En vísperas del 25º aniversario de la recuperación de Malvinas, el Gobierno dio por terminada ayer la declaración conjunta firmada con Gran Bretaña sobre cooperación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona del Atlántico Sur en disputa. “La decisión argentina pone fin a un instrumento en el cual el Reino Unido pretendió justificar su ilegítimo dominio” sobre las islas, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana.

El anuncio que se presentó como una queja diplomática y una ratificación de la soberanía sobre las Malvinas se dio a conocer luego de un encuentro que el canciller mantuvo anoche con el presidente Néstor Kirchner y su mujer, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa Rosada.

Taiana convocó al embajador británico en Buenos Aires, John Hughes, para comunicarle la decisión prácticamente al mismo tiempo que se supo que el Presidente desistía de viajar a Tierra del Fuego para participar del acto central que se realizará por los 25 años del conflicto (ver recuadro).

Horas después, la embajada británica realizó una declaración sobre la decisión del gobierno argentino “que es una señal política en un año muy sensible, que lamentamos”. A contramano de la Casa Rosada, que no da señales de buscar una distensión en la relación bilateral, el gobierno británico –a la par que no cede un ápice en su posición intransigente en cuanto a abrir un diálogo sobre la soberanía en las islas– busca mostrarse amigable. Incluso, ayer anticipó que durante este año llevarán a familiares de ex combatientes al cementerio de Darwin (ver recuadro).

Taiana subrayó ayer que el acuerdo suscripto en 1995 no cumplió su cometido de permitir la participación argentina en la exploración y explotación de hidrocarburos. En ese sentido, se quejó de que, además, Gran Bretaña “pretendió utilizar el acuerdo para señalar, incorrectamente, que las empresas petroleras que operaran ilegítimamente en la zona disputada, estarían protegidas contra un accionar legal de la Argentina”.

En ese contexto, el canciller explicó desde Casa de Gobierno que la Declaración Conjunta –tal es su verdadero nombre– “estuvo marcada desde su adopción por el desacuerdo entre los dos países”. Recordó así que “las autoridades de entonces se comprometieron a introducir en el Honorable Congreso Nacional una legislación no discriminatoria que impondría derechos a las empresas nacionales y extranjeras que operaran en el área disputada. Sin embargo –concluyó–, esta nunca fue materia de debate parlamentario”.

El canciller aclaró que “las divergencias” entre ambas partes se centraban en que la declaración establecía que el ámbito de cooperación eran las “áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción” –el área de las islas Malvinas de 430.000 kilómetros cuadrados–, pero el Reino Unido, “por el contrario, pretendía limitar la cooperación con nuestro país a un área de cooperación especial” creada por el acuerdo de sólo 21.000 kilómetros cuadrados y reservarse para su accionar unilateral todo el resto del área disputada.

Taiana recordó que “desde hace más de un año la Argentina ha invitado reiteradamente al Reino Unido a mantener un diálogo abierto y en particular del contexto político en el que se inscribe la existencia de disputa de la soberanía y la necesidad de resolverlo por parte de la relación bilateral”.

La decisión tensa una relación que en las últimas semanas ya había exhibido fisuras, tanto cuando las autoridades de las islas alimentaron la posibilidad de una nueva “invasión” semejante a la del 2 de abril de 1982, como cuando Argentina rechazó la invitación de Londres a un acto conmemorativo conjunto porque lo consideraron “una celebración” por su triunfo en el conflicto bélico.

No obstante ello, la Cancillería informó ayer que la “Argentina no es contraria a cooperar con el Reino Unido, bajo el debido resguardo jurídico, sobre aspectos prácticos referidos al Atlántico Sur. Pero siempre que dicha cooperación contribuya a crear las condiciones propicias para reanudar el diálogo sobre la cuestión de fondo, es decir, sin desconocer la obligación que pesa sobre ambos países de encontrar una solución a la disputa de soberanía”.

Desde la Cancillería informaron que “no puede atribuirse al gobierno argentino intención alguna de realizar acciones que pretendan perjudicar a la población de las islas, cuyos intereses la Argentina está comprometido a respetar en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución nacional”.

El lunes se cumplen 25 años del conflicto bélico en las islas que, según interpreta el Gobierno, “no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido” y, por el contrario “su solución continúa pendiente”.

En un documento distribuido por la Cancillería en referencia al aniversario, se insistió en que “por tratarse de una disputa bilateral expresamente reconocida por dicha resolución y posteriores, la República Argentina no reconoce al ilegítimo ‘gobierno’ de las Islas Malvinas ni a sus pretendidas autoridades coloniales”.

La Argentina –se explaya el texto– “no es contraria a cooperar con el Reino Unido en aspectos prácticos que derivan de la situación de hecho, bajo el debido resguardo jurídico, siempre que dicha cooperación contribuya a crear las condiciones propicias para reanudar las negociaciones de soberanía, de conformidad con las resoluciones de la ONU”.

Sin embargo, la Argentina –concluye – “también debe protestar las acciones unilaterales británicas que alteran la situación de disputa, contradicen el mandato internacional y los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía”.

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