenó a tres meses de prisión y le prohibió durante dos años asistir a actos públicos en las rutas. Hace diez días, una sala de la Cámara de Casación Penal confirmó la condena y reclamó de los demás jueces y funcionarios el uso del sistema penal para gestionar el conflicto social, lo que implicará echar más leña al fuego. Al mismo tiempo, se dieron a conocer los datos oficiales que muestran los niveles más altos de desocupación, precariedad laboral, pobreza e indigencia de la historia argentina, mayores incluso que los de la hiperinflación alfonsinista. Como líneas paralelas, crecen junto con ellos las tasas de delitos y todo esto abre dos caminos antagónicos para la democracia argentina. Uno de intolerancia con cualquier forma de expresión popular que intente canalizar en actos políticos pacíficos el malestar creciente y también de violencia descontrolada ante los efectos de la crisis. Otro de respeto por el disenso en libertad y los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones políticas para los conflictos sociales y sus consecuencias. Esa es también la disyuntiva principal que tiene por delante la democracia argentina, donde la reaparición de la violencia en el discurso público, por parte de actores muy diversos, reclama una urgente reflexión.
A votar y a callar
Para condenar a Marina Schifrin, sobre la base de un dictamen del fiscal de Bella Vista, Juan Romero, los camaristas Alfredo Horacio Bisordi y Liliana Catucci acudieron a una cita del constitucionalista ultramontano Miguel Angel Ekmekdjian, el defensor judicial del honor de la Virgen María, ofendido por el escritor Dalmiro Sáenz cuando habló de la virgen del divino trasero. “La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lockouts u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso”, escribió Ekmekdjian y citaron Bisordi y Catucci. La afirmación es tan brutal que los propios jueces dejaron a salvo que la conducta imputada a la maestra “dista de ser sediciosa”, con lo cual el fallo perdió unos gramos de ridículo y varios kilos de lógica interna, porque en ese caso no se entiende la pertinencia de la cita. Aun con ese reparo, es difícil encontrar una confesión más explícita de la voluntad de un grupo ideológico y social por equiparar cualquier protesta con el uso de las armas. Esta es la preparación ideológica para el uso de la violencia estatal, acompañada o no de las armas, contra cualquier expresión popular pacífica distinta del sufragio.Como Chateaubriand dijo de los borbones restaurados en el trono de Francia después de la revolución y las guerras napoleónicas, estos truchimanes no han olvidado ni aprendido nada.
Contribución al caos
La maestra patagónica, agregan, habría encarnado “la idea de hacer justicia por mano propia” y atentado contra “la organización social y política de nuestro país”, osada idea que no fundamentan con alguna constancia de la causa, porque por supuesto no existe. Para Bisordi y Catucci, el corte de rutas para llamar la atención de las autoridades “provoca innegable violencia, pues entra en colisión con el derecho de otras personas”, de modo que “la inacción, la inoperancia o el apartamiento de la ley por parte de quienes estamos obligados a aplicarla constituye una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos”. En una involuntaria admisión de su horizonte conceptual, citaron un fallo de la Corte Suprema de 1947, que exigía “el permiso previo en caso de utilizarse calles, plazas y lugares públicos”. Permiso que el gobierno otorgaba sólo a quien no le molestaba.
El voto en disidencia del camarista Juan Rodríguez Basavilbaso, quien nunca fue acusado de ideas progresistas, citó un falló de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1939, (“Hague v. CIO”, 307 US 496) que defendió los derechos de reunión y de expresión con estas palabras: el uso de las calles y las plazas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y discusión de cuestiones de interés público ha sido desde siempre parte integrante de sus derechos, privilegios, inmunidades y libertades, afirma. Tal derecho “puede ser regulado en nombre del interés general; no es absoluto sino relativo”, pero “no puede, bajo la excusa de dicha regulación, ser restringido o denegado”. Podría haber agregado también la reflexión de otro juez de la Corte estadounidense, William Brennan, quien escribió que los métodos convencionales de petición a los funcionarios suelen ser inaccesibles para aquellos grupos muy amplios de ciudadanos que “no controlan la televisión o la radio”, ni tienen “la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos”. Este dato debía ser tenido muy en cuenta por la justicia, a la hora de fundar sus decisiones, dijo Brennan, en defensa de un grupo de manifestantes acusados igual que Marina Schifrin por haber bloqueado el tránsito en su ciudad.
Una condena ejemplarizadora
Rodríguez Basavilbaso también desdeñó el inconsistente argumento del permiso policial, ya que el Estado consiente y asume distinto tipo de perjuicios para la libre circulación y el transporte. “Tanto la entorpecen los piqueteros, como los estudiantes, las asambleas barriales, las marchas con cacerolas o sin ellas, los escraches, y los maratonistas urbanos (sólo estos últimos, acaso porque el deporte goza de mejor prensa que los reclamos sociales, podrían exhibir autorizaciones formales). ¿Y cómo se realizan estas convocatorias? Por lo general, con anticipados anuncios en los diarios, y siempre a la vista y paciencia de la autoridad. Frente a ello, la policía colabora desviando el tránsito o escoltando las caravanas en prevención de desmanes extremos, como lo demuestra la absoluta falta de actividad tendiente a hacer cesar la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal. Y como si ese mensaje fuese equívoco, leo en el último ejemplar dominical de La Nación que el presidente hace pública la tolerancia oficial con los cortes de ruta”. Todo esto justifica la conducta de Marina Schifrin pese a que violó el Código Penal. Condenarla sólo a ella “entre los miles de personas que hoy asumen actitudes semejantes implica una selectividad irrazonable, más aún si el reproche no va acompañado de otro dirigido a quienes debieron hacer cesar el delito”, dice. Como se advierte, en el futuro la justificación desaparecería con sólo extender la persecución a todos los asistentes a todas las manifestaciones y a las autoridades que no las reprimen, solución que propugnan en forma explícita con esta condena ejemplarizadora los otros dos camaristas y con declaraciones públicas el fiscal que los conduce.
Pura cepa
El clima social se enrarere con decisiones institucionales como este fallo, firmado una semana después del escarmiento de Avellaneda. La torpeza de sus ejecutores, que asesinaron a dos piqueteros desarmados a la vista de decenas de testigos, algunos con cámaras filmadoras y fotográficas, hizo que los disparos entraran en los cuerpos de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki pero salieran por la culata política del gobierno que, desde la reunión de gobernadores de La Pampa, el 27 de mayo, preparó el clima para la tragedia. Mientras el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, procuraba desmentir su propia ostensible inexistencia con afirmaciones bélicas, como que no se permitiría más “esta suerte de guerra” (sic), el de la SIDE, Carlos Soria, alimentaba el giro represivo con informes alarmistas carentes de cualquier sustento serio y el de justicia, Jorge Vanossi, sustentaba la misma doctrina hotentote del fallo de Romero y Bisordi.
El radical porteño Vanossi y el manzanista del Comahue Soria fueron expectorados sin miramientos del gabinete. Pero el sindicalista de los municipales bonaerenses Atanasof y el segundo de la SIDE, Oscar Rodríguez, conservaron sus puestos. Ex prefecto naval, ex intendente de Presidente Perón, donde tenía su quinta de descanso Eduardo Duhalde, socio de un country en el que Duhalde jugaba al poker, Rodríguez postula que los restos del aparato duhaldista bonaerense no deben cederles la calle a los nuevos actores sociales que cuestionan el modo tradicional de hacer política. De la misma cepa que controló el justicialismo provincial durante las últimas dos décadas proviene el ex ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, quien el 26 de junio no tomó ninguna de las medidas de conducción, supervisión y control obvias en alguien que deseara que las fuerzas a su mando se comportaran como se debe y no como les gusta. La investigación del fiscal Juan José González, que ya dio cuenta del comisario Alfredo Fanchiotti y de los demás policías que actuaron en el terreno, apunta ahora hacia las estructuras superiores, empezando por el jefe de la División Departamental de Lomas de Zamora, Osvaldo Vega, un hombre que trabó estrecha relación con el ex intendente Rodríguez cuando era comisario de Guernica, en el partido de Presidente Perón. En los operativos especiales, aunque más no sea la custodia de un partido de fútbol de mediana importancia, la policía emplea canales específicos de comunicación por radio. Este sistema tiene una ventaja operativa: todos los efectivos modulan por la misma frecuencia y así no hay confusión posible con otras órdenes de servicio. Pero además permite la grabación de todas las comunicaciones, como elemento de control posterior. El 26 de junio, oh casualidad, la Departamental a cargo de Vega dispuso que las comunicaciones fueran punto a punto, sin un registro central y, por supuesto, sin molestas grabaciones. Esto dificulta la investigación de los detalles operativos de aquel día, pero coloca un reflector sobre el jefe departamental que lo hizo posible y sobre su silencioso protector político.
Hechos y palabras
Las amenazas y ataques a organizaciones sociales como la CTA de Florencio Varela, asambleístas, piqueteros, periodistas y dirigentes políticos como Luis Zamora, el asalto al domicilio del candidato menemista santiagueño José Figueroa, son hechos tan verificables como inquietantes.Pero también los acompañan otros comportamientos que sin constituir delitos contribuyen a instalar en forma explícita o implícita la muerte y la violencia como parte de la campaña electoral o el desenlace de la crisis. Entre ellos se destacan las oscuras insinuaciones con las que Carlos Reutemann comunicó que no se animaba a ser candidato a la presidencia, el comentario del ministro del Interior Jorge Matzkin (“La interna no es un juego de señoritas”), las inconsistentes afirmaciones periodísticas de Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá sobre persecución en su contra, de Carlos Menem acerca del copamiento de las calles por delincuentes y marxistas y de Elisa Carrió sobre un parto en gestación y una guerra civil. Reutemann no se dignó revelar qué había visto y oído, Matzkin habló con palabras propias de un tahúr, Kirchner sólo probó una supuesta orden de seguimiento de sus pasos con unos papeles de autenticidad incomprobable. Rodríguez Saá se enteró del presunto magnicidio en el site en Internet denominado SEPRIN, cuyos autores se identifican como ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El autor de la carta en la que se anuncian atentados contra dirigentes políticos es Mario Aguilar Rizzi, quien pasó muchos años detenido por extorsiones, entre otras a la familia del banquero Osvaldo Sivak. De cada hecho conmocionante ocurrido en el país en las últimas décadas, Aguilar avisó antes y los gobernantes no quisieron escucharlo, ya se trate del atentado a la AMIA, la paliza a Hernán López Echagüe o la muerte de Carlos Menem (h.). Pero cuando se revisan los expedientes respectivos, nunca hay nada que avale sus dichos. En 1998 el fiscal Eamon Mullen, a cargo de la causa de la AMIA, descubrió el método de Aguilar Rizzi para presentar copias fechadas y selladas de sus denuncias desoídas. Un ex compañero de pabellón le contó que Aguilar formaba carpetas con recortes periodísticos y anotaciones propias sobre programas de radio y televisión, que luego en sus denuncias atribuía a servicios de inteligencia y traficantes. “Tenía conocidos en el correo interno de la unidad y de ese modo hacía aparecer como enviadas cartas que nunca habían salido de la cárcel.” Con esa tarjeta de presentación, Aguilar anuncia catástrofes futuras, exige audiencias con funcionarios a quienes les pide plata para seguir investigando. Si se la niegan, amenaza con entregar grabaciones y videos a los medios. Sobre la seriedad de sus denuncias, basta un ejemplo: en enero de 1995 afirmó que había ingresado al país por Paso de los Libres un camión con una bomba nuclear. Lo único magno de esta historia es la ligereza con la que un precandidato presidencial ignoró semejantes antecedentes. En ese concurso de deslenguados tampoco pueden ignorarse los llamamientos a la toma revolucionaria del poder por parte de algunos grupos de la izquierda retro, incapaces de advertir que la violencia debilita y no fortalece a los intereses populares.
Una pesada cruz
La Comisión Provincial por la Memoria, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, la Asociación Judicial Bonaerense y varios organismos defensores de los derechos humanos reclamaron al gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y al Procurador General, Eduardo Matías De la Cruz, la preservación del “Banco de datos de casos de tortura”, creado hace dos años por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, como instrumento de control de abusos. De la Cruz resolvió cercenar la autonomía del Defensor y revocó todas sus decisiones, entre ellas la designación del personal que atendía el banco. El secretario y la prosecretaria de la Procuración comunicaron a un grupo de defensores y secretarios de ejecución que el banco de datos entraría en vía muerta y les ordenaron que no volvieran a fotografiar a los presos golpeados por agentes policiales o penitenciarios, como las que este diario publicó en varias ocasiones. Ante el escándalo que esta decisión produjo, De la Cruz sostuvo que aquella reunión con defensores y secretarios había sido informal y que el banco no sería desmantelado.
El único elemento sorpresa en el tenso encuentro fue la afirmación del Procurador de que tanto él cuanto la Suprema Corte de Justicia de la provincia habían perdido la confianza en el Defensor de Casación. Hasta ahora no se sabía que el procurador invistiera alguna representación para hablar en nombre del tribunal colegiado ante el cual ejerce la pretensión punitiva del Estado provincial. El recurso de amparo que Coriolano presentó ante esa Corte en contra del avance del Procurador sobre su autonomía y los intereses de sus defendidos será la oportunidad efectiva para determinar si De la Cruz se jactó en vano o, por el contrario, también el más alto tribunal de la provincia es parte del recorte de las libertades públicas y los derechos esenciales de las personas y el respaldo a las prácticas aberrantes cuando alguien las comete con uniforme policial o penitenciario. Por su parte, Solá se comprometió a apoyar un proyecto de ley que le entregaron sus visitantes, que consagraría la autonomía de la Defensa Pública, aunque advirtió que no controlaba la Legislatura provincial.
Líneas paralelas
No es una cuestión menor. El crecimiento vertiginoso de la pobreza y la indigencia han producido un aumento aún más pronunciado del delito, como se observa en el gráfico compilado por el sociólogo Artemio López, sobre datos de la Capital y el conurbano bonaerense. Allí se observa que el único descenso significativo se produjo en 1991 y ‘92, cuando se contuvo la hiperinflación y disminuyó la pobreza. Las reformas legislativas para dificultar las excarcelaciones, que el ex gobernador Carlos Rückauf sancionó al asumir, con el apoyo del procurador De la Cruz y del propio Solá, han producido una situación explosiva en cárceles y comisarías provinciales, donde se alojan en condiciones infrahumanas 25.000 personas, de las cuales 8.000 en comisarías del conurbano. Su promedio de edad es de 19 años. Al mismo tiempo, proliferan los maltratos y torturas a los reclusos y crece el número de asesinados en las cárceles, frente a lo cual diversas resoluciones del Procurador obstruyen las investigaciones y facilitan la impunidad. En cambio, Solá ha revisado su criterio de entonces y respalda la sanción de una ley que permita descomprimir ese marco atroz. “La violación sistemática, permanente, brutal e innecesaria de todos los derechos de la persona encarcelada ha aparejado en los hechos un aumento de la violencia estructural que padece la sociedad en su conjunto. Nada de la violencia que sucede intramuros deja de afectar la vida extramuros y la vida intramuros es hacinada y violenta en extremo. También indigente”, escribe en un trabajo académico el camarista de San Isidro Raúl Borrino, quien considera que en la provincia “se ha instalado en los dos últimos años la mayor barbarie carcelaria conocida hasta el presente en la historia argentina”. El encarcelamiento en locales policiales “a su vez suscita la demolición de la capacidad de intervención de las fuerzas de seguridad de la Provincia”, agrega.
Nada que perder
Ese sistema “antijurídico y vergonzante” no logró ni siquiera “un mínimo descenso de la estadística criminal, sino por el contrario, un aumento sensible de la violencia derivada directamente de la opresión brutal que el encierro carcelario imprime al delito en ciernes. Como la pena de muerte, el encierro que casi suprime la vida, deja sin nada que perder a los que accionan delictivamente. Esto es realizar un acto contraindicado por todos los métodos conocidos y prestigiados de política criminal, cuyo primer objetivo es promover la pacificación de una sociedad y no profundizar sus contradicciones”, dice Borrino. Su propuesta es un plan de conmutaciones y la revisión judicial de los casos que pudieran admitir medidas alternativas de contención, junto con “un activo y dinámico plan de contención social organizada por el Estado” que “sostenga al joven que deje la cárcel y distribuya también esa contención entre los que aún no la han pisado pero están en peligro de hacerlo”. Esta selección racional de los casos de encarcelamiento “no habrá de aparejar mayor fragilidad a nuestra seguridad con relación al delito. Tal como no disminuyó el delito con el brutal sistema de encarcelamiento masivo que debe cesar sino que aumentó su violencia, tampoco habrá de aumentar con un cese racionalmente direccionado del mismo, toda vez que la masividad se alcanzó encarcelando casos de menor peligrosidad y afectación de la seguridad de las personas, cumplidos más a modo de carísimo panfleto de propaganda ideológica de un sistema de opresión y violencia funcional a intereses minoritarios de riqueza concentrada de espurio origen, que por la necesidad de evitar , prevenir o disminuir el número de delitos que afecta a nuestra comunidad”.
Su conclusión es irrebatible: “No se trata de ser mejor con los que no fueron buenos sino con nosotros mismos. De eso se trata; de determinar qué forma comunitaria de vida queremos realizar y en qué comunidad queremos vivir y que vivan nuestros hijos”.